La Contraloría detectó que la Corte el año pasado, durante la presidencia de Alicia Pucheta de Correa, pagó irregularmente más de G. 500 millones en concepto de "bonificaciones por responsabilidad en el cargo". Este rubro es destinado a los protegidos de los integrantes de la máxima instancia judicial.

"Se han visualizado pagos en concepto de bonificaciones por responsabilidad en el cargo a funcionarios de la Corte, quienes no ejercen cargos que conlleven la representación legal de la institución en el orden jerárquico, conforme a la verificación de la muestra seleccionada por un monto de G. 503.758.393", dice un informe de la Contraloría que se divulgó el lunes.

El organismo contralor refiere que los pagos se hicieron en contravención a la ley de presupuesto.

La auditoría también cuestiona el pago de honorarios profesionales a personas que no poseen títulos universitarios. Bajo este concepto la Corte pagaba a los recomendados de los políticos, según los antecedentes publicados anteriormente.

La Contraloría también resalta que se pagaron G. 57 millones en concepto de honorarios profesionales a personas físicas cuyas actividades son afines al área de salud, en contravención a la ley de presupuesto.

"Se han realizado pagos del servicio de la deuda en el ejercicio fiscal 2007 en el marco del convenio de préstamo con el BID, con atrasos en concepto de cuotas de capital e intereses por G. 3.499.770.355", puntualiza el informe.

Según el mismo documento, en la cuenta edificaciones (Circunscripciones judiciales de capital, Guairá, y Caazapá, Encarnación, Misiones, Caaguazú y San Pedro, Concepción y Amambay) presenta una diferencia de más de G. 75.986.047.524.

Se detectó, por otro lado, una diferencia en la cantidad de terrenos que figuran en el inventario del Departamento de Patrimonio (451), de los cuales la Corte presentó 131 títulos de propiedad y según la planilla de certificación de inscripción de inmuebles del Estado N° 13 del Ministerio de Hacienda, en total, son 112 propiedades.

La Contraloría también enumeró otra serie de irregularidades detectadas durante el ejercicio fiscal 2007, año en que la presidencia de la Corte fue ejercida por la doctora Pucheta de Correa.

El informe fue realizado por un equipo de auditores de la Contraloría, encabezado por la economista Liz Torres Laconich. También integraron el grupo Andrea Rodríguez, Sixto Gadea, Mario Battilana, Fide Notario y Paola Riego. La coordinación estuvo a cargo de Benita Jara Cañiza.

De esta forma, todos los años se repiten las irregularidades en la ejecución del presupuesto del Poder Judicial. Este hecho se da sobre todo en el uso del dinero público destinado al pago de bonificaciones a los funcionarios que ejercen altas funciones en la Corte, la mayoría hijos y amigos de los ministros.

Conclusión de Estudio

"En nuestra opinión, los estados financieros al 31 de diciembre de 2007, de la Corte Suprema de Justicia, no presentan razonablemente la situación financiera y los resultados de sus operaciones de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados", puntualiza el dictamen de la Contraloría General de la República respecto a la ejecución presupuestaria del Poder Judicial durante el año pasado.

La auditoría demuestra el manejo discrecional del dinero público, sobre todo en lo que hace referencia a los funcionarios "apadrinados" que ocupan altos cargos en la administración de justicia.