Ley
Argentina: Blanqueo de capitales y EE.UU. pide que se respete la Ley Antilavado
En plena transición presidencial en Washington, el Gobierno de los EE.UU. pidió que el proyecto de blanqueo de capitales, con el que la administración de Cristina Kirchner busca promover la repatriación de activos financieros colocados en el exterior, "respete desde el primer instante lo establecido por la Ley Antilavado de Dinero".
En declaraciones a una agencia de noticias que fueron el lunes reproducidas por distintos portales de los diarios, el embajador estadounidense Earl Anthony Wayne reconoció que en su país "se sigue con atención" el tratamiento del proyecto anticrisis que anunció la Casa Rosada.
"Confiamos que ante una eventual repatriación de capitales, se respete desde el primer instante lo establecido por la Ley Antilavado de Dinero", sostuvo el diplomático.
El asunto es de altísima sensibilidad para los EE.UU. en la agenda bilateral. A fin de año, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que crearon los EE.UU. y Europa y está bajo el paraguas de la ONU, deberá evaluar si la Argentina cumple con los estándares internacionales de lucha contra el lavado o si merece una sanción.
El diplomático además enfatizó que espera que el Gobierno "actúe como socio" de su país en la lucha contra estas actividades ilegales.
Consultada ayer por Clarín, Mara Teckas, la vocera de la embajada, sostuvo que los dichos de Wayne "no son una advertencia, sino una declaración del embajador acerca de que la Argentina y los EE.UU. son buenos socios en el GAFI".
-¿Siguen con atención el proyecto de Ley?
-Sí, como que no, el lavado de dinero es siempre un tema importante para nosotros-
El proyecto de la polémica comenzará a discutirse en la Cámara de Diputados, donde hoy asistirán el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y el titular de la AFIP, Claudio Moroni.
Ayer, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, afirmó que si es necesario, van a "corregir" el proyecto con nuevas medidas económicas. El funcionario también subrayó que la iniciativa no tiene "ningún objetivo de beneficiar a aquellos que tengan causas penales" en la cuestión de repatriación de capitales, como tampoco "proteger la corrupción, como se dijo por ahí".
En cambio, Randazzo indicó que "el objetivo es que quienes en su momento no confiaron en el país y depositaron sus ahorros bien ganados en el exterior puedan traerlo a la Argentina para incentivar la producción".
La iniciativa prevé dejar de lado las preguntas sobre el origen de ese dinero siempre que se destine a la producción. Lo que mira el Gobierno es que, si su objetivo se cumple, habría más actividad económica y, por lo tanto, mayor recaudación.
El anuncio del blanqueo de capitales se hizo en el contexto de un paquete de otras decisiones que apuntan a reducir el impacto de la crisis internacional. Además se anunció una moratoria impositiva y laboral y la creación del Ministerio de la Producción.
Según cifras del Ministerio de Economía correspondientes al primer semestre de este año, los argentinos tienen en el exterior aproximadamente 123.700 millones de dólares.
Según datos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el organismo que en la Argentina tiene la facultad de seguir estas causas, entre 2002 y el año pasado se investigaron 2.851 casos de movimientos sospechosos de divisas, de los que 165 se transformaron en causas judiciales, aunque aún no hay ningún caso de condena por este delito.
En los últimos meses, el propio Wayne confirmó que trabajó junto al Ministerio de Justicia para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Deudas pendientes
La Argentina registra retrasos históricos en la lucha contra el lavado de dinero. Por presiones de los bancos y otros sectores financieros, el Congreso recién sancionó en el 2000 durante la presidencia de De la Rúa la primera ley específica sobre este tema caliente y lo hizo bajo presiones de Estados Unidos que venían de la época de Menem. Antes el lavado figuraba como un artículo de la ley contra el narcotráfico. Desde los noventa, Washington (a través de la DEA) viene advirtiendo sobre el interés de narcos colombianos y otros países por blanquear plata aquí o conseguir precursores químicos, más que por la baja -hasta ahora- producción local de narcóticos.
Las palabras de ayer del embajador Wayne reflejan ese interés permanente pero lo hizo en momentos en que el Gobierno anunció el envío al congreso de un polémico proyecto de blanqueo de capitales.
La inquietud por el lavado no solo es de EE.UU. El mes pasado, el presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el brasileño Gustavo Rodríguez, manifestó la preocupación de ese organismo -creado por EE.UU. y Europa- por otro retraso: desde la sanción de la ley no hay un solo condenado por lavado en la Argentina. Rodríguez habló con Clarín en un seminario organizado por el gobernador de Chubut, Mario Das Neves.
Tanto las palabras de Wayne como las de Rodríguez no solo van dirigidas al Gobierno sino también a la Justicia argentina. Sobre todo desde los atentados contra las Torres Gemelas del 2001, EE.UU. dejó de hacer la vista gorda y comprobó dolorosamente que este circuito de plata negra también sirve para financiar el terrorismo internacional.
En ese triste récord de condena cero, el kirchnerismo está jugando la apuesta que hizo el año pasado cuando cambió la dirección colegiada de la Unidad de Información Financiera (UIF) por una unipersonal. La UIF es el órgano que depende del ministro de Justicia, Aníbal Fernández y recibe reportes de operaciones sospechosas de más de 10 mil dólares de los bancos, financieras y casas de cambio, otro sector al que le calza "el sayo" de Wayne.
No por nada el Gobierno abogó para que el GAFI postergara hasta el 2010 la revisión de las metas que debía cumplir. Ahora tiene que demostrar su voluntad política de cumplir. ¿Qué significarían estos mensajes? Que los capitales que se repatrien pasean por los filtros de la UIF. Para no terminar de perder este "tren" el Congreso -otro destinatario- debería abrir el debate sobre la figura del delito de autolavado y no como vinculado a otro delito como sucede ahora. Sobre todo después de la crisis del efecto Jazz que parecería llevar a EE.UU. y Europa a eliminar los paraísos fiscales, receptores de mucha plata negra argentina.
(Publicado por El Clarín – Argentina, 2 diciembre 2008)
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