Emigrantes
El Parlamento Europeo inicia el debate de la polémica directiva de retorno de inmigrantes
El Parlamento Europeo debate hoy con la idea de aprobar mañana la polémica directiva de retorno de los inmigrantes sin papeles y las enmiendas al texto presentadas por varios grupos políticos, que han mostrado un abanico de diferencias. La nueva norma, que incluye el internamiento de inmigrantes indocumentados hasta 18 meses o la detención por orden administrativa, entrará en vigor a los dos años de su aprobación.
Las divisiones existentes entre las distintas formaciones políticas que forman la Eurocámara ilustran la fuerte discusión que ha traído la aprobación del texto. Tras dos años de diferencias y discordias de última hora, los Gobiernos de la Unión Europea se pusieron de acuerdo el pasado mayo para llevar a cabo esta nueva norma, que a principios de junio recibió el visto bueno de los ministros del Interior de la UE.
Los socialistas de la Eurocámara en un principio se oponen a la norma, con la salvedad de algunos diputados de ciertos países como España. También hay divisiones dentro de los liberales y el Partido Popular Europeo (la derecha belga está en contra). Los Verdes e Izquierda Unitaria están más unidos al rechazo.
Los socialistas españoles han manifestado su intención de mejorar la propuesta del Consejo sobre la directiva de retorno. "Queremos acercar la Directiva a las legislaciones más avanzadas y garantistas, como es el caso de la española", ha manifestado el eurodiputado socialista y miembro de la comisión de Libertades Civiles, Javier Moreno, durante el debate celebrado esta mañana en la Eurocámara.
Drástica política
Pese a las diferencias, los Veintisiete han pactado una drástica política para expulsar a los indocumentados. Los Estados miembros han acordado el internamiento de los inmigrantes irregulares pueda ser de hasta 18 meses mientras se tramita su expulsión, o que el arresto de éstos pueda hacerse por orden administrativa.
Durante las jornadas de debate de los ministros, el principal punto de polémica fue la asistencia jurídica gratuita. Países como Alemania, Austria y Grecia se negaban a asumir los costes de la asistencia legal de los inmigrantes, mientras la Eurocámara quería proporcionar esta asistencia gratuita. La solución de compromiso que se alcanzó admitió este auxilio pero con una serie de salvaguardas, al entrar en vigor un año más tarde que el resto de la directiva y bajo las ayudas comunitarias a las que se ha comprometido la Comisión. Además, el mecanismo pactado prevé que la ayuda gratuita se estipule finalmente según las leyes nacionales de cada país.
Más puntos
La nueva normativa trata varios puntos importantes. Establece un retorno voluntario de un periodo de 7 a 30 días para que los inmigrantes abandonen el país. Si hay riesgo de evadir la acción de las autoridades o para la seguridad nacional, el tiempo podrá ser inferior a siete días. La retención se fija en seis meses que pueden ampliarse a 18 en casos excepcionales para quien no coopere o cuando haya problemas para obtener la documentación de países terceros.
En el caso de los menores sin familiares, se debe tener en cuenta "el mejor interés" para ellos a la hora de decidir su expulsión. El texto establece que para devolver a un menor de edad a su país de origen debe entregarse a miembros de su familia, a un tutor o a una institución debidamente acreditada.
Incentivo español
La crisis económica ha provocado un cambio radical en la política del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que se apresta a dar incentivos económicos para repatriar a un millón de inmigrantes regularizados.
Al impulso para la contratación de miles de extranjeros en sus países de origen, hace menos de un año, se suma ahora un incentivo en dinero para que los inmigrantes que están en España se marchen.
Desde julio, el gobierno español ofrecerá a aquellos extranjeros regularizados que se encuentren en seguro de paro incentivos económicos para su salida voluntaria de España.
Los inmigrantes que acepten el retorno a sus países podrán cobrar todo el seguro de paro en sólo dos pagos: uno del 40% y otro del 60% del total. Lo que aún no se ha determinado es cuál de esos dos pagos se hará efectivo antes de que los extranjeros abandonen España y cuál cuando lleguen a su tierra natal. Todos los trámites se efectuarán a través del Servicio Público de Empleo Estatal.
El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, impulsor de la medida, ha estimado que abarcará a más de un millón de extranjeros. Sus cálculos se basan en la consideración del crecimiento del paro laboral actual, en combinación con el hecho de que quienes decidan acogerse a la oferta del Ejecutivo se llevarán consigo a familiares, que también ostentan un permiso de residencia.
A cambio de recibir los incentivos, los inmigrantes deberán renunciar a sus permisos de residencia y de trabajo, y comprometerse a no volver a España en los tres años siguientes. Cumplido ese plazo podrán solicitar su retorno, aunque el gobierno español se reserva el derecho a complacer o no su petición.
Estas medidas reflejan las expectativas de España de que en tres años la situación económica, que hoy se halla en apuros, mejorará y "entrará en una fase expansiva y de creación de empleo", en expresión de Corbacho.
La oferta española para los inmigrantes tiene una segunda parte que limita su alcance a los ciudadanos de los 19 Estados no comunitarios que tienen convenio de Seguridad Social con España, para que los retornados no pierdan sus derechos (de salud y jubilación, entre otros), adquiridos durante su estancia en el país. Eso excluye, por ejemplo, a los extranjeros procedentes del África subsahariana.
Corbacho ha encargado a la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración que mantenga conversaciones con el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y con entidades financieras para que los repatriados reciban "acompañamiento" en su restablecimiento en sus países de origen. Esto se efectuará en forma de microcréditos para que los inmigrantes puedan crear sus propios negocios.
"No tratamos de mandar a una persona en paro a su país sin más. Queremos preservar sus derechos y darle dos oportunidades: la de establecerse en su tierra y la de volver a España en el futuro".
En tal sentido se suma otra medida gubernamental a las anteriormente señaladas. Si, transcurridos de tres a cinco años, el extranjero decide retornar a España, podrá recuperar su situación administrativa que tenía antes de la repatriación, es decir, la residencia permanente y las ventajas relativas a la Seguridad Social.
Antes de que finalice julio los grupos parlamentarios accederán al borrador del decreto de retorno y, seguidamente, el gobierno deberá aprobarlo.
Uruguayos regulares
En España residen entre 70.000 y 80.000 uruguayos. Se estima que unos 10.000 carecen de permiso de residencia. Según informó la Casa Uruguay en Madrid, la situación laboral más difícil se da en el rubro de la construcción que es el que emplea a más uruguayos y a gran cantidad de ecuatorianos.
(Publicado por El País – España, 17 junio 2008)
_______________________