Restitución
Pena de muerte desata polémica en Guatemala
El restablecimiento de la pena de muerte, decidida el martes por el Congreso de Guatemala, fue rechazada ayer por organizaciones humanitarias pero aplaudida por otros sectores que la consideran un elemento disuasivo para la delincuencia.
“La pena de muerte es cruel, inhumana y degradante por excelencia. Es arbitraria, su ineficacia para reducir la delincuencia está demostrada y perpetúa un clima de violencia en el que nunca se puede alcanzar realmente la justicia”, señala un comunicado de la organización Amnistía Internacional (AI).
El boletín de prensa, que le atribuye declaraciones a Sebastián Elgueta, investigador de Guatemala en AI, agrega: “Hace precisamente dos meses, Guatemala votó en las Naciones Unidas a favor de una suspensión mundial de las ejecuciones. El presidente Álvaro Colom debe respetar ahora este compromiso”.
La aprobación. El martes el Congreso de Guatemala aprobó, con el respaldo de 131 de 134 diputados presentes en la sesión, una ley en que restablece el recurso de gracia, o indulto, el cual estaba suspendido desde el año 2000 y había provocado un vacío legal que impedía la aplicación de la pena capital, vigente en esa nación.
“Guatemala debe dar la espalda a esta arcaica práctica y unirse a la abrumadora mayoría de países que ya lo han hecho”, subraya el comunicado, en el que también instan al mandatario guatemalteco a buscar soluciones más eficaces y duraderas para la crisis de seguridad pública que afecta al país.
En el mismo sentido se pronunció la Fundación Myrna Mack, que aboga por abolir la pena capital, aunque, según la analista de dicha organización Carmen Aída Ibarra, son respetuosos de la normativa vigente en Guatemala.
“Nosotros abogamos por la abolición de la pena capital”, reiteró la activista humanitaria, quien reconoció que “la sociedad quiere soluciones drásticas como la pena de muerte, los linchamientos o las ejecuciones extrajudiciales”.
Por su parte, para la diputada Roxana Baldetti, del derechista Partido Patriota (PP), la pena como herramienta constitucional hay que “usarla para paliar el clima de inseguridad que tiene al país de rodillas, por lo que hay que aplicarla con todo su rigor”.
En tanto, el presidente del influyente Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), Carlos Zuñiga, supone que la aplicación de la medida no será un disuasivo, pero sí aprueba que se aplique.
“Aquí es algo muy simple, la ley hay que aplicarla. Si existe pena de muerte hay que cumplirla”, afirmó el dirigente del sector privado guatemalteco.
En Guatemala la pena capital se puede aplicar en los casos de secuestros en que fallece la víctima, o bien en asesinatos en los que hayan agravantes necesarios para aplicarla, se recordó ayer.
Guatemala es la nación centroamericana con el mayor índice de asesinatos, en donde se registran 16 diarios. La mayor parte de los crímenes está dirigida contra choferes del transporte público.
(Publicado por La Nación – Costa Rica, 14 febrero 2008)
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