Denuncia
Bolivia: El Gobierno acusa al fiscal Uribe de infringir la ley
El Ejecutivo acusó al fiscal general de la República, Mario Uribe, de prevaricato (infringir la ley), al haber permitido que el prefecto de Beni, Ernesto Suárez, nombre a su esposa directora del Servicio de Gestión Social (Sedeges). Una fuente vinculada a la máxima autoridad del Ministerio Público aseguró que ésta aún no recibió la notificación.
La ministra de Justicia, Célima Torrico, y la viceministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardy Suxo, fueron las encargadas de remitir la denuncia al presidente de la Cámara de Diputados, Edmundo Novillo.
Ambas autoridades recordaron que el prefecto Suárez contrató a su esposa Ingrid Aponte como directora del Sedeges de Trinidad sin convocar a un concurso de méritos, contraviniendo toda normativa vigente, que impide el uso de influencias de las autoridades prefecturales para contratar a sus familiares.
De acuerdo con el Departamento de Relaciones Públicas de la Fiscalía General de la República, Uribe aún no recibió la notificación oficial de esa acusación y, por ello, se excusó de hacer comentarios al respecto.
“La denuncia —explicó Torrico— en contra del Fiscal es de oficio por prevaricato, por el nombramiento de la esposa del Prefecto de Beni, Ingrid Aponte, como directora del Sedeges”.
Añadió que cuando se hizo la denuncia ante Uribe, éste emitió una resolución que señala que el caso de Suárez no ameritaba ningún proceso, porque el salario que recibía Aponte era donado a las personas necesitadas.
La Viceministra solicitó a las instancias correspondientes que sigan con el procedimiento legal, pues la denuncia fue presentada en la gestión 2007 y el 21 de abril de 2008 el Fiscal dictó una resolución fiscal de rechazo a la solicitud de denuncia contra el Prefecto de Beni.
Según la agencia ANF, la anterior directora del Sedeges de Beni era Carmen Emilia Bularach, quien fue destituida por Suárez para que su esposa fuera posesionada en el cargo. “Ella (Aponte) es veterinaria —dijo Suxo— y no tiene nada que ver con una profesión en el área social”. La Prensa intentó comunicarse con el Prefecto o alguna autoridad de esa entidad, pero hasta el cierre de esta edición (01.00) no lo consiguió.
Lo que corresponde ahora, añadió Suxo, es que el Presidente de la Cámara de Diputados remita este caso a la Comisión de Constitución a fin de que pase al Comité de Justicia y Policía Judicial y se elaboren las diligencias correspondientes para el inicio de la indagación.
“Por la condición —afirmó Suxo— de Fiscal General, (a Uribe) le corresponde un juicio de responsabilidades, esperamos que esta autoridad por ética pueda renunciar para que la investigación sea imparcial”.
Pruebas presentadas
¿Qué es prevaricato?
De acuerdo con el artículo 173 del Código Penal, es cuando "el juez en ejercicio de sus funciones dicta resoluciones manifiestamente contrarias a la ley (y, por ello,) será sancionado con reclusión de dos a cuatro años".
La acusación del Ejecutivo
Proposición acusatoria (con cargo original), presentada ante la Fiscalía General de la República, en fecha 23 de abril de 2007, en contra del prefecto Suárez.
Fotocopias del certificado de matrimonio entre Ernesto Suárez e Ingrid Naneth Aponte.
Fotocopia de la convocatoria de la Prefectura de Beni, de 2005, para el cargo de Director del Sedeges.
Nota original, mediante la cual el Viceministerio de Género remite la nómina de directores del Sedeges. Incluye el nombre de Íngrid Naneth Aponte.
El 21 de abril de 2008, Uribe rechazó la solicitud de la denuncia, presentada por el Gobierno, en contra de Suárez.
(Publicado por La Prensa – Bolivia, 16 octubre 2008)
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