Justicia
Ecuador: La Corte Constitucional resolverá la crisis de la Corte
El Consejo Nacional Electoral suspendió a última hora la entrega de acreditaciones a los 21 jueces que resultaron favorecidos en el sorteo para integrar la Corte Nacional de Justicia.
La decisión se tomó pasadas las 16:00, luego de que llegara un oficio del presidente de la Comisión Legislativa y de Fiscalización de la Asamblea ('Congresillo'), Fernando Cordero.
En ese documento se señaló que la Comisión de lo Civil y Penal realizó una consulta a la Corte Constitucional (CC) sobre los problemas suscitados en el Régimen de Transición, por la decisión de 20 jueces escogidos de no aceptar el cargo.
Eso causó que no se pudiera conformar la Corte Nacional de Justicia, como lo establecía la nueva Carta Magna.
Omar Simon, presidente del Consejo Nacional Electoral, manifestó que esta resolución se tomó para que la Corte Constitucional pueda emitir un pronunciamiento sobre la consulta de los asambleístas. "Me parece pertinente suspender este mecanismo hasta conocer el resultado de la solicitud", explicó.
Los integrantes de la Comisión de lo Civil y Penal, María Paula Romo y Félix Alcívar, firmaron la solicitud a la Corte Constitucional. En su texto pidieron a los vocales que interpreten el alcance de las normas constitucionales, para conocer si los conjueces pueden reemplazar a los ex magistrados en el sorteo y en el órgano de Justicia.
La solicitud -dijeron los ex asambleístas- se basa en el inciso Primero del artículo 436 y es una "guía de cómo actuar en el caso de ausencia temporal o definitiva, excusa o renuncia de los jueces sorteados".
La resolución tomó por sorpresa al ex juez José Vicente Troya. Él acudió la tarde de ayer a la sede del Consejo Electoral para recibir su acreditación y fue el único de los ex miembros de la Corte Suprema de Justicia que estaba dispuesta a seguir en su cargo.
Troya esperó durante varios minutos en la Secretaría del Consejo, hasta recibir una respuesta sobre la suspensión de la entrega de credenciales. Después de 30 minutos (16:50) le comunicaron la decisión que tomó el organismo.
En la mañana, Troya sostuvo que la solución para la ausencia de la Corte Nacional de Justicia sería la prórroga de los ex miembros de la Corte Suprema, hasta que los titulares, elegidos mediante un concurso público, sean oficialmente designados. Mientras que en la tarde, cuando acudió a retirar la credencial indicó que cualquier iniciativa para terminar con el vacío jurídico está correcta, "por el bien del país".
En tanto, ayer se presentaron las primeras críticas a la posibilidad de que la Corte Constitucional resuelva el problema jurídico.
El ex magistrado, Gastón Alarcón, considera que la actual CC "no es legítima, por eso no tiene facultades para actuar como órgano interpretativo de la Constitución, ni mucho menos para resolver este tipo de problemas".
Los asambleístas Romo y Alcívar también pidieron a la Corte Constitucional que defina qué pasará con los juicios que están suspendidos en la Suprema y las cortes policiales y militares.
Específicamente, quieren que se resuelva el tratamiento que deben tener esos procesos y cuál es su estado mientras la Comisión de Legislación aprueba la Ley Orgánica que contendrá las nuevas regulaciones de la Función Judicial.
Adicionalmente, solicitaron que defina la situación del Consejo Nacional de la Judicatura. Los vocales de este organismo también tiene problemas para tramitar las quejas pendientes y resolver asuntos del presupuesto de la Función Judicial. El inconveniente surgió luego de la salida del Presidente de la Suprema, quien también dirige la Judicatura. Esa ausencia originó que no exista el número de miembros para tomar una decisión. Los ex asambleístas pretenden que la Corte Constitucional además defina cómo puede trabajar ese organismo.
La designación
La semana pasada, el Consejo Nacional Electoral sorteó a 21 de los 31 ex magistrados de la CSJ para que sean parte del nuevo Corte Nacional de Justicia, como establece el Régimen de Transición. Pero 20 de ellos anunciaron que no aceptarán los cargos.
La asambleísta de Acuerdo País dijo que el máximo organismo de control constitucional debe decidir qué mecanismo legal se debe aplicar hasta que la Comisión Legislativa apruebe la nueva ley de la Función Judicial.
Este cuerpo legal, según Romo, establecería que los conjueces asuman los cargos que se niegan cumplir los magistrados que fueron sorteados.
(Publicado por El Comercio – Ecuador, 6 noviembre 2008)
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