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Chile: Ministros y presidente de Corte Suprema zanjarán polémica por Centro de Justicia
En una reunión entre los ministros de Obras Públicas, Sergio Bitar; de Justicia, Carlos Maldonado, y el presidente de la Corte Suprema, Urbano Marín, se zanjará finalmente la polémica por la ocupación definitiva de los bloques faltantes del Centro de Justicia de Santiago, la llamada Fase II, que todavía no son recibidos por el Poder Judicial debido a que persisten problemas de climatización.
Ello, después que ayer salió el director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, Miguel Sánchez, a recordar al titular de Obras Públicas (MOP), Sergio Bitar, que fue esa cartera la que se comprometió el 21 de junio pasado (Eduardo Bitran era ministro) a que "instruirá que se efectúen en los edificios centrales del Centro de Justicia de Santiago las obras adicionales que resulten necesarias para obtener una completa solución de las actuales insuficiencias de las instalaciones de climatización de dichos edificios", cuyos costos tendrán el carácter de adicionales.
Es el tema de las platas para financiar los arreglos requeridos el que ha generado los mayores roces entre las distintas instituciones involucradas, esto es, Obras Públicas, Ministerio de Justicia y Poder Judicial.
Según dijo a "El Mercurio" el ministro Bitar, solucionar el problema de climatización cuesta entre 910 mil y 22,7 millones de dólares, y agregó que los dineros los debe poner el sector Justicia, porque es el mandante de las obras.
Para la Corporación Administrativa del Poder Judicial la situación no es tal, ya que ellos manejan cifras menores, de poco más de 7 millones de dólares, y tal como lo muestran los oficios intercambiados con el ministro de Obras Públicas, la última del 21 de junio de 2007, esa cartera se compromete a efectuar las obras adicionales que sean necesarias, una vez que se concuerde con el Poder Judicial la opción más conveniente.
Para la Corporación el tema de la climatización no es sólo un capricho de los jueces por tener aire acondicionado, sino que un informe elaborado por una empresa privada por encargo del MOP demuestra que las deficiencias existentes afectan también al público que acude a los juzgados y a los funcionarios que laboran en las distintas salas.
Mientras tanto, reclaman, siguen pagando $65 millones mensuales de arriendo por el edificio de Huérfanos, donde están los juzgados.
En el Ministerio de Justicia, en tanto, les molestó que se señale que ellos tienen que poner los dineros por ser los mandantes, cuando el que actuó como tal ante la empresa constructora fue Obras Públicas.
(Publicado por El Mercurio – Chile, 10 abril 2008)
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