Demanda
La Suprema de Ecuador archivó el juicio por la compra de armas a Argentina
El martes pasado, la Cámara Nacional en lo Penal Económico de Argentina resolvió iniciar un juicio oral en contra del ex presidente Carlos Menem por “contrabando calificado” de armas. Mientras, en Ecuador el caso fue archivado en la Corte Suprema por pedido del ex fiscal Jorge German.
En 1995, durante el conflicto armado entre Ecuador y Perú, el Ecuador compró 8 000 fusiles Fal y 10 millones de proyectiles por US$ 7 300 000. Esto, pese a la prohibición internacional de que ambos países compren armas.
El 10 de febrero de ese año, el ministro de Defensa, general José Gallardo, firmó el contrato en calidad de representante legal de la Honorable Junta de Defensa Nacional. Las garantías económicas de la compra fueron presentadas por el ecuatoriano Roberto Sassen Van Elsloo, quien aseguró que el ex presidente Carlos Saúl Menem estaba completamente al tanto de la negociación; por ello, la justicia argentina consideró valioso el testimonio de Sassen.
El dinero fue depositado en la cuenta de César Torres Herboso, quien fue el proveedor ecuatoriano de la compra.
Los primeros 4 998 fusiles que llegaron al país fueron enviados a la Brigada Blindada Galápagos, en Riobamba, para que sean entregados a los reservistas que debían ir al combate fronterizo. Cuando se limpió el armamento se descubrió que era usado.
Por ello, el 12 de julio de 1995, el Comandante General del Ejército presentó un reporte al Jefe del Comando Conjunto, Víctor Bayas. “Se puede concluir que los fusiles no son nuevos y que ya han sido usados. Con respecto a la munición, su aspecto exterior de oxidación demuestra que su almacenamiento no ha sido el más adecuado”. Ante la estafa, el 19 de julio de 1995, se notificó al contratista, Torres Herboso, la terminación unilateral del convenio y la ejecución de las garantías.
La empresa ecuatoriana Seguros Equinoccial cumplió su parte: pagó las garantías del contrato a las FF.AA., que hasta el 6 de julio de 1998 eran de US$ 7 975 000.
Sin embargo, también se inició un proceso legal en contra de Gallardo, Bayas, Sassen, Torres Herboso y del francés Jean Bertrand Lasnaud, acusados de supuesto peculado.
Gallardo aseguró que en el proceso no hubo ningún beneficiario de la compra de armamento, y que su denuncia evitó que se cometa una estafa al país, porque se cobraron las garantías y se recuperó el dinero. No obstante, lo que la Junta de Defensa pagó a Torres nunca fue recuperado.
El caso pasó por varias instancias judiciales. Se inició el 10 de septiembre con el fiscal Carlos Morales, pero por el fuero de Gallardo, el caso pasó a la fiscal general, Mariana Yépez. El 21 de noviembre del 2003, se inició la instrucción fiscal en contra de todos los implicados. En el 2005, el caso se reactivó. El entonces presidente de la Corte, Guillermo Castro, ordenó a la Policía el arresto de Gallardo, pero fue liberado por un recurso de hábeas corpus, dado por el alcalde Paco Moncayo.
Con la caída de la ‘Pichi’ Corte, el proceso fue resorteado y pasó a conocimiento de la Segunda Sala Penal de la Suprema. En el 2006, sus magistrados decretaron la nulidad del proceso, lo que fue apelado por la Fiscalía y pasó a la Tercera Sala Penal, donde se confirmó la nulidad de la causa.
Para confirmar o negar este fallo, el Presidente de la Corte Suprema debía conocer el proceso. Sin embargo, en agosto del 2007, el ex fiscal general del Estado, Jorge German, pidió al entonces titular de la Corte, Jaime Velasco, que se archive la causa, porque Gallardo y los otros cuatro implicados también eran indagados por la Corte Superior de Justicia Militar.
En la providencia enviada a la Suprema, German señaló que “ninguna persona puede ser juzgada dos veces por un mismo delito”, por lo que pidió que se archive la causa. En septiembre del 2007, en una providencia de cuatro líneas, Velasco aceptó la petición y ordenó el archivo del juicio. Esto, pese a que en la Corte Militar se siguió el juicio por un delito diferente al peculado.
Además, en la Corte Militar solamente fueron encausados Sassen y Torres. El delito fue atentar contra la seguridad interna y externa del Estado, ya que contrataron la adquisición del armamento en condiciones totalmente distintas a las ofertadas a la Junta de Defensa. Sassen y Torres tienen una orden de prisión en su contra, pero se encuentran prófugos por lo que el proceso está suspendido.
Mientras tanto, Gallardo, Bayas y Bertrand Lasnaud fueron absueltos, sin que se conozca todavía quién se benefició con los US$
7 300 000 pagados por la Junta de Defensa, en febrero de 1995.
(Publicado por El Comercio – Ecuador, 5 mayo 2008)
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