jueves, 21 de agosto de 2008


CSJ

Ecuador: La Corte quiere un debate de la nueva Constitución

La Corte Suprema de Justicia  todavía no define  una posición  frente al proyecto de  nueva Constitución. Los magistrados quieren impulsar un debate para que se conozcan los cambios que se pretenden concretar en la Función Judicial.

Por eso seguirán con su estrategia de invitar a varios sectores que tienen relación con la Función. Primero fueron los presidentes de las cortes provinciales, luego están previstas reuniones  con los trabajadores judiciales, con los catedráticos y decanos de las facultades de  Derecho del país.

Ana Abril, una de las magistradas más críticas a las reformas de la nueva Carta Magna, aseguró que no es tarea de la Corte propiciar el voto por el sí o por el no. Ella cree que su labor debe procurar  abrir el diálogo para que la sociedad comprenda las reformas que habrán  en la Justicia.

Lo mismo piensa  el juez Mauro Terán. Él  informó que las citas con los diversos sectores se cumplirán hasta finales de este mes.

Luego, los magistrados definirán una posición, por eso ayer en la reunión del Pleno de la Corte  no se discutió sobre ese tema, aunque recibieron la visita del catedrático César Montúfar, quien explicó sus críticas al Régimen de Transición, que se aprobará junto con  la nueva Constitución.

Luego de esa intervención, los magistrados salieron a sus despachos, para hoy está en su agenda  la visita de varios representantes de los colegios de Abogados del país, para continuar con el debate. 

A pesar que no hay una posición de la Suprema, su presidente, Roberto Gómez, ha sido directo con las críticas a las reformas planteadas desde Montecristi. El jurista señaló que la Función Judicial quedará  “debilitada” si se aplican los cambios propuestos en el proyecto de nueva Constitución.

La Función Judicial se quedará debilitada y diluida desde el momento en que sus fallos y resoluciones no van a hacer de última instancia”, dijo Gómez.

El Presidente de la Suprema cuestionó la intención de que la Corte Constitucional resuelva en última instancia  las sentencias emitidas por  la Corte, porque supuestamente aumentará el tiempo de trámite y será una fuerte  carga procesal para el tribunal. 

(Publicado por El Comercio – Ecuador, 21 agosto 2008)
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