Nacionalización
Plata para la chequera del poder, en un año electoral
Si aquí a menudo resulta difícil entender ciertos movimientos del poder central, más complejo debe resultar afuera. Bajo la consigna de una reinserción en el mundo financiero y de una relación más amigable, se anunció en seguidilla el pago al Club de París y la reapertura del canje para los denostados bonistas. Pero ahora, con la reestatización del sistema de jubilación privada, se pega un viraje completo en el rumbo que el propio Gobierno decía haberse trazado.
La primera, obvia conclusión es que estas decisiones guardan poca relación entre sí. De seguido, pasto para las especulaciones que cada cual quiera sobre futuros pasos del kirchnerismo. Más una interpretación inevitable: que se metió mano en los fondos de las AFJP --de los afiliados, en realidad-- porque hay serias dificultades para afrontar los próximos pagos de la deuda pública.
Ciertamente difícil es defender el papel de las AFJP, que operaron con las jubilaciones como si fuesen un negocio por entero propio, con comisiones altísimas y donde si alguien perdía no eran precisamente las Administradoras. Pero también cuesta tragar el argumento de que el Gobierno salió en auxilio de los aportantes para rescatarlos de la crisis: nadie los consultó y habían decidido permanecer en el sistema privado porque les sobraban motivos para desconfiar del Estado argentino.
Hay quienes comparan algunos movimientos de estos días con aquellas memorables huídas de Toro, "el fiel amigo" del Llanero Solitario. El indio armaba una estampida de caballos, se colgaba del costado de uno y escapaba sin que sus perseguidores lo vieran. Para el caso, la estampida sería la crisis. El operativo y el papel de Toro quedan a elección.
La crisis es sin duda monumental y más que probable, seguro, también iba a alcanzar a los jubilados privados; los va a alcanzar de cualquier modo. Sin embargo, suena a razonable que un cambio semejante, que involucra a millones de personas con capacidad de decisión propia, viniera precedido de un debate serio y abierto. Nada parecido a una resolución tomada de un plumazo, en un círculo estrecho y sin dudas salida de una sola cabeza.
En el Congreso donde se debatirá la reforma, se termina de discutir un Presupuesto -el de 2009- que si ya era en varios sentido irreal, ahora será pura ficción. Simplemente, porque allí nadie computó los 15.000 millones de pesos que el año próximo entrarán a la ANSeS: razón suficiente como para pensar que es una reforma de apuro, así siempre hubiera sido una carta en la manga de Néstor Kirchner.
Pero ese mismo Presupuesto de 2009 aporta una explicación más precisa que muchas palabras. Con la crisis, el derrumbe de la soja y la desaceleración económica, los ingresos fiscales quedaban muy estrechos; encima, frente a algunos gastos claramente subestimados, como los del Ministerio de Julio De Vido.
Allí entran en juego los 15.000 millones de la ANSeS, por lo demás un habitual, considerable financista del Tesoro Nacional. Y también los títulos públicos de las AFJP, que desahogarán los pagos de la deuda. En fin, una operación redonda en el siempre cortísimo plazo en que acostumbra a moverse el Gobierno.
Es también, directamente y sin medir costos, plata para la caja del poder, que hacía agua por el apretón fiscal. Aun cuando tal vez sean inevitables ciertos ajustes, preservar la chequera es crucial para el kirchnerismo en un año electoral: fogonear obras públicas en municipios y provincias -mucho anuncio, además-, fondos para distribuir discrecionalmente; sumar donde sea y como sea.
Salvo por algún cataclismo, el Presupuesto de 2009, ahora en el Senado, saldrá tal cual lo mandó el Poder Ejecutivo. Con los superpoderes adentro, si algunos oficialistas no se dan vuelta. Eso sí, será letra muerta bastante antes de que haya empezado el ejercicio fiscal.
