El presidente de Bolivia, Evo Morales, ordenó el miércoles la expulsión del embajador de Estados Unidos, acusándolo de buscar la división del país, en medio de una ola de violencia política que afectó a los vitales envíos de gas natural a Brasil.

El mandatario indígena declaró "persona no grata" al embajador Philip Goldberg, horas después de que la petrolera estatal YPFB dijo que un ataque a un gasoducto, que calificó como "terrorista" y atribuyó a activistas opositores, provocó un incendio y una caída en el bombeo internacional de gas.

Morales dijo que Goldberg, de quien recordó pasadas misiones diplomáticas en los Balcanes, estaba detrás de protestas y tomas de oficinas públicas con que la oposición conservadora reclama autonomía de varias regiones, en rechazo a los planes del gobernante de instaurar una Constitución socialista.

"El que conspira contra la democracia y sobre todo el que busca la división de Bolivia es el embajador de Estados Unidos," dijo Morales en un acto en el Palacio de Gobierno, en el que condenó duramente la ola de violencia, acrecentada desde el martes en Santa Cruz y otros tres distritos de tierras bajas.

"Pido a nuestro canciller de la República (...) enviar hoy al embajador una nota haciendo conocer la decisión del Gobierno nacional, de su Presidente, para que urgentemente retorne a su país; no queremos gente separatista que conspire contra la unidad, que atente contra la democracia," agregó.

La embajada estadounidense informó luego que Goldberg estaba reunido con el canciller David Choquehuanca cuando recibió una comunicación verbal de la decisión de Morales.

"El embajador expresó su sorpresa sobre esta inexplicable determinación. Todavía estamos a la espera de una comunicación oficial de esta decisión, mediante los canales diplomáticos, como está establecido en la Convención de Viena," dijo Denise Urs, consejera de la embajada, citada en un comunicado.

El presidente venezolano Hugo Chávez aplaudió en Caracas a su aliado boliviano, denunciando que "el imperio norteamericano (es) la más grande amenaza que tiene todo este planeta." "Morales está ahí frente a su pueblo, defendiendo la soberanía de Bolivia, y nosotros estamos con él," dijo Chávez.

Morales, un declarado "anti imperialista," dijo que su determinación era "un homenaje a la lucha histórica de nuestros pueblos" y aseveró que en el conflicto entre el Gobierno nacional y varias regiones "lo que está en realidad en debate son dos modelos económicos, la unidad del país y la democracia."

Preocupación internacional

El secretario general de la Organización de Estados Americano, José Miguel Insulza, expresó en Washington "profunda preocupación" y "repudio" por la violencia política en Bolivia y destacó la "prudencia de las autoridades" que no respondieron a provocaciones, evitando "hechos mucho más graves."

"No es aceptable para nadie el que, por mucho que se reclamen autonomías, determinados grupos se sientan con el derecho a apoderarse de bienes públicos," agregó Insulza, citado en un comunicado de la OEA.

El Gobierno de Brasil manifestó su solidaridad con "el Gobierno constitucional de Bolivia," agregando que espera que "cesen inmediatamente las acciones de los grupos que apelan a la violencia y a la intimidación."

A través de una nota del Ministerio de Relaciones Exteriores en Brasilia, el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicó que está tomando "todas las medidas necesarias para garantizar el abastecimiento de gas en el país."

La OEA y el gobierno brasileño llamaron a todos los actores políticos en pugna en Bolivia "a respetar la institucionalidad democrática y retomar los canales del diálogo y la concertación."

Gas bajo fuego

El presidente de la petrolera estatal boliviana YPFB, Santos Ramírez, dijo que demorará 20 días la reparación de un ducto dañado por manifestantes, que extrae gas principalmente del megacampo San Alberto de la región sudoriental del Chaco, operado por la brasileña Petrobras.

"La exportación hacia Brasil hasta este momento tiene una disminución de más de 3 millones de metros cúbicos (en cálculo diario)," declaró el funcionario, indicando que las pérdidas totales superarán los 100 millones de dólares, incluidos el valor del producto no exportado, multas contractuales y reparaciones.

También el miércoles, otros activistas chaqueños tomaron y lograron paralizar el campo Vuelta Grande, que produce unos 2,5 millones de metros cúbicos diarios de gas natural, pero no estaba claro el impacto de esta acción en las exportaciones.

La Constitución que Morales quiere llevar a referendo en enero del 2009, redactada por una Asamblea de la que se autoexcluyó la oposición conservadora, daría más poder a los indígenas, eliminaría los latifundios y establecería un régimen económico controlado por el Estado.

El miércoles, al día siguiente de recrudecer la campaña opositora contra el camibo constitucional, civiles armados con palos, bates de béisbol y, en casos aislados, con armas de fuego, mantenían el control del centro de Santa Cruz, mientras la policía, que responde al Gobierno central, permanecía recluida en sus cuarteles.

Morales, quien descartó dictar un estado de sitio para reponer el orden, espera una respuesta de los opositores a una propuesta de diálogo, dijo su portavoz, Iván Canelas.

Entretanto, el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Branko Marinkovic, dijo que las protestas "van a continuar hasta lograr que el presidente Morales renuncie a sus pretensiones de imponer una Constitución racista, respete las autonomías y devuelva nuestros recursos petroleros."

Marinkovic y el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas han sido señalados por el Gobierno como cabezas de un "golpe civil."

Desde Washington

La orden de Bolivia de remover de La Paz al embajador estadounidense Philip Goldberg es un "grave error," dijo el jueves Estados Unidos.

"La acción del presidente (Evo) Morales es un grave error que ha dañado seriamente las relaciones bilaterales," dijo el portavoz del Departamento de Estado, Sean McCormack.

Añadió que las acusaciones de Morales de que Goldberg ha instigado protestas contra el Gobierno de Bolivia son "infundadas."

(Publicado por Reuters, 11 septiembre 2008)
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