Referéndum
Bolivia: La “media luna” no acata el revocatorio y Evo pide juicio
Los prefectos de la “media luna” resolvieron ayer no acatar el referéndum revocatorio de mandato popular, convocado por el Congreso Nacional para el 10 de agosto. El Gobierno reclamó al Parlamento que les inicie un juicio de responsabilidades por desacato a la ley que fue promovida por la oposición.
Los prefectos de Santa Cruz, Rubén Costas; de Beni, Ernesto Suárez Sattori; de Pando, Leopoldo Fernández; de Tarija, Mario Cossío, y de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, quienes conforman junto con los dirigentes cívicos de estas regiones el Consejo Nacional de Defensa de la Democracia (Conalde), resolvieron no someterse a la consulta popular y en cambio plantearon al Ejecutivo la construcción de un “acuerdo para la reconciliación nacional”.
Los representantes departamentales explicaron que no acudirán a las urnas hasta que la convocatoria a referéndum revocatorio se ajuste a los estatutos autonómicos aprobados en referendos departamentales. Estas normas, según la carta del Conalde, entraron en vigencia inmediatamente después de las consultas realizadas el 4 de mayo en Santa Cruz, el 1 de junio en Beni y Pando y el 22 de junio en Tarija, donde se impuso el Sí a los estatutos.
Esas autoridades departamentales, que se reunieron en Tarija, enviaron una misiva con la resoluciones de ese encuentro al presidente Evo Morales en la que señalan que “con la victoria de Tarija, somos cuatro departamentos que consolidamos nuestra autonomía, pero pronto seremos cinco, seis y luego nueve que habrán consolidado sus procesos autonómicos”.
Los representantes de la llamada “media luna” piden al Mandatario “el reconocimiento a los resultados de los referendos departamentales” que se realizaron en Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija. En estas consultas, el Sí a los estatutos autonómicos superó el 70 por ciento de respaldo popular, según el reporte de las cortes departamentales electorales.
La carta, leída por el director de Autonomías de la Prefectura de Santa Cruz, Carlos Dabdoub, propone una “reconciliación nacional para evitar mayor confrontación entre bolivianos”, por eso convocaron al Presidente a sumarse a la “reconciliación” que posibilite un “gran acuerdo nacional para pactar una salida pacífica a la crisis estructural del país”.
Los prefectos invitaron al presidente Morales a un encuentro el martes 1 de julio “en el lugar que usted señale” y proponen como base una agenda que incluye la restitución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) que fue descontado a las nueve prefecturas para pagar la Renta Dignidad.
El Conalde también plantea debatir en esa reunión la reposición de las “condiciones básicas” para reactivar el aparato productivo nacional y “vencer a la inflación”, el proceso de reforma constitucional “en el marco de la democracia y el respeto a la legalidad”, además de los temas que el Mandatario considere “pertinente” discutir.
Las autoridades departamentales sugieren que Morales, si no acepta dialogar en la mesa de reconciliación, debe llamar a nuevas elecciones generales.
“Por eso, para preservar la unidad nacional y en vez de medir el apoyo a nuestras personas, en caso que no acepte nuestra propuesta de Reconciliación Nacional, lo convocamos a llevar a consulta popular cuál de las visiones de país es la que Bolivia quiere; escenario en el cual proponemos más bien se convoque a elecciones generales, para que el pueblo dirima esta contradicción”.
Juicio de responsabilidades
En ese contexto, el Gobierno, a través del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, después de conocer la posición del Conalde, ofreció una declaración de prensa en la que calificó a los cinco prefectos de “golpistas” porque al rehuir al referéndum revocatorio están desacatando la Constitución Política del Estado y las leyes vigentes, por ello, pidió al Congreso Nacional iniciar un “juicio de responsabilidades”.
“Estas declaraciones y manifestación del Conalde han dejado caer la máscara que la tenían durante varios meses. Hoy los vemos con su verdadero rostro inconstitucional”.
La autoridad dijo que “ante la ilegalidad y los resultados concretos hoy invitan a que el país se divida (…) se desplome a pedazos”. Pidió a las autoridades departamentales que “de una vez enderecen su actitud, enmienden su conducta y retornen al camino de la legalidad”.
