Demanda
Bolivia: En Sucre piden un juicio contra el Presidente Morales
El Colegio de Abogados de Chuquisaca y familiares de las víctimas de noviembre pidieron ayer al Fiscal General el inicio de un juicio de responsabilidades contra el presidente Evo Morales y el ministro Alfredo Rada, además de tres jefes policiales, por el delito de genocidio, a raíz de los enfrentamientos del 23, 24 y 25 de noviembre que derivaron en la muerte de tres personas y dejaron más de 300 heridos.
De acuerdo con la proposición presentada por el presidente del Colegio de Abogados de Chuquisaca, Hernando Aguilar, Morales es acusado por violación de derechos y garantías constitucionales, genocidio, resoluciones contrarias a la CPE y a las leyes.
Mientras que al ministro de Gobierno, Alfredo Rada; al general Miguel Vásquez, comandante nacional de la Policía; al general Jorge Espinoza, coordinador general de operaciones; y al ex comandante departamental de la Policía de Chuquisaca, coronel José Galván, se los acusa de presunta violación de derechos y garantías constitucionales, genocidio, resoluciones contrarias a la CPE, incumplimiento de deberes, abandono de cargo y favorecimiento de la evasión.
Aguilar argumentó que Morales, con la finalidad de llevar adelante la sesión de la Asamblea Constituyente el 23 de noviembre, en instalaciones del liceo
militar Teniente Edmundo Andrade, ordenó un cerco policial y campesino, “con la firme intención de ir en contra de la vida de los sucrenses, actitud que se materializó a través de Rada y Vásquez”. El abogado se trasladó junto con los familiares de las víctimas hasta el Ministerio Público, para presentar oficialmente la proposición acusatoria que fue elaborada por un grupo de abogados penalistas.
Reveló que se ofreció a 34 testigos, entre ellos mencionó al presidente del Comité Interinstitucional, Jaime Barrón, la alcaldesa Aydée Nava, el presidente cívico, John Cava, además de los parientes de los fallecidos José Luis Cardozo, Juan Carlos Serrudo y Juan Carlos Durán.
También se incluyó en esta lista de posibles testigos al general Luis Trigo Antelo, actual comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, porque, en criterio de Aguilar, sus declaraciones, la semana pasada, en sentido de que el Ejército y la Policía utilizan armamento calibre 5,56 milímetros será importante para esclarecer lo sucedido en el caso de noviembre. Redacción Sucre
Un periodista se dispensa
El director del Canal Universitario en Sucre, Róger Gonzales, se amparó en la Ley de Imprenta para abstenerse de declarar ayer en la Fiscalía de Distrito de Chuquisaca, dentro del caso de los enfrentamientos registrados en noviembre entre citadinos y la Policía.
Al dejar la Fiscalía, Gonzales dijo que se había apersonado ante los fiscales Dante Romay y Hugo Zenteno “de forma voluntaria” porque fue citado con un nombre equivocado, con el apellido Calvimontes. El comandante departamental de la Policía de Chuquisaca, coronel Rómulo Cáceres, se querelló contra él por sedición, instigación y otros delitos. “Amparado en la Ley de Imprenta, yo no puedo asistir a ningún juicio ordinario mientras este tribunal no pueda decir lo contrario. Así que hemos sentado solamente precedente”, afirmó e indicó que presentó sus credenciales de miembro activo de la Federación y Confederación de la Prensa. Redacción Sucre
(Publicado por La Razón – Bolivia, 8 enero 2008)
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