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Chile: Fuego cruzado entre la CSJ y gobierno por fiscalización de recursos
Una dura respuesta envió el presidente de la CSJ de Chile, Urbano Marín, al oficio en que el ministro de Hacienda, Andrés Velasco, afirmó que el déficit de 16 mil millones de pesos que acusa el máximo tribunal para la Reforma Laboral no estaba justificado y solicitó más antecedentes sobre las inversiones desarrolladas el año 2007 con los fondos para el nuevo sistema.
En el documento firmado por el ministro Marín se parte señalando que el requerimiento de Hacienda "es infundado, pues la información correspondiente fue proporcionada a la Dirección de Presupuesto por la Corporación Administrativa del Poder Judicial en numerosas gestiones que se llevaron a cabo".
Por lo anterior, el presidente del máximo tribunal afirma que "no existe de parte de la Dirección de Presupuesto una cabal comprensión del alcance y los efectos negativos que trajo consigo la postergación de la vigencia de la Reforma Laboral", que obligó a invertir entre otros ítems en remodelación y arriendo de establecimientos.
En el oficio se reitera que hasta la fecha sólo se han despachado 2.636.035 millones de los comprometidos por ley y que la corporación administrativa no cuenta con los recursos necesarios para financiar la segunda etapa de la Reforma Laboral.
Respecto a la solicitud del ministro Andrés Velasco de recibir un detalle sobre el uso de salas y realización de las audiencias en los tribunales de garantía y de familia -que fu calificada de improcedente por el vocero de la Suprema, Milton Juica- el presidente del máximo tribunal señala que dicha petición además de referirse a una materia ajena al financiamiento de la reforma a la justicia laboral "revela un escaso conocimiento de la naturaleza y características del trabajo judicial", pues los tres sistemas funcionan de distinta manera.
Asimismo, el ministro Marín manifestó que la solicitud del titular de Hacienda "atropella la autonomía constitucional y legal del Poder Judicial, ya que si está prohibido al Congreso Nacional y al Presidente de la República intervenir en los asuntos propios de los tribunales, ello con mayor razón está vedado a los ministerios".
En el documento se plantea que a partir de las exigencias del oficio enviado por el ministro Velasco, el pleno de la Corte Suprema adquirió el convencimiento de que "no existe de parte del Ministerio de Hacienda una voluntad real de facilitar los recursos que demanda la eficaz aplicación de la Reforma Laboral", y que en esas circunstancias resolvieron no continuar recabando tales recursos, porque no les corresponde.
Versión gubernamental
Junto con manifestar su confianza en que las discrepancias entre el Gobierno y la Corte Suprema se resolverán "a la brevedad", el ministro de Justicia, Carlos Maldonado, aseguró que el Ejecutivo no ha pedido a la Contraloría que se encargue de auditar los recursos destinados al Poder Judicial.
"No hay ninguna propuesta oficial del Gobierno sobre que la Contraloría asuma un rol de fiscalización de esos recursos, eso solamente en su minuto fue planteado en una conversación técnica a modo de referirnos a cómo acompañar la flexibilización de un fortalecimiento de los mecanismos de control", afirmó el titular de Justicia.
"No hay ni habrá seguramente ninguna propuesta oficial del Gobierno en ese sentido, porque no hay ninguna duda de que los recursos del Poder Judicial, en términos generales, están usándose para lo que corresponde", agregó Maldonado.
De esta manera, el ministro trató de resolver las inquietudes manifestadas por miembros de ese poder del Estado, surgidas luego que el Ministerio de Hacienda enviara un oficio a la Corte Suprema donde, a juicio de los magistrados, se pone en "tela de juicio" el uso de sus recursos.
"Los mecanismos de fiscalización y control del presupuesto del Poder Judicial van a ser los que concordemos con el Poder Judicial, (...) porque el Poder Judicial es un poder del Estado con el cual el Ejecutivo se entiende en igualdad de condiciones", aseguró Maldonado.
Al término del comité político efectuado en La Moneda -donde el quiebre entre ambos órganos del Estado tuvo especial relevancia- el titular de Justicia resaltó que el Poder Judicial tiene sus propios mecanismos y auditorías externas para velar por el correcto uso de sus recursos que ahora, de común acuerdo, se pueden "mejorar en diversos aspectos".
Por su parte el vocero de Gobierno, Francisco Vidal, desestimó que el ministro de Hacienda, Andrés Velasco, se haya sobrepasado en sus atribuciones y destacó que "el punto de fondo es que hubo o hay una discrepancia técnica que se está resolviendo y, finalmente, la que va a decidir cómo se resuelve y cuándo se resuelve es la Presidenta de la República, cuando se reúna con el presidente de la Corte Suprema".
El quiebre entre ambos poderes del Estado se agudizó el viernes pasado, a raíz del oficio en que el ministro de Hacienda, Andrés Velasco, afirmó que el déficit de 16 mil millones de pesos que acusa el máximo tribunal para la Reforma Laboral no estaba justificado y solicitó más antecedentes sobre las inversiones desarrolladas el año 2007 con los fondos para el nuevo sistema.
(Publicado por Emol – Chile, 14 julio 2008)
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