El doctor José Luis?Dabdoub López presentó el miércoles su "renuncia irrevocable" al Consejo de la Judicatura, con lo que ese órgano del Poder Judicial se queda sin quórum reglamentario para resolver asuntos disciplinarios.

El colapso del?Consejo de la Judicatura se suma al del?Tribunal Constitucional (TC), que se encuentra paralizado desde hace 18 meses, tiempo en el cual acumuló una carga procesal de aproximadamente 3.500 casos y afectó a más de 20.000 litigantes.

El tercer órgano y el más importante del Poder?Judicial, la Corte Suprema de Justicia, también está a un paso de quedarse con el quórum mínimo reglamentario para tomar decisiones clave, como la designación de los miembros de Sala Plena y de los vocales de las cortes de distrito.

Tres vocales de la Suprema (Jaime Ampuero, Héctor Sandóval y Emilse Ardaya) cumplen su mandato el 2009, con lo que este órgano se quedará con ocho ministros, uno de ellos su presidente, Eddy ?Fernández Gutiérrez, sobre quien pesa una demanda de juicio de responsabilidades presentada ayer ante el Congreso por los familiares de las víctimas de la masacre de octubre de 2003.

“Por razones estrictamente personales, de carácter familiar y sobre todo de salud, me veo en la necesidad de presentar formalmente mi renuncia irrevocable al cargo de consejero de la Judicatura por el que fui investido en fecha 3 de enero del año 2005”, señala la carta enviada por Dabdoub al presidente del Congreso,?Álvaro?García Linera.

En la misma, aclara que dejará sus funciones el 15 de enero de 2009, momento en que el Consejo de la Judicatura se quedará con sólo dos de cinco miembros: el consejero Rodolfo Mérida Rendón y el presidente de la Suprema, Eddy?Fernández, quien además preside el?Consejo.

La ministra de la Corte Suprema,?Rosario?Canedo, señaló que la renuncia de Dabdoub y la consecuente paralización del?Consejo de la Judicatura “es emergente de la persecución política” que desataron los poderes Ejecutivo y?Legislativo contra las autoridades del Poder?Judicial.

Hace más de un año que el Poder Legislativo no define las designaciones de las autoridades del TC, la Corte Suprema, el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía General. En las últimas semanas, el oficialismo decidió relegar a un segundo plano las designaciones judiciales para dar prioridad a las electorales, ante la proximidad del referéndum constitucional convocado para enero.

"La prioridad es la elección de los vocales de la Corte Electoral para garantizar el referéndum del 25 de enero", señaló ayer el presidente de la Comisión?de Constitución de la Cámara de Diputados, René Martínez (MAS).?De esta manera justificó la decisión del oficialismo de aprobar una ley de ampliación de mandato de los vocales Jerónimo Pinheiro y Amalia Oporto.

Su colega Ricardo Díaz (MAS) dijo que las designaciones judiciales podrán discutirse después de garantizar la estabilidad del organismo electoral.

El presidente de la Comisión?Mixta de Constitución, Luis Vásquez (Podemos), advirtió que "si se amplía el mandato de los vocales electorales, desaparece para el MAS la urgencia de designar a las autoridades judiciales".

Dijo que si no se nombran a estas autoridades, el TC?seguirá acumulando casos en perjuicio de miles de bolivianos y que los jueves continuarán "aprobando cualquier cosa" debido a la falta de control constitucional.?Además, reiteró que el 2009 la Corte Suprema también quedará al borde del colapso total.

El Tribunal quedó prácticamente descabezado en mayo del 2007, cuando el gobierno del presidente Evo Morales instauró un proceso en contra de cuatro magistrados, quienes después renunciaron a sus cargos.

Las renuncias de Wálter Raña y Artemio Arias, producidas en enero de este año, dejaron a este organismo sin quórum y con una sola magistrada, Silvia Salame.

En el caso del Consejo de la Judicatura, los consejeros Guido?Chávez y Teresa Rivero de Cusicanqui concluyeron su mandato el 31 de marzo de este año.?

Respecto a la?Fiscalía General, ésta se encuentra en manos de una autoridad interina: Mario?Uribe.