Sería un cataclismo completo, en cambio, que naufragase la reforma jubilatoria. Un golpe muchísimo mayor para el Gobierno que el "voto no positivo" de Julio Cobos que tumbó la resolución 125. La jubilación estatal es una bandera histórica del radicalismo; pero ese no es el punto, sino si se le ponen límites al uso de los fondos.
La suma de decisiones de estos días se asemeja cada vez más a un Plan B, sólo que a un Plan B armado de apuro y con retazos. Ninguna relación con la Argentina aislada del tsunami del Primer Mundo. Sino todo lo contrario: ahora se intenta frenar despidos y suspensiones, bloquear importaciones y hacerse de cuanta plata sea posible.
Y si hay alguien que también ha quedado entrampado en los vaivenes del Gobierno es Sebastián Palla, paradógicamente el titular de la Unión de AFJP. Hasta hace bien poco Palla trabajaba con Sergio Massa en la ingeniería financiera del país. Esta visto: todo cambia y cambia todo el tiempo.
Constitución
Dos constitucionalistas coinciden en que el Estado tiene derecho a hacerlo
Pero piensan que es una decisión irritativa y riesgosa. Avizoran juicios al Estado. Por: Alberto Amato
Los dos constitucionalistas consultados por Clarín, Gregorio Badeni y Daniel Sabsay, coincidieron: el Estado puede hacer lo que hizo y como lo hizo. El sistema jubilatorio de las AFJP fue creado por ley del Congreso y sólo una ley del Congreso puede cambiar las cosas.
Ambos juristas coincidieron también en que la ley que sancione el Congreso debe respetar "los intereses y los derechos de las partes: de los jubilados y de las personas que aportan hoy a las AFJP --dijo Sabsay--. Ese dinero es de ellos. Se debe crear un sistema que no implique una conculcación de esos derechos".
Badeni fue un poco más allá. Además de los derechos de quienes aportan y están jubilados, la ley debe contemplar los derechos de las empresas. "Las empresas van a sufrir una expropiación: se nacionaliza la administración del sistema jubilatorio. Y las empresas deben ser indemnizadas por el valor que tienen, por el dinero que deberán pagar a los empleados que despidan... Todo eso lo debe pagar el Estado y no las AFJP."
Para Sabsay, "si efectivamente, como el Gobierno alega, y creo que debe ser cierto, para asegurar la jubilación mínima hoy está proveyendo el setenta y siete por ciento del monto que efectivamente se les paga a los afiliados a las AFJP, el Estado de hecho se ha convertido en el principal factótum del tema. Es la demostración de la incapacidad o del incumplimiento de las AFJP. El incumplimiento es clarísimo. El tema es por qué, no obstante, el Estado siguió adelante, porque esto no viene de ayer".
Badeni ve, en apariencia, un retroceso en la decisión del Gobierno: "El sistema de AFJP se creó para evitar que el Estado se apropie de los depósitos. Los aportes hechos a las AFJP tienen una particularidad: hubo aportes que se han incrementado por buena inversión, por buena administración. En las AFJP cada uno tiene una cuenta particular, un estado de cuenta único. En cambio, si se sanciona la ley, todo irá a parar a una bolsa común, donde no hay individualidad alguna."
Ambos esperan leer en detalle el proyecto de ley a ser enviado al Congreso para opinar con mayor precisión. "Es una situación muy irritativa, llena de riesgos, muy discutible --afirma Sabsay--. El sistema de jubilaciones en la Argentina es una cadena de fracasos. Se va a lo privado porque fracasa lo público. Pero lo privado fracasa, y peor. Entonces se vuelve a lo público. Pero 'vamos a restablecer los derechos que nunca se protegieron? Porque a las cajas de jubilación se echó mano siempre para distintas necesidades."
Badeni avizora juicios contra el Estado. "La ley debería contener una fórmula que no genere conflicto. Pero, la verdad, no se me ocurre ninguna..."
(Publicado por El Clarín - Argentina, 22 octubre 2008)
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