Demanda
Colombia Argos espera fallo favorable de Tribunal venezolano sobre derecho propietario
La cementera colombiana es manejada por el Estado venezolano mientras se resuelve un pleito judicial en el Tribunal Supremo de Justicia del vecino país en torno a la propiedad de la misma.
La factoría adquirió la planta en 1997 en una licitación pública hecha por el gobierno de la vecina nación luego de que la misma fue entregada en dación de pago, por el anterior dueño, el empresario Simón Ramos Farías.
El vicepresidente jurídico de Cementos Argos, Carlos Raúl Yepes, precisó que la compañía operó la planta entre 1998 y marzo de 2006, cuando Ramos Farías llegó a las instalaciones de la planta con una sentencia que ordenaba la devolución de la factoría, lo que llevó a la cementera colombiana a hacer entrega de la misma e iniciar el pleito que aún está por resolverse. La planta tiene una capacidad de producción de 800.000 toneladas de cemento al año.
Las directivas de la empresa nacional confían en que la decisión sea favorable y una vez esta situación se presente empezarían a negociar con el Estado venezolano las condiciones de la nacionalización.
Las declaraciones de la empresa se generan a propósito del anuncio de Venezuela de expropiar a la mexicana Cemex tras no haber alcanzado un convenio dentro del plan de nacionalización de empresas cementeras.
La firma mexicana dijo que cumplirá el decreto ordenado por el Gobierno de Venezuela que ordena la nacionalización de su planta en ese país.
El Estado venezolano firmó acuerdos para controlar a las filiales de Lafarge y Holcim. Dio a conocer que pactó pagar unos 267 millones de dólares por 89 por ciento de la unidad local de la francesa Lafarge, la mayor cementera del mundo, y unos 552 millones de dólares por 85 por ciento de la suiza Holcim.
La medida forma parte de la ola de estatizaciones lanzada por el presidente Hugo Chávez sobre sectores estratégicos de la economía, que ha incluido firmas petroleras, eléctricas, de telecomunicaciones, siderurgia y un importante banco.
Según dijo el vicepresidente del país, Ramón Carrizalez, "en la negociación con Cemex no ha sido posible llegar a un acuerdo con ellos. El siguiente paso con esta empresa es el de la expropiación, como está establecido en la ley".
Cemex exigía 1.300 millones de dólares por sus activos en el país sudamericano, lo que estaba muy por encima de su valor real, explicó el funcionario.
En un decreto publicado el lunes en la Gaceta Oficial, el Gobierno nombró las comisiones de transición para tomar el control de las cementeras, pero no aportó detalles sobre los plazos para culminar el proceso o las negociaciones por la compensación.
Chávez ordenó en abril estatizar las unidades de las empresas al acusarlas de vender el cemento en el exterior y no favorecer al mercado local. Las tres tienen el liderazgo mundial entre las cementeras, con Lafarge en el primer lugar, seguida por Holcim y luego por Cemex.
El Gobierno publicó el 19 de junio los términos del proceso fijando un plazo de 60 días para que las compañías decidieran si permanecerían como accionistas minoritarias, mientras que el Estado asumiría no menos del 60 por ciento.
Monto de los activos
Analistas estiman que el valor total de los activos de estas firmas rondaría los 1.700 millones de dólares, utilizando el estándar de la industria de calcular unos 200 dólares por tonelada de producción anual, y dudan de que las compañías quieran permanecer bajo un modelo de control estatal. Chávez dijo el domingo que al vencerse a la medianoche del lunes el plazo fijado por ley, "vamos a proceder a nacionalizar y recuperar las industrias del cemento para lanzar con fuerza el plan de viviendas y de construcciones y seguir desarrollando el país".
La unidad en Venezuela del gigante mexicano Cemex es la mayor productora y exportadora de cemento en el país con tres plantas y una capacidad de 4,6 millones de toneladas anuales.
(Publicado por La República – Colombia, 21 agosto 2008)
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