Argentina da un nuevo paso en la expropiación de Aerolíneas

El oficialismo ha presentado este lunes en el Congreso de Diputados de Argentina un proyecto de ley que declara de "utilidad pública" y "sujetas a expropiación" Aerolíneas Argentinas y su subsidiaria Austral, propiedad del grupo español Marsans, según información de los medios

La iniciativa, impulsada por diputados del gobernante Frente para la Victoria (FPV), fue elaborada después de que el pasado martes una comisión parlamentaria recomendara al plenario de las dos cámaras legislativas debatir una ley de expropiación de la compañía aérea.

El proyecto lleva las firmas del titular del bloque de diputados del FPV, Agustín Rossi, y del presidente de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones, el también oficialista Mariano West.

El proyecto plantea la declaración de Aerolíneas y Austral como "bienes de utilidad pública" sujetos a expropiación, pero desde la oposición objetan el hecho de que el estado argentino, además de hacerse cargo de los activos de las compañías, asuma también la abultada deuda de Aerolíneas.

Haciendo pesar su mayoría en ambas cámaras, el oficialismo apuesta por sacar adelante la ley en el plazo de un mes.

A vueltas con las tasaciones

El Gobierno argentino y el grupo español firmaron el pasado julio un acuerdo para iniciar las negociaciones para la venta al estado argentino de la línea aérea, pero las conversaciones naufragaron por diferencias en las tasaciones de ambas partes. A juicio del estado argentino, la empresa tiene una valoración negativa de 832 millones de dólares, por lo que no debería pagar nada, mientras que para Marsans vale entre 330 y 546 millones de dólares, según determinó el banco Credit Suisse por encargo del grupo español.

Marsans reclamaba la opinión de un tercer tasador independiente, cuya valoración sería inapelable, tal como lo estableció el acta firmada con el Gobierno en julio, cuando se inició la negociación, pero Buenos Aires se ha negado a activar esa instancia.

Este jueves, Marsans envió una carta a la presidenta argentina, Cristina Fernández, comunicándole que si en el plazo de una semana no procuraba una "solución amistosa" en torno a la controversia por Aerolíneas, el grupo demandará al estado argentino ante el Centro Internacional de Arbitraje de Disputas de Inversiones (CIADI), tribunal dependiente del Banco Mundial. En tanto, este viernes, un juzgado resolvió intervenir la compañía aérea a solicitud del secretario de Transporte, Ricardo Jaime.

Marsans

Marsans respondió ayer con dureza a la decisión del Congreso argentino de dar el primer paso para la expropiación de Aerolíneas Argentinas. El grupo turístico del presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, considera ofensivo que el Tribunal de Tasación de Argentina (que depende del Gobierno) valore en un peso (0,3 euros) la aerolínea, frente a los 300 millones en que la evaluó Credit Suisse a petición de Marsans. El grupo español se reserva las acciones legales oportunas, aunque espera llegar "a una salida honorable" para las partes.

Ley

El bloque de diputados kirchneristas presentó en la Cámara baja el proyecto de ley que establece la expropiación de las acciones de Aerolíneas Argentinas y de su controlada Austral. Con el objetivo de facilitar esa decisión declara a ambas empresas de utilidad pública y sujetas a expropiación. La iniciativa lleva las firmas del jefe del bloque oficialista, Agustín Rossi. Lo acompañan Patricia Vaca Narvaja y Patricia Fadel, principales espadas del bloque. También están el radical K Hugo Prieto y Mariano West, Alejandro Rossi y Ariel Basteiro que son integrantes de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizacions y aconsejaron a la Casa Rosada dar ese polémico paso.

La medida implica que también pasarán al Estado las restantes empresas controladas hasta ahora por el grupo español Marsans. Entre ellas figuran Jet Pack, Optar y Aerohandling. En uno de los siete artículos que dan forma al proyecto, se plantea que la decisión de expropiar la compañía se tomó porque no hubo avenimiento entre el Gobierno argentino y los inversores privados.

El objetivo es lograr dictamen de comisiones esta semana para considerarlo pronto en el recinto y girarlo de inmediato al Senado para que sancione la ley.El trámite del proyecto tiene una particularidad: no pasará por la Comisión de Transporte, como debería hacerlo, porque al frente de ese cuerpo está la diputada salteña Zulema Daher, una de los legisladores que se fue al bloque disidente que integró el ex gobernador bonaerense Felipe Solá.

Irá solamente las comisiones de Presupuesto, que está a cargo de Gustavo Marconatto, y de Legislación General, que preside Vilma Ibarra una aliada K.Un sector opositor tomó la delantera y presentó antes un proyecto alternativo, que plantea también la expropiación de la aerolínea de bandera, pero plantea una sustancial diferencia: no habla de expropiar las acciones de la empresa, porque considera que eso implicaría para el Estado tener que hacerse cargo de la deuda de la compañía. Por eso, sólo habla de expropiar marcas y patentes y bienes inmuebles e intangibles. Lo firmaron la UCR, el PRO y el socialismo opositor. El grupo español Marsans, propietario de las empresas, anticipó que podría demandar por más de 1.560 millones de dólares al Estado argentino ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en el caso de que decida expropiar Aerolíneas Argentinas y Austral.

(Publicado por EFE, El Clarín de Argentina, 25 noviembre 2008)
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