Reforma
Chile: Documento de la Suprema al Senado revela carencias para 2.a etapa de la justicia laboral
Aunque el impasse que enfrentó a la Corte Suprema y al Ministerio de Hacienda por los dineros para la Reforma Laboral se dio por superado, en la primera entidad insisten en que, producto de la demora en la entrega de recursos y los ajustados plazos para implementar la segunda etapa del sistema -fijada para el 31 de octubre-, ésta partirá con diversas dificultades.
Así lo hizo saber el presidente del máximo tribunal, Urbano Marín, en un oficio que envió al senador de Renovación Nacional (RN) y presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara Alta, Andrés Allamand, quien el 28 de agosto pasado solicitó información relacionada con la reforma.
Además de insistir en el déficit de $17.360.712.000 que existe para la implementación de la nueva justicia laboral, en el documento enviado por el máximo tribunal a Allamand -al que tuvo acceso "El Mercurio"- se detallan los problemas que afectarán la puesta en marcha de fase que está próxima a comenzar en las regiones de Tarapacá, Coquimbo, Valparaíso y de los Ríos.
Uno de los puntos críticos será la dotación, donde hay cargos como el de administrativo contable e informático o administrativo jefe que fueron obviados.
Lo último, según el oficio del máximo tribunal, implica que se eliminan cargos en los que ya habían sido traspasados empleados, y "se debilita la estructura administrativa de esos tribunales al no contar con el nivel de empleados de mayor perfil de conocimientos y habilidades".
Asimismo, se reclama que se asigna a los juzgados de letras del trabajo de San Bernardo y Puente Alto una dotación de empleados menor a los otros tribunales de dos jueces, "no existiendo razón técnica que justifique esta diferenciación".
En Villa Alemana, La Ligua y La Calera, dado el escaso tiempo de implementación, se usarán los recintos en los que funcionan hoy los tribunales, lo que implicará un déficit de superficie y se otorgará "un mínimo de funcionalidad al juzgado".
Como en los proyectos que requieren intervenciones de carácter mayor las obras demorarán entre 12 y 18 meses, se habilitarán locales provisorios "con mínimas condiciones", mientras se entregan los edificios definitivos que estarán terminados no más allá de abril del próximo año. Ello sucederá en las localidades de Pozo Almonte, Valdivia y La Unión.
En tanto, en la Ligua, La Calera y Villa Alemana, dada la dificultad de contar con edificios adecuados en octubre, se seguirá funcionando en los actuales locales con ajustes menores, mientras se logra una solución definitiva. "En estas localidades se contará con los requisitos mínimos; sin embargo, se presentarán grados de estrechez que deberán mejorarse en el mediano plazo", afirma Marín en el oficio.
Además, señala que la estructura de grados asignada a los nueve juzgados de letras que son fortalecidos por la Ley 20.252 "presenta serias dificultades al momento de ser aplicada", ya que 14 empleados que actualmente ocupan cargos en dichos tribunales no tienen puestos en la nueva disposición.
Otro foco crítico es la tecnología: el ministro Marín advierte que por el déficit presupuestario se dejará de proveer enlaces y acceso a la plataforma computacional en Calama, San Felipe, Los Ángeles, Osorno, Castro, Coihaique Puente Alto, Pozo Almonte, Taltal, Villa Alemana, La Ligua, Calera, Constitución, La Unión, Aisén y Colina.
Se afirma también que "no será posible entregar el equipamiento computacional que asegure un adecuada operación de los tribunales", y esto obligará a entregar menos computadores e impresoras por juzgado para satisfacer los "requerimientos mínimos" de funcionamiento.
Senador Allamand: Reforma puede fracasar por insuficiencias
El senador de RN Andrés Allamand, quien preside la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, afirma que varios planteamientos del presidente de la Corte Suprema -en respuesta a su solicitud de información sobre la reforma a la justicia laboral- son "preocupantes". Ello, en primer lugar, por la "abismante" diferencia (17 mil millones) entre lo que el Gobierno y el Poder Judicial estiman necesario para implementar el nuevo sistema. Allamand subraya que los recursos disponibles hoy para la implementación de reforma son apenas un 36% de lo que pide el máximo tribunal.
A juicio del parlamentario, si persisten las carencias en materia de infraestructura y tecnología éstas "pueden hacer fracasar definitivamente la reforma".
Allamand culpa de lo ocurrido al Gobierno, ya que asegura que la reforma ha sufrido sucesivas postergaciones "simplemente por responsabilidad concreta del Ejecutivo". Ello, dijo, debe quedar claro, para que no se perjudique "injustamente" la imagen del Poder Judicial, como según él ocurrió en la crisis de la justicia de familia producto de un cálculo errado de demanda del Gobierno.
En cifras
El Poder Judicial pide al menos unos $25.743.746.000 para implementar la reforma.
El déficit presupuestario es de $17.360.712.000, según el presidente de la Suprema.
Cerca de $9.398.647.000 cuestan los cambios en infraestructura necesarios luego de la postergación.
Unas cuatro regiones incluye la segunda etapa de la reforma a la justicia laboral: Tarapacá, Coquimbo, Valparaíso y de los Ríos.
Gradual
La nueva justicia laboral será implementada en cinco etapas.
(Publicado por El Mercurio – Chile, 18 septiembre 2008)
____________________