Emigración
Europeos analiza retirar asistencia jurídica a los sin papeles y retención corta por ilegales
Los representantes de los Veintisiete Estados miembros fracasaron ayer en su intento de alcanzar un acuerdo sobre la directiva de retorno de emigrantes sin papeles, situación en la que se encuentran cerca de ocho millones de personas en la UE. La iniciativa fracasó por el rechazo del texto consensuado con el Parlamento Europeo, porque 10 países exigieron incluir condiciones aún más duras a las acordadas.
La próxima semana se intentará de nuevo alcanzar un pacto, pero con muy pocas posibilidades de éxito, según fuentes comunitarias. Si se introducen las numerosas medidas de endurecimiento propuestas por Italia, Francia, Alemania, Austria, República Checa, Hungría, Malta, Lituania, Grecia y Polonia, el Parlamento Europeo exigirá en contrapartida sus reivindicaciones, que exigían un trato más favorable y garantista para los emigrantes en situación irregular. En la reunión de los embajadores se manifestaron a favor del texto de consenso de la directiva España, Luxemburgo, Suecia y Holanda.
La reunión se inició con las manifestaciones de oposición de Francia y Alemania, lo cual animó a otros países a presentar sus reservas y afloraron de manera explícita las ideas sobre los emigrantes de algunos Gobiernos, como el francés.
Los argumentos de rechazo se articularon en cinco grupos. Alemania, Austria y Grecia rechazaron tener que asumir los costes de la asistencia jurídica de los sin papeles. República Checa, Francia y Hungría pidieron un plazo menor al previsto, de 7 a 30 días, para los casos de salida voluntaria de los inmigrantes sin papeles. El tercer argumento lo abanderó Francia, que se opuso también a las garantías a los menores que se encuentran en edad escolar. El Gobierno francés quiere poder expulsar a los menores con independencia de su situación escolar, sin esperar al final del curso, según indicaron fuentes comunitarias. En cuarto lugar, Austria, Polonia, Malta y la República Checa rechazaron el pacto por estimar que eran demasiado prolijos los mecanismos de seguimiento y de control de las expulsiones. En definitiva, querían menos garantías para los inmigrantes. Finalmente, varios Gobiernos pidieron que los extranjeros expulsados de un país comunitario no puedan volver a dicho país durante un periodo más largo de los cinco años que establece la propuesta de directiva.
Por la mañana, en el Parlamento Europeo se celebró un seminario en el que se pudieron apreciar las amplias diferencias existentes entre los grupos. El ponente Manfred Webber, del PPE, defendió el texto "como un avance en la buena dirección", señalando que el establecimiento de un límite de seis meses de detención, ampliable a 18 en casos especiales, suponía una mejoría porque en nueve Estados no existe límite y "la UE quiere evitar una detención ilimitada". Webber definió los centros de internamiento como "instrumentos para hacer presión psicológica a los detenidos".
El representante de los socialistas, Claudio Fava, aseguró que su grupo votaría en contra de la directiva, a la que calificó de "degeneración jurídica que trataba a los inmigrantes como una subespecie humana". También Giusto Catania, de Izquierda Unitaria, manifestó su total rechazo "al alargamiento de los plazos de 6 a 18 meses a personas que sólo han cometido faltas administrativas en centros que son peores que cárceles".
Jean Lambert, de Los Verdes, se mostró también en contra, "porque esta directiva draconiana permite el internamiento de menores". Su correligionario Raül Romeva considera que "todo el planteamiento de la emigración está equivocado". "Habría que pensar primero en nuestras necesidades y regularizar las situaciones y no sólo en las expulsiones", dijo.
A media mañana, se celebró una concentración de protesta convocada por varias ONG a la que asistieron varios cientos de personas. Antonio Hernando, portavoz socialista de la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, manifestó: "Nuestro interés es seguir trabajando para mejorar la directiva en el Consejo y en el Parlamento. Queremos un procedimiento común para todos los países, pero tiene que haber intervención judicial en el proceso porque nuestra legislación es garantista. También queremos una protección especial para los menores, porque nuestras leyes les protegen de manera especial".
España ampliará el plazo
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha defendido hoy que la directiva europea sobre inmigración que actualmente debaten los estados miembros permitirá a España ampliar el plazo máximo de internamiento de los extranjeros que entren en el país irregularmente para facilitar las repatriaciones.
El ministro asegura que la ley española supera los mínimos que fija la directriz
En declaraciones a la Cadena Ser, Pérez Rubalcaba ha querido dejar claro que la nueva normativa comunitaria, que ayer no logró el consenso de los Veintisiete por el rechazo frontal de diez de sus países con Alemania y Francia al frente, no supondrá en ningún caso un recorte de derechos para España.
El nuevo reglamento, ha añadido, ofrece un acuerdo de mínimos obligatorios para todos ya que actualmente hay algunos países de la UE donde el trato a los inmigrantes irregulares no está legislado y carece de la necesaria tutela judicial. No obstante, estos extremos no se dan en España, ha destacado el ministro, gracias al carácter garantista de la ley española en lo que respecta a los derechos de los sin papeles, situación en la que se encuentran actualmente 8 millones de personas en la Unión.
En este sentido, Pérez Rubalcaba ha descartado que si la normativa a debate en Bruselas sale finalmente adelante vaya a suponer cambios en la ley española en vigor, ya que ésta incluye actualmente e incluso supera en algunos casos las garantías y derechos que propone la directriz comunitaria.
Para tratar de echar algo de luz sobre un tema tan visceral y complejo, el ministro ha recordado que en España el proceso de internación de inmigrantes irregulares ya está bajo dirección judicial, algo que propone la UE aunque, según ha reseñado, en la nueva norma sólo se habla de la "tutela" de los jueces.
De este lado, tras recordar que el internamiento en centros de los inmigrantes persigue la repatriación de los sin papeles, Pérez Rubalcaba ha asegurado que la ley europea propone un plazo máximo de permanencia en los mismos de 6 meses para garantizar que se da el tiempo necesario para llevar a cabo las devoluciones, un proceso "dolorosísimo" y en el que "todo el mundo -en referencia a los extranjeros y a los países de origen- arrastra los pies", en palabras del ministro.
Por ello, el responsable del control de las fronteras y la seguridad en territorio español ha apuntado que este plazo máximo permitiría al Gobierno ampliar "algo más" los 40 días que actualmente puede estar un inmigrante irregular en un centro de internamiento -tiempo que sólo supera a los 32 días de Francia y Chipre- para "sortear las dificultades" que se presentan durante el proceso. En cualquier caso, ha recordado que España es uno de los países que más repatría actualmente.
Frente a la negativa de algunos países a la normativa europea, Pérez Rubalcaba ha vinculado su postura al temor de sus respectivos gobiernos de "ver constreñida su capacidad de actuación", ya que, ha enfatizado, en varios Estados de los Veintisiete los procesos de internamiento sólo están controlados por las administraciones públicas. Algo que desaparecería si la directriz sale adelante otorgando garantías judiciales a todos los extranjeros que entren de manera irregular en la UE.
(Publicado por El País – España, 8 mayo 2008)
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