jueves, 6 de março de 2008


Demanda

Colombia: Uribe constituye grupo de abogados para demandar a Chávez ante La Haya

El presidente colombiano, Álvaro Uribe, conformó este miércoles una comisión jurídica para asesorar la demanda que presentará contra su homólogo venezolano Hugo Chávez en la Corte Penal Internacional (CPI) por presunto fiananciamiento a las FARC, informaron fuentes oficiales.

Los cuatro expertos se reunieron con Uribe en el palacio presidencial, y tras la cita anunciaron que existe suficiente acervo para enjuiciar a Chávez por apoyar a un grupo, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), responsable de crímenes contra la humanidad.

"Colombia dispone de suficiente información que le permitiría demostrar que un jefe de Estado extranjero, el presidente Chávez, ha prestado una colaboración intencional y sistemáticamente a una organización terrorista como son las FARC", dijo en rueda de prensa el internacionalista Vicente Torrijos.

Añadió que dicho apoyo ha tenido como propósito "lanzar desde Venezuela ataques graves contra la población colombiana que se pueden resumir bajo el concepto de crímenes de lesa humanidad, y que se basan en un proyecto político, económico, estratégico y territorial conjunto".

"Colombia se siente en la capacidad para llevar al presidente Chávez ante la CPI para que reciba, si así lo determinase la Corte, el castigo correspondiente, y se pudieran entonces restablecer las relaciones de armonía y de solidaridad entre nuestros pueblos", sostuvo.

El martes, Uribe anunció que demandará a Chávez "por patrocinio y financiación de genocidas", a raíz de la supuesta entrega de 300 millones de dólares a las FARC (marxistas).

Una comisión asesora de relaciones exteriores, integrada por los ex presidentes colombianos, había pedido el martes a Uribe reconsiderar su decisión, según el ex mandatario Ernesto Samper (1994-1998).

El canciller venezolano, Nicolás Maduro, tildó de "risible" y "burdo" el expediente que presentará Colombia basado en documentos incautados al número dos de las FARC, Raúl Reyes, tras ser abatido el sábado durante una incursión militar colombiana en territorio ecuatoriano.

Ese operativo llevó a Quito a romper relaciones con Bogotá, mientras que en solidaridad Chávez cerró su embajada en Colombia y expulsó al personal diplomático colombiano en Caracas.

Prudencia

El ex mandatario colombiano, Ernesto Samper, señaló que el presidente colombiano Alvaro Uribe revisará su decisión de demandar al mandatario venezolano Hugo Chávez ante la Corte Penal Internacional por financiar supuestamente el terrorismo, a solicitud de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores.

"El presidente recibió con talante democrático estas observaciones y ofreció que haría unas consultas con una comisión de juristas para revisar o examinar más a fondo su posición", señaló Samper a radio Caracol.

Indicó que la mayoría de los miembros de la CARE, que integran los ex gobernantes y ex cancilleres, le planteó a Uribe reconsiderar la demanda durante una reunión el martes en la que analizaron la crisis diplomática con Ecuador y Venezuela.

Esas personalidades le manifestaron a Uribe que su decisión tiene inconvenientes políticos y jurídicos, y que se debe privilegiar una salida diplomática al diferendo con Quito y Caracas, originado en una incursión militar colombiana a Ecuador, el sábado, en la que murió el número dos de la guerrilla de las FARC, Raúl Reyes, comentó el ex presidente.

"Este fue el punto de mayor controversia dentro de la comisión", afirmó Samper, indicando que también "hubo posiciones diferentes" sobre el operativo en territorio ecuatoriano, pese a lo cual la comisión apoyó unánimemente a Uribe "en sus gestiones internacionales frente al caso de Venezuela y Ecuador".

Camino difícil

Previamente a la demanda deben cumplirse algunas etapas, largas y complejas, dicen otros juristas.

La primera es que la justicia colombiana decida si procesa y juzga a Chávez por la supuesta financiación del presidente venezolano a la guerrilla izquierdista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que ha denunciado el gobierno de Colombia.

