Europa lanza una ofensiva total para echar a los "sin papeles"

Tras casi tres años de debate, los legisladores de la Unión Europea acordaron que los inmigrantes ilegales pueden ser detenidos hasta por 18 meses y enfrentar una prohibición de reingreso de hasta cinco años.

El Parlamento Europeo votó una de las medidas más duras contra la inmigración ilegal. Los indocumentados, incluso los menores, podrán ser arrestados en instituciones especiales por 18 meses. Luego serán deportados a cualquier país.

El Parlamento Europeo aprobó ayer --369 votos a favor, 197 en contra y 106 abstenciones-- la polémica "directiva de retorno" para armonizar las normas europeas de detención y expulsión de inmigrantes irregulares. Era el último paso que faltaba para que la UE se dote de durísimas normas que permitirán, entre otras cosas, el encarcelamiento de irregulares durante 18 meses o la deportación de menores de edad, incluso sin la compañía de un adulto, y sin asegurar que serán recogidos por un familiar en el país de destino. La norma entrará en vigor en 2010.

La última versión de la directiva fija un período de "retorno voluntario" de 7 a 30 días. Si los inmigrantes no abandonan la UE en ese período, las autoridades nacionales emitirán una "orden de alejamiento" y tomarán "medidas coercitivas" como el encarcelamiento, incluso sin decisión judicial obligatoria, pues la directiva permite que la decisión sea administrativa. Además, los deportados no podrán volver a pisar Europa durante los siguientes cinco años.

La directiva permite además que los inmigrantes sean deportados no sólo a sus países de origen, sino también a un país de tránsito que los acepte, una forma de poder expulsar a inmigrantes llegados de los países más pobres de Africa, donde a veces ni siquiera hay registros para conocer si una persona es de esa nacionalidad.

El encarcelamiento --incluso en el caso de menores de edad-- se justifica ante el temor de que el inmigrante intente escapar al control de las autoridades para no ser deportado. A partir de ahora, cada Estado miembro de la UE deberá fijar un período máximo de retención de seis meses --ampliable a 18-- y definir los lugares de reclusión, que en principio no podrán ser las prisiones comunes, salvo en caso de necesidad. Además, los menores no acompañados y las familias con menores a su cargo sólo serán recluidas "como último recurso y por un período de tiempo lo más corto posible", pero no se definen ni otros recursos ni la duración de ese período. Estas ambigüedades podrían dar vía libre a los países más restrictivos para crear, acogiéndose a supuestas necesidades, campos de concentración, denuncian organizaciones de derechos civiles.

Hasta ahora cada país establecía el período máximo de detención de inmigrantes irregulares. A partir de ahora nadie podrá superar los 18 meses, pero muchos podrán aumentar sus plazos, como España, que ya anunció un aumento de 40 a 60 días.

Toda la derecha votó a favor así como la mayoría de los liberales. Los socialistas, divididos, repartieron sus votos entre el "no" y la abstención, aunque casi todos los socialistas españoles votaron a favor, a pesar de ver rechazadas sus enmiendas que pretendían suavizar los aspectos más polémicos del texto.

Decenas de organizaciones --entre ellas Naciones Unidas-- pidieron a los eurodiputados que rechazaran el texto. Minutos después de la votación, Amnistía Internacional reaccionó con un comunicado en el que se mostraba "decepcionada porque el texto no garantiza la expulsión de los inmigrantes de forma segura y digna, el período de detención es excesivo y no dispone las garantías suficientes para los menores no acompañados".

Por su parte, la Asociación Europea para la Defensa de los Derechos Humanos, dijo que "es inaceptable detener durante 18 meses a hombres, mujeres y niños que simplemente son residentes ilegales".

La Comisión Europea estima que hay 8 millones de irregulares en los 27 países miembros de la UE, una cifra por otra parte sin verificación posible

Ecuador critica

El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, criticó duramente la aprobación por el parlamento europeo de una normativa para repatriar a inmigrantes indocumentados residentes en cualquiera de los 27 países de la Unión Europea.

Rafael Correa calificó de "una barbaridad" y "una vergüenza" que criminaliza la migración a la nueva normativa europea.

El Parlamento Europeo aprobó hoy una polémica norma para repatriar inmigrantes que permite, entre otras cosas, que los estados pertenecientes a la Unión Europea pueden detener en centros de internación hasta por 18 meses a los inmigrantes antes de ser expulsados.

El embajador paraguayo ante la UE en Bruselas, Raúl Vera, declaró a la radioemisora 9.70 de Asunción:"estamos ante una decisión con un contenido bárbaro. Las normas contra la migración irregular violan algunos derechos humanos aprobados y suscritos por la comunidad europea".

Correa fue uno de los primeros mandatarios de América Latina en reaccionar ante la medida y alegó que afectaría a más de tres millones de inmigrantes de países miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) integrada por Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia.

Según la prensa paraguaya sólo en España se encuentran unos 100.000 paraguayos, la mayoría sin visa de trabajo.

Por el momento, ciudadanos de Argentina, Brasil, Chile, México, Uruguay y Guatemala, entre otros, no necesitan visa para entrar a Europa, mientras que a los de Colombia, Paraguay y Ecuador sí se les exige ese documento.

La aprobación del cuerpo legal, llamado "Directiva de retorno", representa "una verdadera vergüenza para esa Europa que antes era una Europa de luces", aseguró Correa en entrevistas que sostuvo hoy con la radioemisora Sonorama y el Canal Uno de Televisión.

"Esa directiva no es una directiva de retorno sino una directiva de la vergüenza, realmente es una vergüenza lo que ha hecho Europa", setenció el mandatario ecuatoriano.

De la misma manera, Correa criticó duramente "el doble discurso, la doble moral de los países desarrollados".

"¿Con qué calidad moral se puede sostener una globalización que cada vez busca más la libre movilidad de mercancías, la inmediata movilidad de capitales pero criminaliza la movilidad de seres humanos?", cuestionó.

“Vamos a iniciar una acción a nivel regional para presentar un frente común, al menos a nivel sudamericano, para protestar frente a esta agresión, frente a este atentado a los derechos humanos", agregó Correa.

El presidente de Ecuador expresó "nuestra solidaridad después de la barbaridad que ha aprobado la Eurocámara para criminalizar la migración" a los miles de ecuatorianos que viven en Europa, especialmente en España e Italia.

El director de la oficina en Paraguay de Amnistía Internacional.Julio César Torales, comentó que la resolución "es lamentable porque representa un retorno a una conducta primitiva que no refleja, precisamente, la reputación democrática de varios países europeos. Se están violando derechos humanos".

Los cancilleres de la CAN habían enviado el 9 de junio una comunicación a los máximos dirigentes de la Unión Europea "en la que señalan las consecuencias negativas que la mencionada directiva podría ocasionar para los más de tres millones de migrantes de origen andino que residen en el territorio europeo".

(Publicado por Reuters y El País - España, 19 junio 2008)
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