Proceso
Costa Rica: Fiscalía defiende legalidad de pruebas en caso CCSS-Fischel
La Fiscalía defendió el lunes ante el Tribunal de Juicio de Goicoechea la legalidad e integridad de las pruebas bancarias y documentales que sustentan la acusación presentada contra los ocho acusados en el caso CCSS-Fischel.
Durante tres horas, el fiscal José Pablo Alvarado Cascante refutó el alegato de la defensa del expresidente Rafael Ángel Calderón Fournier (1990-1994), sobre una supuesta pérdida de folios en el expediente.
El fiscal detalló ante los jueces la ubicación precisa, con aporte de los números de folio, de cada uno de los documentos que los defensores señalan como perdidos.
"Afirmar que 104 folios fueron sustraídos es falso, estos documentos siempre han estado a disposición de los abogados defensores. Si don Juan Marcos Rivero (abogado defensor de Calderón Fournier) está tan seguro de que hubo una sustracción, ¿por qué no puso una denuncia penal? "cuestionó el fiscal Alvarado.
El representante del Ministerio Público señaló, además, que los defensores habían expresado argumentos similares ante el juez de la etapa intermedia, quien rechazó la validez de esos alegatos.
El defensor de Calderón Fournier, Juan Marcos Rivero, dijo ayer, sin embargo: "Los planteamientos nuestros siguen vigentes, alegamos que no hay resoluciones firmadas por jueces competentes y creemos que eso sigue sin aparecer".
El juicio CCSS-Fischel comenzó el pasado 3 de noviembre y figuran como acusados el expresidente Calderón Fournier, Walter Reiche Fischel, Eliseo Vargas García, Gerardo Bolaños Alpízar, Juan Carlos Sánchez Arguedas y Marvin Barrantes Vargas.
Ellos enfrentan cargos de peculado y corrupción agravada, en relación con el giro desde Finlandia de $8,6 millones en comisiones por la compra de equipo médico para la CCSS y que, de acuerdo con la Fiscalía, se distribuyeron entre políticos y funcionarios públicos.
Argumentos. En su presentación de ayer el Ministerio Público señaló que los documentos bancarios correspondientes a Costa Rica, Panamá, Bahamas, Estados Unidos y Finlandia, que sostienen la acusación, se obtuvieron con estricto apego a los procedimientos legales vigentes.
Los abogados defensores de Calderón Fournier y Walter Reiche Fischel habían alegado que la Fiscalía obtuvo esas pruebas de manera ilegal, sin la autorización de un juez, con violación de su derecho a la defensa y rompiendo la cadena de custodia de los documentos.
El fiscal Alvarado detalló los procedimientos legales utilizados para gestionar esas pruebas.
En el caso de la carta rogatoria a Estados Unidos, el fiscal mostró documentos firmados por la fiscal de la Corte del Distrito Sur de Estado de Florida, Anita J. Gay, que luego fueron autenticados por el Departamento de Justicia de ese país y por el cónsul de Costa Rica.
Sobre las pruebas obtenidas en Panamá, Alvarado indicó que se tramitaron apegados al procedimiento estipulado en el Tratado de Asistencia Mutua (TAM) que Costa Rica suscribió con el resto de los países de Centroamérica.
Además, el fiscal ofreció como testigo a la fiscal primera anticorrupción de Panamá, Cecilia López, quien recolectó las pruebas en Panamá y las envió a Costa Rica.
El Ministerio Público defendió también la legalidad de las autorizaciones dadas por los jueces de Costa Rica al Ministerio a la Fiscalía para levantar el secreto bancario de los acusados.
"En el trámite de esta investigación intervinieron doce jueces. Dice la defensa que todos ellos hicieron mal su trabajo, el problema es que la prueba es tan contundente y arrolladora que quieren evitar a toda costa que los jueces la valoren", sostuvo el fiscal Alvarado.
(Publicado por La Nación – Costa Rica, 11 noviembre 2008)
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