Crisis
Nicaragua: Ortega ordenó cerrar la Asamblea
La suspensión indefinida de la reunión de Junta Directiva que anunció ayer el presidente de la Asamblea Nacional, el sandinista René Núñez, profundizó la crisis postelectoral en el país, que ahora corre mayor riesgo de quedarse sin el Presupuesto del 2009, sin el nombramiento de una docena de cargos públicos y sin préstamos por casi cien millones de dólares, poniendo en peligro los acuerdos económicos que Nicaragua tiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Núñez dijo ayer, ante una mayoría de medios progubernamentales, que suspendía una reunión de directivos programada para hoy, “hasta que haya mejores condiciones”.
La oposición tenía previsto tramitar hoy una ley que anularía los comicios municipales, argumentando que hubo fraude para favorecer al oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Mientras, el primer vicepresidente del parlamento y miembro de la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN), Luis Callejas, aseguró estar listo para asumir las funciones de presidente si Núñez no convoca a reunión.
“Estamos firmes, si no responde Núñez esta semana, allí estará el primer vicepresidente citando a reunión de Junta Directiva; está muy clara la Ley Orgánica de la Asamblea Nacional”, sostuvo Callejas.
La oposición añadió que las elecciones en seis municipios del Caribe, programadas para el 18 de enero de 2009, también estarían en peligro, debido a que se requiere reformar la Ley de Identificación Ciudadana para prorrogar la vigencia de las cédulas de identidad, que permitiría a los ciudadanos ejercer su derecho al voto.
La BDN, el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y el Movimiento Renovador Sandinista (MRS) suman 44 votos, a quienes se les añade el independiente Salvador Talavera.
Para aprobar la ley que anularía las elecciones se requieren 47 votos, según la oposición; aunque el FSLN y el magistrado judicial Rafael Solís han dicho que es un proyecto inconstitucional, que podría acarrear pérdida de la condición de legisladores a quienes respalden la iniciativa.
El segundo vicepresidente del parlamento y miembro del PLC, Oscar Moncada, admitió que hay hasta amenazas para disolver el parlamento, con tal de que no se tramite la ley que eliminaría los comicios.
“Han venido rumores de que este señor (Daniel Ortega) quiere venir con cañonazos de pólvora a disolver el parlamento, porque es más fácil para un dictador gobernar sin parlamento”, advirtió Moncada.
Moncada indicó que también existen “cañonazos en dólares”, es decir que el Gobierno estaría interesado en la “compra” de diputados.
La oposición pidió en un primer momento el recuento de votos, con observadores calificados, para disipar dudas sobre las denuncias de fraude, pero las autoridades se negaron.
Ahora promueven anular las elecciones y realizarlas el 18 de enero de 2009, con la presencia de observadores nacionales e internacionales.
El juego de ajedrez
El tercer secretario de la directiva, el diputado conservador Javier Vallejo, señaló que la decisión de Núñez (suspender sesiones de junta directiva) obedece a instrucciones del presidente Ortega.
Más de cuarenta legisladores de la oposición se reunieron ayer, para afinar la estrategia que desconocería legalmente los comicios.
La jefa de BDN, María Eugenia Sequeira, explicó que acordaron centrarse en algunas leyes: anular los comicios; reformar la Ley de Identificación Ciudadana para prorrogar la vigencia de las cédulas con miras a las elecciones del 2009 en el Caribe; aprobar Presupuesto 2009 y préstamos, entre otras.
Además, la oposición buscará el respaldo de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), que tiene a seis miembros.
Sin embargo, el oficialismo también estaría siguiendo su estrategia.
El jefe de bancada del PLC, Maximino Rodríguez, afirmó que pese a estar en el Gobierno, a Ortega en realidad no le interesa la aprobación del Presupuesto 2009, ni la reforma a la Ley de Identificación Ciudadana.
“La dictadura de Ortega no quiere sufrir una derrota en la Asamblea Nacional y por eso no quieren llegar a sesionar y entonces ya no quieren elecciones en los seis municipios de la Región Autónoma del Atlántico Norte”, denunció Rodríguez, quien explicó que René Núñez podría ser destituido por no asumir sus funciones al negarse a convocar a reunión de directiva.
El legislador recordó que el Ejecutivo puede trabajar en 2009 con el proyecto de presupuesto que entregó en octubre al parlamento.
En tanto, el secretario nacional del PLC, diputado Francisco Aguirre Sacasa, explicó que el FSLN está interesado en congelar al parlamento para que los ciudadanos olviden las denuncias de fraude y centren su atención en las fiestas de la Purísima, Navidad y año nuevo.
“Hay un deseo de llevarnos a lo que ha dicho un vocero del sandinismo, a la época de la Purísima, de la Navidad, del año nuevo y dejar que se baje la ira que tiene el pueblo de Nicaragua por este robo tremendo y empezar otra vez en el año nuevo, cuando todo el mundo habrá olvidado este asunto, según ellos”, dijo Aguirre Sacasa.
Rechazan derecreto de Ortega
El presidente de la Comisión de Justicia, José Pallais, rechazó un decreto del presidente Ortega, que desconoce cualquier ley que invalide las elecciones municipales.
Pallais indicó que el parlamento tiene facultades para aprobar cualquier tipo de ley, máxime cuando el orden constitucional ha sido roto. La ex presidente del Poder Electoral, Rosa Marina Zelaya, coincidió con Pallais.
“El Poder Legislativo tiene la capacidad jurídica, legal, lo fundamenta la Constitución, de atender un clamor de la población ante un irrespeto que hubo de el voto popular”, aseguró Zelaya.
(Publicado por La Prensa – Nicaragua, 25 noviembre 2008)
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