Sentencia
México: Preocupa fallo por entrega de agua a EE. UU.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisa a detalle las decisiones que adoptaron el ex presidente Vicente Fox y el presidente Felipe Calderón al aprobar pagos anticipados de agua nacional a Estados Unidos, para determinar si las medidas violan la Constitución.
El máximo tribunal del país, ese órgano que ha decidido hasta la hora que debe imperar en el país —en el juicio que promovió el ex jefe de gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador en contra del horario de verano— y los lugares en los que se debe tirar la basura, ahora también definirá los lineamientos que se deben de seguir para repartir el agua sin violentar las garantías de la población, por tratarse de un recurso estratégico para la soberanía del país.
Si en el sur los abundantes caudales de los ríos generan constantes problemas por las inundaciones que provocan, en el norte del país el reparto del agua, insuficiente, que se almacena en las presas y que llega al río Bravo, ha detonado un conflicto que enfrenta a agricultores y al gobierno de Tamaulipas con la Federación. Un conflicto que se salió de los causes políticos por los que normalmente había fluido en las últimas décadas y que se trasladó a tribunales.
En una decisión inusual ocho asociaciones de agricultores del norte de Tamaulipas y el gobernador de esa entidad, Eugenio Hernández Flores, demandaron a las administraciones del ex presidente Vicente Fox y del presidente Felipe Calderón por haber aprobado pagos anticipados de agua al gobierno de Estados Unidos.
Los agricultores aseguran que tanto Fox como Calderón acordaron la entrega de supuestos excedentes de agua generados del lado mexicano en los últimos años, los cuales no estaban contemplados en el tratado firmado entre ambas naciones.
En respuesta a sus demandas, la Corte inició una revisión para determinar si el pago anticipado de agua a Estados Unidos es una medida ilegal o está contra lo establecido en la Constitución mexicana.
Se espera que en el transcurso del año la SCJN decida si el gobierno mexicano debe o no continuar en el futuro con los pagos anticipados de agua. De manera primordial, también se prevé que someta a revisión el Tratado sobre Distribución de Aguas entre México y Estados Unidos firmado en 1944.
Esta, se asegura en la Corte, será una de las sentencias más importantes que emita durante 2008 y es uno de los temas que más ha generado preocupación en el gobierno, por el impacto en la relación con Estados Unidos.
Dos juicios claves
Un grupo de agricultores de la zona norte de Tamaulipas fue el primero en cuestionar el pago anticipado de agua al país vecino del norte, el cual logró que el Pleno del máximo tribunal del país atrajera, el 4 de septiembre de 2007, un juicio de amparo que los agricultores promovieron en contra de las decisiones de diversas secretarías y dependencias del gobierno federal en 2005, durante la gestión de Fox, de dar 510 millones de metros cúbicos de agua a Estados Unidos.
La revisión de este juicio se le turnó al ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, el 29 de noviembre pasado, un par de semanas antes de que terminara el segundo y último periodo de sesiones de la Corte en el 2007.
A Gudiño se le encomendó la tarea de realizar un proyecto de sentencia para que lo ponga a consideración del Pleno.
Pero se prevé que la resolución de este caso se aplace hasta conocer el resultado que tendrá un segundo juicio que se promovió por el mismo motivo.
En octubre de 2007, un mes después de que la Corte atrajera el caso de los agricultores, la ministra Olga Sánchez Cordero aceptó un nuevo juicio ligado con el tema.
Se trató del juicio de controversia constitucional que presentó el gobernador de Tamaulipas en contra del presidente Calderón y varios funcionarios por avalar ese mismo mes otro pago anticipado de agua, esa vez por 277 millones de metros cúbicos.
En ambos casos, de acuerdo con la solicitud de la facultad de atracción 2/2007 y de la demanda de controversia registrada como 84/2007, de las cuales tiene copia este diario, tanto los agricultores como el gobernador, argumentan que la medida aprobada por la Federación “es ilegal y violatoria de la Constitución”.
En los dos juicios se alega que el tratado firmado entre ambos países no contempla el pago anticipado de agua y que dicho pago se realizó con base en un convenio que realizó el gobierno federal sin aval del Senado.
Sin embargo se prevé que la Corte primero resuelva el juicio de controversia que promovió el gobernador tamaulipeco, por tratarse de un caso que involucra a autoridades estatales y federales, y porque le permitirá fijar criterios que se puedan aplicar para otros juicios, como el de los agricultores, en los que el tema a discusión sea el mismo.
Hasta el momento, de acuerdo con fuentes de la SCJN, el juicio promovido por el gobernador es el que más preocupación ha generado entre funcionarios de distintos niveles del gobierno federal, de las secretarías de Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional del Agua.
Funcionarios han visitado a la ministra Sánchez Cordero pese a que el juicio apenas inicia la etapa de contestación de la demanda y de que se prevé que tarde en resolverse varios meses, para exponerle los riesgos que implicaría una decisión que afecte la relación con Estados Unidos.
Por la relevancia del caso y por el impacto que tendrá también en sus territorios, la ministra Sánchez Cordero emplazó a los gobiernos de los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Durango para que también participen en el juicio que promovieron las autoridades de Tamaulipas.
En respuesta a la demanda promovida por el gobernador Eugenio Hernández, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, María de Lourdes Aranda Bezaury, le entregó a la ministra Sánchez Cordero la documentación oficial que, en su opinión, avala los pagos anticipados de agua y que validan el tratado entre México y Estados Unidos.
Mientras que la Comisión Nacional del Agua le envió documentación que certifica que el pago anticipado no afectará de ninguna manera el abasto de agua potable a las ciudades fronterizas ni de los cultivos agrícolas en los distritos de riego del norte del país, ya que la prioridad en todo momento es atender las necesidades de agua de la población y de los productores del campo.
(Publicado por El Universal – México, 9 enero 2008)
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