Proceso
Argentina: Doce banqueros, acusados de irregularidades con el corralito
Doce banqueros argentinos y extranjeros deberán declarar como imputados en una investigación sobre manejos irregulares del dinero que quedó en el corralito financiero previo a la caída del gobierno de Fernando de la Rúa. Se los acusa de haber engañado a los ahorristas y de haber girado al exterior cientos de millones de pesos provenientes de esas cuentas.
Ordenó estas indagatorias el juez federal Sergio Torres. Los banqueros -informaron fuentes judiciales a Clarín- están citados para los primeros días de marzo. La causa se inició en 2002 por la denuncia de un jubilado contra el banco Sudameris. Y ya les valió a varios de los imputados una prohibición de salir de país.
Los banqueros argentinos convocados por Torres son: Carlos Fredigotti Góngora (Citibank), Manuel Sacerdote, Víctor Zerbino y Juan Manuel Sacerdote (Boston), Eduardo Escasany y Antonio Garcés (Galicia), José Dagnino Pastore y Carlos González Taboada (Sudameris). Los extranjeros, William Sutton y Alan McDonald (Scotia), Ana Botín Sanz y Enrique Cristofani (Río), más quienes resulten identificados como responsables del Banco Francés BBVA y HSBC.
Anunciado por el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, el 1º de diciembre de 2001, el corralito -ampliado luego al corralón- implicó la restricción a la extracción de dinero en efectivo de plazos fijos, cuentas corrientes y cajas de ahorro. El objetivo declarado fue evitar la salida de dinero e impedir el colapso del sistema bancario.
Mariano Bergés, en ese momento juez de Instrucción, fue el primero en tomar el caso que ayer desembocó en estas indagatorias. Realizó allanamientos a seis bancos y en 2003 quiso indagar a De la Rúa, a Cavallo y a Mario Blejer, ex presidente del Banco Central. Los interrogatorios nunca se realizaron y Bergés terminó apartado de la causa.
Torres ahora intenta esclarecer, en primer lugar, si los bancos realizaron una publicidad engañosa al promocionar una posición solvente que no tuvieron y, en vez de reintegrar los ahorros, giraron ese dinero a sus filiales o casas matrices en el exterior. Los delitos en los que podría encuadrarse esta conducta son los de administración fraudulenta y retención indebida, entre otros.
La imputación inicial contra los banqueros abarca los posibles delitos de "subversión económica" y "lavado de dinero"; también alcanzaba a quienes tomaron la decisión política de instaurar el corralito. En 2005, la Cámara Federal porteña había confirmado una falta de mérito en favor de los banqueros, pero la investigación siguió adelante.
Torres también le mandó un oficio al Banco Central para que responda quiénes eran los directivos del Francés BBVA y del HSBC al momento de los hechos. A las presidencias del Senado y de la Cámara de Diputados, les pidió que le remitan las nóminas de los legisladores que debatieron la ley 25.561 -de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario- con la aclaración de quiénes votaron a favor y en contra de su sanción.
(Publicado por El Clarín – Argentina, 10 enero 2008)
_____________________