Ley
Costa Rica: Fiscal General advierte errores en plan contra crimen organizado
El fiscal general de la República, Francisco Dall’Anese, señaló el miércoles que existen errores de redacción en el plan de ley de lucha contra el crimen organizado, que se estudia en una comisión especial del Congreso.
Empezando por la definición de crimen organizado, Dall’Anese destacó que para tipificar los delitos de esta índole no se debe limitar el campo de la acción vandálica solo a quienes busquen un beneficio económico.
El funcionario consideró que el crimen organizado a nivel nacional e internacional también debe incluir el deseo de un grupo por desestabilizar un gobierno.
En cuanto al fondo del proyecto, consideró que hay elementos de la redacción del plan con alcances poco claros.
“Al tema de la plataforma de información policial que se le dio una regulación un poco alambicada”, comentó el fiscal Dall’Anese a los diputados de la Comisión de Seguridad Ciudadana.
La plataforma de información policial es un mecanismo que prevé el proyecto para unificar los datos y expedientes de los criminales en territorio nacional.
El Fiscal señaló que en el texto que discuten los legisladores no queda claro quién estará al frente de esta plataforma.
El Presidente no. Además, hizo observaciones sobre el Centro Judicial de Comunicaciones, que tendrá la potestad de intervenir las conversaciones telefónicas cuando así lo amerite una investigación policial, previa orden de un juez.
Dall’Anesse cuestionó la factibilidad de que el presidente de la República tenga la potestad de accesar a esta herramienta, tal y como está planteado en el plan de ley.
A criterio del jurista, este punto podría violentar la división de poderes establecida en la Constitución Política.
Plata. En lo que toca a los recursos comisados a grupos de crimen organizado, el especialista resaltó que lo más aconsejable es crear un fondo general para que las autoridades puedan echar mano de ellos.
“Lo mejor es que todos los dineros que se decomisen al crimen organizado, excepto los de narcotráfico, caigan a una sola bolsa”, dijo, la cual ya existe en el Instituto Costarricense contra las Drogas (ICD).
Dall’Anesse espera que se deje de lado la idea de enviar recursos comisados a destinos específicos, como lo apunta la propuesta para que los bienes decomisados al tráfico sexual de menores pasen al Patronato Nacional de la Infancia.
El especialista señaló que esto implica una duplicidad de funciones innecesaria.
(Publicado por La Nación – Costa Rica, 9 octubre 2008)
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