Crisis
Aumenta presión sobre líderes rebeldes en Bolivia
El Gobierno de Bolivia y los sindicatos campesinos aumentaron el lunes la presión sobre tres gobernadores regionales para que firmen un acuerdo nacional que dé una salida al conflicto desatado en torno a los planes socialistas del presidente indígena Evo Morales.
Las bases de ese pacto fueron definidas en una primera ronda de negociaciones que concluyó el domingo, pero a último momento los líderes rebeldes rehusaron firmarlo dejando todo pendiente por lo menos hasta el jueves, cuando Morales retorne de la Asamblea General de Naciones Unidas.
El mandatario partió la noche del lunes rumbo a Nueva York, instando a los gobernadores, llamados prefectos, a que firmen el acuerdo "con el principal objetivo de lograr la pacificación del país y el restablecimiento del Estado de Derecho".
En una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por el representante especial de la Unión de Naciones Sudamericana (Unasur), el chileno José Gabriel Valdés, y otros observadores, Morales ofreció modificar un proyecto de nueva Constitución en favor de las autonomías regionales reclamadas por los rebeldes.
A cambio, los prefectos de los departamentos de Santa Cruz, motor económico del país, el distrito gasífero de Tarija y el amazónico de Beni deberían apoyar la convocatoria a un referendo para poner en vigencia la nueva carta magna en el 2009, señaló.
"Estoy segurísimo (...) de que si los prefectos firman esto junto al Gobierno, volvería la paz y la tranquilidad en Santa Cruz", agregó, en referencia a un "cerco" a la homónima capital cruceña que realizan millares de campesinos oficialistas en demanda del acuerdo para viabilizar el cambio constitucional.
Valdés lamentó, en la misma conferencia de prensa, que el acuerdo central entre el Gobierno y los opositores regionales haya quedado el domingo sin ser firmado.
"Valoramos y apreciamos los esfuerzos de flexibilidad y de amplitud que ha mostrado el Gobierno (...), hubiésemos deseado que se suscribiera el domingo un acuerdo que permitiera dar una base firme a la continuación del proceso", dijo.
Diálogo bajo presión
El diálogo fue instalado el jueves pasado, luego de tres semanas de violentas protestas regionales contra el Gobierno lideradas por la oposición conservadora, que dejaron una veintena de muertos y millonarios daños en oficinas públicas y gasoductos.
Miles de campesinos oficialistas están bloqueando las principales carreteras de ingreso a la ciudad de Santa Cruz, que lidera las protestas contra el plan de Morales de consultar a la población sobre una nueva Constitución indigenista-socialista.
El cerco se inició la semana pasada, cuando comenzaban a cesar las protestas opositoras.
El líder nacional de los sindicatos de colonizadores y principal dirigente del cerco, Fidel Surco, anunció el lunes un "endurecimiento" de la presión, que provocaba ya escasez de alimentos y gas licuado de petróleo, el combustible doméstico más utilizado en Santa Cruz, según medios locales.
El estancamiento del diálogo motivó a la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, a convocar a una nueva cumbre de Unasur para el miércoles en Nueva York, a fin de analizar la situación boliviana.
Los tres prefectos rebeldes reclaman autonomías en rechazo a la nueva carta magna que daría más poder a los indígenas y consolidaría la nacionalización de los recursos naturales y otras reformas socialistas.
El cuarto miembro de ese bloque opositor, Pando, está bajo estado de sitio desde hace 10 días y su prefecto, Leopoldo Fernández, detenido y confinado en La Paz donde espera ser juzgado por la muerte de más de 15 campesinos oficialistas, en el suceso más cruento del conflicto.
Pese a ser minoría en una negociación en la que además del Gobierno participan otros cuatro prefectos oficialistas, los municipios y el Congreso, los tres gobernadores rebeldes se han negado hasta ahora a avalar la convocatoria a un referendo sobre la nueva Constitución.
"Hay indicios para sospechar de que en verdad (en los tres prefectos rebeldes) no hay voluntad para firmar un documento de gran acuerdo", sostuvo el vicepresidente Alvaro García, al quedar a cargo del Gobierno por el viaje de Morales..
Carlos Romero, ministro de Desarrollo Rural y coordinador de una de las mesas técnicas del diálogo, dijo que los prefectos autonomistas "quieren tener un poder que los convertiría casi en estados en un Estado nacional, (y) eso no es autonomía".
El prefecto de La Paz, Pablo Ramos, dijo que "el tema central es el de la tierra", confirmando una denuncia previa del Gobierno de que los reclamos de autonomía ocultarían un propósito de defender a latifundistas potencialmente afectados por una reforma agraria que incluye reparto de tierras entre indígenas y campesinos pobres.
(Publicado por Reuters, 23 septiembre 2008)
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