jueves, 5 de junho de 2008


Ley

Argentina: Genera polémica una ley que permite reasignar causas entre juzgados

El Poder Ejecutivo promulgó recientemente cuatro polémicas leyes que reforman cuestiones administrativas de la Justicia y generaron cierta preocupación en Tribunales. El cambio que más inquietud provocó es la facultad que se le da a la Cámara de Casación de quitarle una causa a un tribunal oral y enviarla a otro, con el argumento de la sobrecarga de trabajo.

"Se viola la garantía de juez natural", dijeron varios magistrados que pidieron reserva de sus nombres. En efecto, el artículo 9 de la ley 26.371 faculta a la Cámara de Casación a "reasignar, mediante sorteo, las causas en trámite ante los tribunales orales en lo criminal federal a fin de establecer una carga equitativa en las tareas y una distribución racional de las causas".

Se suponía que esta ley estaba destinada a agilizar las causas contra los represores por los crímenes de la dictadura. Sin embargo, la reasignación puede alcanzar a todo tipo de causas, según se desprende del texto de la norma. El temor es que se reasignen causas especialmente sensibles para el poder político.

"Es así. Bien utilizada, puede ser una herramienta para ordenar la proliferación de causas, pero mal utilizada, y en un ámbito de presiones al Poder Judicial, puede ser usada para sacar determinada causa a su juez natural", sostuvo el senador radical Ernesto Sanz.

"No le veo peligrosidad ni arbitrariedad a la ley. La reasignación de causas va a ser por sorteo", explicó en defensa de la norma la diputada oficialista Diana Conti. "Es claramente inconstitucional", expresó el abogado penalista Hugo Wortman Jofré, quien se mostró preocupado por otra de las leyes promulgadas, la 26.373, porque impide iniciar un juicio oral mientras no estén resueltos todos los recursos de apelación que haya en esa causa.

"Esto es una especie de institucionalización del fórum shopping", dijo un magistrado que pidió no ser identificado. El "fórum shopping" es el nombre que se le dio al mecanismo que permite hacer recaer una denuncia en un tribunal predeterminado a través de los turnos que los juzgados tienen con las comisarías, conocidos de antemano en Tribunales.

"Yo estaba convencido de que era para alivianar causas de derechos. Es un disparate. Pero lo peor de esta ley es que deja virtualmente sin efecto el traspaso de la Justicia nacional de la Capital a la Ciudad de Buenos Aires, y sin transferencia de Justicia no va a haber transferencia de Policía", expresó el diputado radical Oscar Aguad, quien refirió así a la creación de una Cámara de Casación para la Justicia nacional en el ámbito porteño, también prevista por la Ley 26.371.

Conti, titular de la Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura, firmó el llamado a concurso de los diez cargos de juez que prevé la nueva Cámara de Casación. La ley también es objetada aquí porque prevé un trámite "abreviado" en la selección de los magistrados. El tribunal comenzará a regir cuando se le asignen las partidas presupuestarias correspondientes.

También existe preocupación en las cámaras de apelaciones porque las nuevas normas obligan a realizar en forma oral todas las apelaciones que les lleguen y a resolver cada caso 3 días después de la audiencia. "Materialmente no dan los tiempos y las audiencias van a tener que fijarse para meses y meses más adelante", expresó un camarista. Las otras dos leyes promulgadas son la 26.372 (sobre las subrogancias de los juzgados vacantes) y la 26.374 (sobre recusaciones).

Antecendentes

El paquete de leyes promulgado el último viernes por el Poder Ejecutivo había sido aprobado por el Senado el 22 de mayo y trascendió públicamente por la creación de un fondo de recompensas para quienes aporten datos sobre represores prófugos de la Justicia.

Las
leyes fueron pensadas originalmente para acelerar las causas sobre derechos humanos pero posteriormente se le incorporaron partes e ideas de un anteproyecto de ley de reforma del Código Procesal Penal entregado el año pasado por una comisión especial al por entonces ministro de Justicia, Alberto Iribarne.

(Publicado por El Clarín – Argentina 4 junio 2008)

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