Ecuador acusa a Colombia en La Haya

La crisis entre Ecuador y Colombia se agudiza. Ayer, el Gobierno ecuatoriano entregó ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya una demanda contra Colombia, por los efectos de las aspersiones aéreas en la frontera.

Si bien Ecuador explicó que es una "coincidencia" que la demanda fuese presentada en pleno conflicto con Colombia, a la luz de los hechos se constituye en otro elemento que crispa más la relación. Entre otras razones, porque el fin de semana el presidente Rafael

Correa había anunciado que el lunes (ayer) su gobierno daría una respuesta “contundente” al gobierno de Álvaro Uribe, por su “soberbia” y sus "atropellos", al justificar la incursión del 1 de marzo y vincular a Quito con las FARC. Sin embargo, la Cancillería señaló que "la proximidad entre la presente demanda y las resoluciones de la OEA y de los jefes de Estado es absolutamente fortuita".

En el Salón Amarillo del Palacio de Carondelet, la canciller María Isabel Salvador informó que la misión ecuatoriana en Holanda entregó a la Corte Internacional de Justicia la demanda contra Colombia, por las fumigaciones.

En esencia, el Gobierno de Correa busca tres pronunciamientos por parte de La Haya. Uno, que declare que Colombia "ha violado la soberanía y la integridad territorial del Ecuador, en contravención del derecho internacional, por su práctica de aspersiones aéreas, que ha causado daños al país, su población y medioambiente".

Dos, el Ecuador busca que la Corte Internacional dicte "una orden para que Colombia se abstenga en el futuro de realizar aspersiones a una distancia de 10 kilómetros desde la frontera". Tres, el Gobierno espera "una orden de que Colombia pague reparaciones a Ecuador por el daño causado por las aspersiones ilegales".

Durante la argumentación para la presentación de la demanda, la canciller Salvador señaló que la población fronteriza ha sufrido durante siete años impactos por las fumigaciones aéreas de Colombia. Sus palabras se refieren a que el programa de aspersiones con glifosato del vecino del norte se ejecuta desde el 2000 en el marco del Plan Colombia. Ese plan, financiado por Estados Unidos, busca erradicar con los cultivos ilícitos de coca y, así, cortar las actividades del narcotráfico que financian a las FARC.

"El derecho internacional prohíbe que un Estado cause daño a la población de un Estado vecino y más aún dentro del territorio de este último", sostuvo Salvador.

Por su parte, anoche, el Gobierno colombiano rechazó la demanda. En un comunicado, señaló que las FARC han sido los "principales promotores de cultivos ilícitos y quienes manipulan a la población a protestar por cualquier iniciativa para erradicar dichos cultivos".

Además, señaló que de momento no hay aspersiones aéreas, sino erradicación manual.

Quito recibe datos incompletos

El Gobierno ecuatoriano cuestionó ayer los datos entregados por Colombia, que supuestamente pertenecen a los computadores de ‘Raúl Reyes’, segundo al mando de las FARC, abatido el 1 de marzo en Ecuador.

A través de un comunicado, la Cancillería ecuatoriana aseguró que recibió "copias impresas y no la versión digital de los documentos" y que no abarca toda la información de los supuestos ordenadores del abatido ‘Reyes’.

Además, el Ministerio de RR.EE. aseguró que la información colombiana no incluye "datos técnicos sobre soportes lógicos, hardware y transmisión de datos, también solicitados por el Estado ecuatoriano". El comunicado precisó que Ecuador ha pedido al Gobierno de Bogotá esa información completa.

Asimismo, la Cancillería informó que recibió la documentación sobre los supuestos nexos con las FARC de Franklin Aisalla, que murió el 1 de marzo. El Ministerio explicó que transfirió esos datos a la Policía. Los datos llegaron desde Colombia el pasado sábado.

El equipo nacional

El ex canciller Diego Cordovez fue nombrado representante del Ecuador en la demanda ante La Haya.

El equipo es completado por los abogados: Pierre-Marie Dupuy (Universidad Internacional Europea de Florencia), Philippe Sands Q.C. (University Colegge London), Alan Boyle (Universidad de Edimburgo), Paul Reichler (firma Foley Hoag LLP de Washington) e Íñigo Salvador (Universidad Católica de Quito). Este último es hermano de la Canciller ecuatoriana.

Ecuador dice que La Haya tiene jurisdicción para conocer la demanda. Su argumento es que ambos países son parte del Pacto de Bogotá, que señala a ese organismo para dirimir diferencias.

(Publicado por El País – España y El Comercio – Ecuador, 1 abril 2008)
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