Quintana descartó toda posibilidad de diálogo con los prefectos de la “media luna”.
Desde Padilla (Chuquisaca), el presidente Evo Morales desafió a los prefectos a que “no se corran del pueblo”. “¿Qué miedo hay al pueblo?”, interrogó el Mandatario; empero, el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, respondió que “no es miedo” sino “responsabilidad con el pueblo que votó por autonomía”.
El MAS, a través de su subjefe de bancada en Diputados, Jorge Silva, dijo que un acuerdo de reconciliación nacional no frenará el revocatorio. “Un pacto entre los prefectos y el Gobierno debe estar enmarcado en un reencuentro de los bolivianos y debe contemplar una agenda nacional en la que se incorporen puntos como la Constituyente, autonomía, además temas económicos, como el IDH, pero eso no significará la suspensión del referéndum revocatorio”.
Roberto de la Cruz, concejal de El Alto, criticó a las autoridades departamentales por asumir esa decisión. El jefe de bancada de diputados de Podemos, Antonio Franco, pidió a los prefectos someterse al revocatorio de mandato popular y acatar la ley.
Las decisiones del Conalde
El Conalde decidió crear una Secretaría Pro Tempore con sustento en cuatro comisiones: educación, salud, energía y desarrollo productivo con infraestructura, así lo confirmó el delegado de Autonomías de la Prefectura de Santa Cruz, Carlos Dabdoub.
Esta comisión debe empezar a funcionar con las primeras acciones tendentes a recuperar el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) para todas las regiones del país.
Además tiene la misión de respaldar la decisión de las regiones de no someterse al referéndum revocatorio, salvo que los “estatutos autonómicos“ sean introducidos en la Constitución Política del Estado.
El prefecto de Tarija, Mario Cossío, ratificó que, si no hay respuesta al pedido de “reconciliación nacional”, no se va al referéndum revocatorio y es mejor “convocar a elecciones generales“ para que se cambie a todas las autoridades del Ejecutivo, el Parlamento y los prefectos.
Cossío también confirmó que a la reunión del Conalde se sumaron varios alcaldes, entre ellos Óscar Montes, de Tarija; alcaldes provinciales y varios constituyentes para fortalecer el proceso autonómico.
El Conalde pretende expandir la autonomía a los nueve departamentos, aunque los departamentos donde ganó el No pidieron emprender sus propias autonomías enmarcadas en la nueva CPE.
Los prefectos de la “media luna” consideran que “llegó la hora de consolidar la autonomía para toda Bolivia, para resolver los problemas estructurales del viejo centralismo y generar oportunidades de mejor vida para todo el pueblo boliviano”.
Proponen una reconciliación nacional para posibilitar un gran acuerdo nacional que permita salir de la crisis política. Invitan al Presidente a sostener un encuentro el martes 1 de julio, en el lugar que él señale para entablar el diálogo.
Las cortes se alistan para la consulta
Las cortes departamentales electorales de Tarija, Santa Cruz, Beni y Pando, donde se realizaron referendos autonómicos, alistan el referéndum revocatorio, aunque los prefectos de la “media luna” decidieron no someterse a la consulta popular.
Miguel Ángel Guzmán, presidente de la Corte Departamental de Tarija, dijo que era “muy difícil” pronunciarse sobre la decisión de los prefectos de Santa Cruz, Beni, Pando y Cochabamba y Tarija de rechazar dicho proceso, pero aseguró que esa institución está trabajando en la transcripción de los datos de los ciudadanos inscritos que serán transferidos a la Corte Nacional.
El vocal de la Corte Departamental de Santa Cruz, Fernando Castedo, por su parte, dijo que no recibieron ninguna instrucción contraria a la convocatoria y evitó pronunciarse sobre la determinación de las autoridades departamentales. “Cumpliremos con nuestra tarea”. Las cortes de Beni y Pando también están actualizando el Padrón Electoral.