Si los fiscales y jueces colombianos no pueden o no quieren administrar justicia en ese caso, entonces sí podría entrar a hacerlo la CPI.

Pero, antes la CPI debe verificar si el delito por el cual sea denunciado Chávez hace parte de su mandato.

Inicialmente, el presidente colombiano Álvaro Uribe dijo que iba a denunciar a Chávez por "patrocinio del genocidio" y después, el embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Camilo Ospina, habló de "financiamiento directo a grupos terroristas".

Las figuras de acusación

Durante el gobierno de Pastrana, Colombia utilizó una salvedad para sustraer a la CPI.

"Definitivamente, la denominación patrocinio del genocidio' no se encuentra en las normas del derecho penal internacional", le dijo a BBC Mundo el abogado y profesor universitario Mario Madrid-Malo, un experto en derechos humanos.

Madrid-Malo explicó que el Estatuto de Roma, que le dio vida a la CPI, sólo contempla genocidio mediante matanza, mediante lesión grave a la integridad física o mental, mediante sometimiento intencional a condiciones de existencia que acarrean destrucción física, mediante imposición de medidas destinadas a impedir nacimientos y mediante el traslado de niños por la fuerza.

El experto agregó que la CPI tampoco es competente para investigar el delito de terrorismo, sobre cuya denominación no hay consenso en la comunidad internacional.

Críticas

El senador Gustavo Petro, del opositor Polo Democrático Alternativo, quien participó en la aprobación de la reforma constitucional en la que Colombia aceptó la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, calificó el anuncio del presidente Uribe como "una postura delirante".

Definitivamente, la denominación 'patrocinio del genocidio' no se encuentra en las normas del derecho penal internacional

"Demuestra una enorme ignorancia del presidente (Álvaro Uribe) sobre la Corte Penal Internacional. Estamos estrellándonos contra el mundo", le dijo el legislador a BBC Mundo.

Petro sostuvo que la CPI no juzga a los cómplices, sino a los autores de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

Según el senador, para que la CPI entre a procesar a Chávez se necesitaría que el propio Uribe reconociera que la justicia colombiana no opera y por eso se requiere a la Corte Penal Internacional.

El dirigente político sostiene que la justicia colombiana ha sido incapaz de juzgar los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el genocidio y que por esa razón se le ha pedido a Uribe que reconozca la incapacidad del sistema a fin de que pueda actuar la CPI. "Uribe nunca ha querido", dijo.

La decisión de denunciar a Chávez también produjo reacciones en el Partido Liberal, el principal de la oposición. Su vocero ante el Senado, Héctor Helí Rojas, dijo que se trata de "un apresuramiento" que "profundiza la crisis".

"La Corte Penal Internacional no está para directamente investigar y juzgar esos eventos", añadió Rojas.

La salvedad de Colombia

Colombia usó una salvedad contemplada en el Estatuto de Roma para sustraer a la CPI, durante siete años, del conocimiento de crímenes de guerra ocurridos en el país.

Para el senador opositor Petro, Uribe "demuestra una enorme ignorancia sobre la CPI".

Esa salvedad se invocó en agosto de 2002 por parte del presidente Andrés Pastrana y se dijo que pretendía facilitar el camino para eventuales negociaciones de paz con los grupos armados irregulares.

En el caso de una denuncia contra Hugo Chávez, Mario Madrid-Malo explicó que la Corte Penal Internacional sí es competente para procesar y juzgar a jefes de Estado y de gobierno.

La Corte Penal Internacional no está para directamente investigar y juzgar esos eventos

Mientras el profesor de derecho internacional Enrique Gaviria Liévano le dice a BBC Mundo que la mejor manera de solucionar el conflicto diplomático con Ecuador y Venezuela es mediante el diálogo, Petro asegura que se necesita un pacto regional.

El senador explicó que ése debe ser un acuerdo político, "donde el gobierno de Colombia se comprometa a no violar la soberanía de otros estados en desarrollo del conflicto interno, pero también donde los gobiernos extranjeros se comprometan a no ingerir en el conflicto colombiano", dijo.

(Publicado por EFE y la BBC, 6 marzo 2008)
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