Sin responsables
EE.UU.: Obama apuesta por no investigar responsabilidades pasadas en Guantánamo
El presidente de EE UU, Barack Obama, apuesta por no buscar responsabilidades pasadas sobre Guantánamo. "He dejado claro que se debe cerrar pero creo que es importante mirar hacia adelante", ha asegurado el mandatario en una entrevista a CNN en español. Obama ha reconocido que su Administración ha hablado con el Gobierno español sobre la investigación que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha abierto contra los responsables jurídicos de la creación de la prisión.
Precisamente hoy el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, ha anunciado que no apoyará la querella presentada en la Audiencia Nacional contra los seis abogados de George W. Bush que idearon el entramado legal del centro de detención.
El pasado mes de marzo, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón reabrió la investigación, que estaba parada desde hacía un año, y solicitó al fiscal que informara si debía admitir la querella, presentada el 17 de marzo por la Asociación por la Dignidad de los Presos y Presas, contra seis abogados de EE UU por ser "responsables jurídicos" de la creación del centro de detención de Guantánamo.
Querella fraudulenta
"Si se actúa por un delito de maltrato a los prisioneros de guerra, la denuncia debería ir contra los autores materiales", ha afirmado el fiscal general del Estado, quien ha calificado de "fraudulenta" la querella. En su opinión, la Audiencia Nacional no debe convertirse en "un juguete" y el Ministerio Público "no puede apoyar esa acción judicial".
De acuerdo con el texto de la querella, estos abogados "participaron en la elaboración, aprobación y puesta en funcionamiento del andamiaje jurídico de Guantánamo, lo que significó dar cobertura a las torturas o privar a los detenidos de los sentidos de la vista o el oído hasta que confesaran". La denuncia estima que al haberse retenido a seis ciudadanos españoles en la prisión estadounidense, España tiene legitimidad para investigar los hechos.
Los letrados prepararon el proyecto Concilio de Guerra tras los atentados del 11-S de 2001 en Nueva York. Alberto R. González, consejero del ex presidente Bush, está incluido en la querella por haber establecido las bases jurídicas para la creación del centro de detención.
La demanda
En marzo pasado, el juez español Baltazar Garzón analizaba admitir una querella contra el servicio jurídico del ex presidente de EE UU George W. Bush que amparó la creación de la prisión de Guantánamo.
Garzón ha reabierto el caso que tenía guardado desde marzo de 2008 y ha dado traslado al fiscal de la Audiencia para que informe si se debe admitir la querella presentada contra los seis abogados estadounidenses que diseñaron el soporte jurídico para mantener Guantánamo.
Esa denuncia considera que España puede investigar estos hechos porque hubo seis españoles retenidos en la prisión y sufrieron las consecuencias del plan elaborado por los juristas estadounidenses. La querella criminal ha sido presentada por la Asociación por la Dignidad de los Presos y Presas con el propósito de investigar, por un presunto delito contra la comunidad internacional, a este grupo de letrados que trabajaban para el subsecretario de Defensa y el fiscal general o como consejeros del presidente George W. Bush.
En el texto se describe cómo estos seis abogados "participaron en la elaboración, aprobación y puesta en funcionamiento del andamiaje jurídico de Guantánamo, lo que significó dar cobertura a las torturas o privar a los detenidos de los sentidos de la vista o el oído hasta que confesaran". Los seis abogados elaboraron el proyecto Concilio de Guerra a los pocos días del atentado contra las Torres Gemelas y en este memorándum Alberto R. González, consejero de Bush, sentó las bases jurídicas para la instalación de un centro de detención especial.
Por otra vía
Sin embargo, por otra vía aun existe la posibilidad que autoridades judiciales de España remuevan las raíces de Guantánamo, toda vez que el juez Ismael Moreno que investiga el caso de los vuelos secretos de la CIA a la región, quiere interrogar a los policías y diplomáticos que viajaron a la base de Guantánamo para interrogar a prisioneros de la prisión ilegal, tengan que pasar por la Audiencia Nacional.
El juez Ismael Moreno, en su investigación sobre los vuelos de la CIA, ha pedido a los servicios de información del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil que le aporten todos los datos que tengan sobre "la participación e identidad" de todos los funcionarios españoles "que hayan obtenido información respecto de prisioneros de Guantánamo". Entre ellos, según fuentes de la investigación, estarían los enviados del Gobierno de José María Aznar en las comitivas organizadas el 4 de marzo y el 22 de julio de 2002, y el 20 de enero de 2003 para tomar declaración a 13 presos, entre ellos el talibán español, Hamed Abderramán, Hamido.
Los agentes que viajaron al centro de tortura pertenecían a la Unidad Central de Información Exterior (UCIE) de la policía y, entre ellos, en alguna de las expediciones se encontraba uno de sus principales responsables de entonces, el comisario Rafael Gómez Menor. También participó en algunos de esos viajes el que fue número dos de la Embajada de España en Washington, Félix Valdés. En la última visita a la prisión ilegal, también estuvo presente un miembro del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Uno de los funcionarios españoles declaró a este periódico el pasado octubre que la finalidad de esos viajes era sacar a Hamido de allí para entregarlo a la justicia española. El ceutí, sin embargo, asegura que sólo se interesaron por su estancia en Afganistán. El contenido de esos interrogatorios se recogió en un informe policial de 39 páginas.
Además de la identidad de esos funcionarios españoles, el juez Ismael Moreno solicita a la Policía y la Guardia Civil de forma muy genérica información sobre los vuelos a la prisión ilegal que pasaron o salieron de España. Reclama a los servicios de información de ambos cuerpos "que aporten cuantos antecedentes tengan de operaciones en las que hayan participado agentes de los Estados Unidos de América relacionadas con el traslado o presencia de prisioneros en Guantánamo".
En diciembre, Moreno ya reclamó la relación de llamadas de teléfono efectuadas por ocho supuestos miembros de los servicios de inteligencia estadounidenses desde un hotel de Ibiza (el Royal Plaza) entre el 12 y el 16 de febrero de 2005. Todos ellos pertenecían a las tripulaciones de cuatro vuelos de la CIA investigados, según un informe reclamado por la fiscalía de Baleares a la Guardia Civil. Ese documento, elaborado en junio de 2005, reflejaba que todos ellos tenían estatus diplomático y sus domicilios estaban próximos al cuartel general de la CIA, con sede en Langley, en el Estado de Virginia.
Viaje inaugural a la base
El juez muestra especial interés por dos de los vuelos a Guantánamo que, supuestamente, partieron o fueron operados desde la base de Morón de la Frontera. Por eso cita a los controladores y oficiales de vuelo que estaban de servicio el "11 de enero de 2002 y 8 de noviembre de 2005".
El primero de los vuelos, con indicativo RCH7502 es el que tiene el dudoso honor de inaugurar la prisión ilegal de Guantánamo. A bordo de este avión C-141 procedente de Turquía y con destino a la base estadounidense en Cuba, viajaron los primeros 23 prisioneros que fueron internados en el centro de tortura. El control aéreo de Portugal aseguró que hizo escala en España, aunque el Gobierno español asegura que sólo sobrevoló el Estrecho de Gibraltar "con derecho de paso inocente".
El segundo vuelo (RCH985) sí partió desde Morón hacia Guantánamo. Se presentó como un vuelo de transporte de personal de EE UU en apoyo de la operación Libertad Duradera, emprendida por ese país tras los atentados de las torres gemelas en Nueva York.
(Publicado por El País - España, 16 abril 2009)
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