El Sí se impone en Tarija con el 79,2% y el No llega a 20,8%
Sobre el 92 por ciento de las mesas escrutadas por la Corte Departamental Electoral (CDE) de Tarija, el Sí al Estatuto Autonómico se impuso con el 79,22 por ciento, mientras que el No se quedó con el 20,78 por ciento. La abstención llegó al 36,38 por ciento.
El organismo electoral dio a conocer anoche los resultados de 1.018 mesas revisadas oficialmente. Según la información recibida, en el proceso electoral no fue anulada ninguna mesa.
El Sí, de acuerdo con el recuento oficial, logró 77.536 votos, lo que representa el 79,22 por ciento, y por el No se registraron 20.344 votos, que equivalen al 20,18 por ciento.
Los votos válidos registrados hasta el cierre de esta edición suman a 97.880, que representan el 94,4 por ciento, los votos blancos suman 1.998 (1,93 por ciento) y los nulos, 3.811 (3,68 por ciento).
Los votos contados hasta ayer llegan a 103.689. El organismo electoral tarijeño registró un total de 173.231 ciudadanos habilitados para sufragar. El resultado final de la consulta por el Estatuto Autonómico será conocido en las próximas horas con datos detallados del área urbana y también del área rural de Tarija.
La Corte Nacional Electoral (CNE)comunicó ayer que no reconocerá las depuraciones efectuadas por las cortes departamentales en el proceso de referendos autonómicos. El fin de semana en Tarija se presentaron denuncias sobre este caso. La CDE tarijeña explicó que el padrón data de 2001.
La opinión de los constitucionalistas
El analista político, Carlos Alarcón, dice que la única instancia que puede determinar la suspensión definitiva del referéndum revocatorio del 10 de agosto es el Tribunal Constitucional, al pronunciarse a una demanda de inconstitucionalidad sobre el tema.
Debe tomarse en cuenta que, por un lado, ese referéndum fue aprobado por una ley de la República, aunque no está previsto en la actual Constitución.
Por otro lado, tampoco están reconocidos por la Carta Magna vigente los referendos sobre la aplicación del estatuto autonómico. La salida es el diálogo entre los prefectos y el Gobierno”.
Abogados
El Colegio de Abogados a través de su representante, Bernardo Wáyar, sostiene que "el artículo 228 de la Constitución Política del Estado señala claramente que la norma constitucional es la ley suprema del ordenamiento jurídico nacional. Los tribunales, jueces y autoridades deben aplicarla con preferencia a las leyes, y éstas con preferencia a cualesquiera otras resoluciones. Por tanto, el referéndum revocatorio es inconstitucional porque no está contemplado en la Carta Magna y, por tanto, las cortes departamentales pueden acogerse a ese mandato constitucional. Nadie puede obligar a hacer lo ilegal".
Al respecto el analista político, Carlos Cordero, dice que los resultados de los referendos por autonomías realizados en cuatro departamentos son válidos para esas regiones y, por lo tanto, no se puede obligar a sus ciudadanos a votar por el referéndum revocatorio de los que ahora son sus gobernadores.
La ley del revocatorio fue aprobada por el Congreso y por el Gobierno, pero sin consultar a los interesados, que eran los prefectos, y estableciendo reglas no equitativas. Es un tema delicado que requiere de diálogo entre prefectos y el Ejecutivo”.
En tanto el consititucionalista Ricardo Bautista, asegura que "La pulseta política impide la designación de los vocales del Tribunal Constitucional para que no se pronuncie sobre la inconstitucionalidad de la Ley del Referéndum Revocatorio, que también puede ser demandada por los prefectos interesados en rechazarla.
Se trata de una pulseta política entre el Gobierno y los prefectos de la ‘media luna’. También es ilegal el referéndum por la aplicación de los estatutos autonómicos que se realizaron en el país”.
El Gobierno tildó de “golpistas“ a los prefectos porque quieren desintegrar el país.
Pidió al Congreso iniciar un juicio de responsabilidades por desacato a la ley.
El Ejecutivo les pidió retomar la legalidad y que se sometan al veredicto del pueblo.
(Publicado por La Prensa - Bolivia, 24 junio 2008)