Constitución
Ecuador: La Carta Política estimula el gasto público
La nueva Constitución, impulsada por el gobierno de Rafael Correa, entró en vigencia ayer, con la publicación del Registro Oficial 449.
Hace 23 días, el texto constitucional fue aprobado por los ecuatorianos con 63,9% de votos nacionales y del exterior. De esta forma, la vigésima Carta Magna, redactada por la Asamblea Constituyente en Montecristi, empieza a regir el modelo de Estado.
Con esto, la Constitución de 1998 quedó derogada.
Según el ex diputado Marco Proaño, para la implementación de la nueva Constitución se deberían dictar más de 200 leyes.
Teodoro Bustamante, sociólogo, sostiene que el funcionamiento de la nueva Carta Magna implica una serie de inversiones. “Por ejemplo, el seguro social para las amas de casa, la educación. ¿Cuánto va a costar eso?”.
A decir del catedrático de la Flacso, no está mal que se proponga dar salud para todos, sino que es un costo que no se va a poder cumplir. “Se necesitaría mucho dinero que los ingresos por petróleo no van a poder cubrir”.
Para él, “todo el modelo que se armó se está desarmando, porque el petróleo no tiene el precio que tenía antes. Y todo lo que se ofreció en la Constitución se está desmoronando”.
Asimismo, para Jaime Carrera, secretario del Observatorio de Política Fiscal, no hay cálculos ciertos de lo que significaría este gasto para el Estado.
Carrera afirma que lo más cuantificable es el medio punto del Producto Interno Bruto (PIB) para educación y el medio punto del PIB, adicional, para salud.
“Para el próximo año, si el PIB es de USD 55 millones, esto querría decir que se necesitan USD 550 millones en un año. Pero como el PIB sigue subiendo, cada año se necesitarán cifras mayores”.
Lo cual, a decir de Carrera, estaría fuera del presupuesto aprobado para el 2009. “La educación superior habla de USD180 millones, las notarías alrededor de USD 50 millones”.
Además, recordó que la ex ministra de Finanzas, Wilma Salgado, ya dijo que para atender una serie de derechos que manda la Constitución cada ministerio pedía USD 100 millones”.
La nueva Constitución, según un informe enviado por un instituto de apoyo a organizaciones financieras del mundo, va a propiciar un significativo aumento del gasto público. Básicamente, en proyectos de infraestructura, programas sociales y en pensiones de la seguridad social.
El gasto en educación, por ejemplo, se incrementará en un 0,5% anual hasta que alcance el 6% del PIB. El presupuesto del 2008 colocó USD 1 700 millones o 3,5 % del PIB en educación.
Si se asume que el PIB crece al 4% anual, esto quiere decir que en cinco años el Ecuador deberá gastar USD 3 600 millones al año en educación, es decir más que el doble de lo que gastó este año.
Adicionalmente, la nueva Constitución extiende los beneficios de la seguridad social a los desempleados, trabajadores del sector informal y a quienes trabajan en sus hogares sin sueldo. Estos gastos han sido calculados, por dicho estudio, en USD 1 800 millones al año (casi 3,5% del PIB).
En total, los gastos que implican el nuevo marco constitucional, calcula el estudio, se ubican entre el 8 y el 9% del PIB aunque por tratarse de derechos progresivos se espera que el aumento en el 2009 sea del 3,5% del PIB.
Frente a este escenario, Alberto Acosta, ex titular de la Asamblea, dijo que es una tarea de la sociedad hacer cumplir los derechos. “Por ejemplo, si no hay el dinero tenemos que ver de dónde sacamos esta plata. Porque sería dramático que los derechos solo funcionen cuando hay dinero”.
“Si baja el precio del petróleo habría que subir el Impuesto a la Renta de los que más tienen; buscar mayor equidad para que contribuyan de mejor manera al desarrollo nacional”, agregó.
500 ejemplares
El Tribunal Constitucional (TC) puso a la venta en sus ventanillas 500 ejemplares de la nueva Constitución. Tiene un costo de USD 2,50.
La publicación en el Registro Oficial se realizó en menos tiempo al calculado por Patricio Pazmiño, titular del TC. Él preveía que esté lista este martes.
El pasado jueves el Tribunal Supremo Electoral entregó el texto al TC para la publicación en el Registro Oficial, adscrito a ese ente.
La Comisión Legislativa y de Fiscalización tiene que aprobar en 120 días al menos cinco leyes.
(Publicado por El Comercio – Ecuador, 21 octubre 2008)
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