CSJ
Costa Rica: Corte Suprema evaluará desempeño de jueces
Con un plan piloto dirigido a 100 jueces se iniciará en enero una evaluación del desempeño de los casi 1.000 profesionales que dictan justicia en el país.
El 10 de marzo, la Corte Plena integró la Comisión de Acreditación Judicial, presidida por el magistrado Rolando Vega, con el fin de conocer la labor de los jueces.
"Los largos juicios" que atentan contra el principio de "justicia pronta y cumplida", así como el desconocimiento de "la calidad" de sus funcionarios son los argumentos que esgrimieron los magistrados de las cuatro salas para realizar dicha evaluación.
A este examen, sin embargo, se opone la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud).
Abel Jiménez, presidente de Acojud, cuestionó la Comisión, que dirige el programa Modelo de Gestión de Calidad y Normalización de los Despachos Judiciales.
Jiménez afirmó que el Consejo de la Judicatura es el órgano que debe evaluarlos, según lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial y sus reglamentos.
Añadió que la Comisión representa a la administración y "carece de competencia y legitimación para la evaluación, que está enfocada únicamente a la judicatura".
Jiménez comentó que Vega "ha dicho que evaluarán a los jueces y no a todo el Poder Judicial".
El magistrado Vega, por su parte, aclaró que el proyecto comenzará con los jueces, pero aseguró que abarcará a los más de 10.000 empleados judiciales.
Agregó que en la Comisión participan Miriam Anchía, como representante del Consejo Superior de la Judicatura, y Cristina Víquez, en nombre de la Asociación Costarricense de Juezas.
Inicio. La evaluación empezarán en las jurisdicciones penales y laborales, pues "son las materias más sensibles y las áreas que más hay que trabajar", dijo Vega.
El magistrado señaló que hay jurisdicciones donde el tiempo promedio de los juicios supera los cinco años. "Y lo que estamos decidiendo es sobre vidas humanas: el futuro y el presente de muchas personas. Los involucrados buscan que el sistema responda eficientemente", puntualizó.
Según Vega, la "justicia pronta" responde a los usuarios en el tiempo previsto por ley, y los códigos procesales tienen plazos máximos para resolver.
La Comisión es asesorada por el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (Incae) y la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Costa Rica.
(Publicado por La Nación – Costa Rica, 16 septiembre 2008)
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