Argentina: Jueza Argibay defendió el fallo de la Corte que frenó la liberación de menores detenidos

Carmen Argibay fundamentó la decisión tomada ayer por la Corte Suprema –que ella integra- de frenar la liberación de menores de 16 años detenidos en institutos de menores al afirmar que es para protegerlos de "la muerte", ya que, en la calle, se convertirían en "blancos móviles" del "gatillo fácil".

El máximo tribunal revocó ayer por unanimidad el fallo de la Cámara de Casación que ordenaba la puesta en libertad de 60 chicos sospechados de haber cometido delitos, que se encuentran internados en un instituto de la Capital Federal (y que podría extenderse a todos los centros porteños).

"Estos chicos están marcados", sostuvo la magistrada esta mañana. "No podemos largarlos a la calle sin averiguar qué pasa, porque sino estamos ofreciendo blancos móviles", agregó. Antes de liberarlos, opinó, hay que "averiguar adónde pueden ir para que estén seguros", de lo contrario, "van a sufrir el maltrato, la explotación o la muerte".

En el fallo revocatorio de ayer, la Corte instó al Gobierno y al Congreso a adecuar "en un plazo razonable" la legislación sobre menores acusados de delitos a los convenios internacionales incorporados a la Constitución. Al respecto, Argibay opinó: "No digo que los institutos estén bien ni que la ley de menores actual sea la más maravillosa del mundo" pero, insistió, ese es un tema que "tiene que ser solucionado por el Poder Ejecutivo y por el Poder Legislativo en todo caso a través de leyes".

La jueza, por otra parte, volvió a manifestarse en contra de la baja en la edad de imputabilidad y dijo que la medida "no sirve para nada". Argibay hizo estas declaraciones luego de firmar, junto a otros jueces de la Corte, un convenio con la Sociedad Central de Arquitectos para la organización de concursos de anteproyectos para la construcción del nuevo edificio donde funcionará la morgue judicial.

Una ley de los tiempos de la dictadura

Los menores de 14 a 16 años son considerados inimputables en la Argentina por la ley 22.278 de 1980 (en plena dictadura militar). Al mismo tiempo, en su artículo primero, habilita a los jueces a internarlos para su protección "moral y material". Esto lleva a que en los Institutos de Menores convivan delincuentes juveniles con chicos carenciados o en situación de conflicto familiar. Todos pueden estar allí durante un tiempo indeterminado por decisión de un juez y, en el caso de los sospechados de haber cometido delitos, sin que antes se los haya juzgado.

La discusión sobre la inimputabilidad de los menores, la vigencia de la ley y la calidad de los institutos donde los alojan recrudeció luego del crimen del ingeniero Ricardo Barrenechea, asesinado el 21 de octubre en su casa de Acassuso.

El gobernador Daniel Scioli habló de la necesidad de bajar la edad para imputar a los menores. La idea era promover reformas en el Código Penal para que desde los 14 años se tenga responsabilidad en los delitos graves como homicidios, secuestros y violaciones.

A fines de octubre, seis jueces de Menores de San isidro denunciaron que el fuero atraviesa "una grave situación" y que no tienen donde encerrar a los menores. Aseguraron que no consiguen lugar en los centros de detención y que tampoco hay plazas para aquellos a los que quieren darles un tratamiento sin internación.

La jueza de la Corte Suprema de Justicia, Carmen Argibay, dijo que es "absurdo" bajar la edad de imputabilidad de los menores. "Dentro de poco van a meter presos a nenes de 3 años", criticó.

En medio de la controversia, Scioli echó a la ministra de Minoridad de la provincia, Martha Arriola, que estaba en contra de bajar la edad de imputabilidad.