Demanda
Costa Rica: Comisión Interamericana rechazó petición de Calderón
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó una denuncia que el expresidente Rafael Ángel Calderón Fournier presentó contra el Estado costarricense en el 2005.
La petición del exmandatario argumentó que se atropellaron sus derechos cuando fue encarcelado el 21 de octubre del 2004.
En esa oportunidad, según su abogado Juan Marcos Rivero, a Calderón no se le informó debidamente de los hechos que se le imputaban ni de las pruebas que sustentaban esos hechos.
Fuentes de la CIDH confirmaron ayer a La Nación que “en este momento no existe ninguna petición en estudio a nombre de ese peticionario (Calderón)”.
De acuerdo con Juan Marcos Rivero, el caso de su cliente no se elevó a estudio en el sistema interamericano porque “no se han agotado los recursos internos” en Costa Rica; es decir, que el exmandatario cuenta aún con recursos jurídicos para defender su caso en el país.
Según el artículo 46 de la Convención, uno de los requisitos para considerar las peticiones es que “se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna”.
Rivero explicó el jueves que la Comisión no rechazó la petición de su cliente, sino que la declaró “en suspenso” hasta que se cumpla con ese requisito; sin embargo, la Convención Interamericana de Derechos Humanos no contempla esa condición de “suspenso” para las peticiones recibidas. Ayer se intentó consultarle nuevamente, pero señaló en tres oportunidades que se hallaba en una reunión.
La Comisión resuelve de tres maneras las peticiones recibidas, después de una valoración preliminar: se rechazan de plano por falta de requisitos, se elevan a un análisis más profundo o se le solicita información adicional al Estado o al peticionario para continuar con la valoración.
En el caso de Calderón, según confirmó la Comisión, no existe ninguna petición suya en estudio.
Asunto “privado”. Ante una petición de este diario, Rivero se negó a entregar una copia de la notificación de la CIDH pues dijo que se trataba de un asunto “privado”.
La noticia de la denuncia presentada por el expresidente Calderón contra el Estado se conoció en octubre del 2005, cuando el abogado Rivero comunicó sobre su gestión a los medios de comunicación.
En esa oportunidad, el abogado manifestó al periódico Al Día que “los medios jurídicos en Costa Rica fueron insuficientes para garantizarle a él (Calderón) sus derechos fundamentales en el proceso”.
Calderón figura como acusado en el llamado “caso CCSS-Fischel”, un proceso penal por los delitos de corrupción agravada y peculado.
La acusación formulada por el Ministerio Público, de marzo pasado, señala que Calderón y el presidente de la Corporación Fischel, Walter Reiche Fischel, “idearon un plan delictivo” que permitió la compra de $39,5 millones en equipo médico para la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), a cambio de retribuciones económicas.
El caso ya se elevó a juicio y se está a la espera de que se fije la fecha para el debate.
(Publicado por La Nación – Costa Rica, 11 diciembre 2007)
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