Puntos de vista

Hay persecución política al?Judicial

La magistrada de la CSJ, Rosario Canedo, sostuvo que "esta renuncia deja en acefalía al Consejo y sin quórum.?Es lamentable y es emergente de la persecución política que en este caso es realizada por el Legislativo y el Ejecutivo. Es una pena porque no se dan cuenta de que tienen la obligación de respetar la independencia y equilibrio de poderes. En el caso del doctor Dabdoub, se le ha seguido un juicio de responsabilidades en Diputados y se ha aprobado el informe final en conclusiones, es decir que quieren suspenderlo. Esta persecución política es inadmisible y, lamentablemente, los oficialistas se han dado a la tarea de violentar el orden legalmente constituido. La arremetida contra la Corte Suprema y el Poder Judicial ha sido desde hace tres años, desde que han asumido el gobierno".

Judicatura

El Consejero de la judicatura, Dr. Rodolfo Mérida Rendón, lamentó la sorpresiva determinación asumida por su colega José Luis Dabdoub López de abandonar su cargo al seno del Poder Judicial, determinación que provoca una acefalía más en el órgano administrativo y disciplinario.

Tras conocer, de manera extraoficial, la nota remitida por el Dr. Dabdoub López al presidente del Congreso Nacional, Álvaro García Linera, en fecha 25 de noviembre, en la que le hace saber que, por motivos de salud, resolvió dejar sus funciones a partir del 15 de enero de 2009, Mérida señaló que se trata de un duro golpe a uno de los principales órganos del Poder Judicial.

"Estoy sorprendido con esta información, yo conversé telefónicamente con el Dr. Dabdoub hace algunas horas, porque me enteré que había sufrido un lamentable accidente de tránsito y me preocupé por su salud, pero sobre este tema no me comentó nada", señaló al ser consultado sobre el asunto el ahora único Consejero de la Judicatura.

Cabe recordar que tras haber cumplido con sus respectivos periodos constitucionales, los ex consejeros María Teresa Rivero y Guido Chávez, se fueron el 31 de marzo de 2008, provocando la paralización de la competencia disciplinaria, en su instancia de apelación.

No obstante, Mérida Rendón comentó que, a pesar del alejamiento de José Luis Dabdoub, el órgano administrativo y disciplinario continuará cumpliendo su rol constitucional, al menos en lo que corresponde al quehacer administrativo, porque se trata de tareas netamente operativas como la elaboración y remisión de nóminas para nombrar funcionarios en distintos cargos judiciales, efectuar convocatorias públicas, pagar salarios, tramitar el presupuesto para la gestión 2009, entre otras no menos importantes.

Al ser consultado por los medios de comunicación sobre una virtual paralización de las actividades del Consejo de la Judicatura a partir de la renuncia irrevocable de su todavía colega José Luis Dabdoub, manifestó que aquel extremo no es evidente porque éste órgano, por mandato constitucional, tiene la misión de garantizar que las actividades del Poder Judicial sean totalmente normales, a través de la labor de sus unidades técnico-administrativas, vale decir, las gerencias.

“Desde el alejamiento de los ex consejeros Rivero y Chávez, hemos dejado en status quo la resolución de los procesos disciplinarios, porque el Congreso Nacional no homologó la Ley Transitoria Nº 3328, que habilitaba al Presidente de la Corte Suprema y de éste órgano judicial para actuar con todas las facultades de consejero, vale decir, votar y asumir decisiones dentro de procesos disciplinarios”, explicó.

“En ningún caso, el Consejo de la Judicatura podría paralizar actividades. Este órgano continuará con su trabajo, porque además de la participación del Presidente y de los consejeros, tiene contempladas dentro de su estructura legal a las seis gerencias que se constituyen en sus órganos técnicos, responsables de motorizar sus competencias”, señaló el Dr. Mérida.

El Dr. José Luis Dabdoub es cruceño, tiene 54 años y asumió el cargo de consejero de la judicatura el 3 de enero de 2005, vale decir, se mantuvo en el mismo alrededor de tres años y ocho meses, cumpliendo una importante labor a lo largo de este tiempo.

(Publicado por el CJ – Bolivia, 26 noviembre 2008)
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