El fiscal peruano pide 30 años de prisión para Fujimori

Alberto Fujimori, presidente de Perú entre 1990 y 2000, compareció ayer por primera vez en público ante un tribunal peruano. La sala penal especial presidida por el vocal supremo César San Martín dio inicio al juicio por los 25 asesinatos en la universidad limeña de La Cantuta y la zona de los Barrios Altos, ocurridos en 1991, y por dos casos de secuestro acontecidos durante el golpe de Estado que dio en 1992.

El acusado sufrió una crisis de hipertensión y se suspendió la sesión

La fiscalía considera que Fujimori dio la orden de estos crímenes y pide 30 años de prisión. "A raíz de mi gobierno se respetaron los derechos humanos de 25 millones de peruanos", replicó, exaltado, el ex presidente.

A media mañana, Fujimori ingresó en la sala de audiencias construida especialmente para juzgarlo dentro de la Dirección de Operaciones Especiales de la policía (DIROES), y ocupó una pequeña mesa frente a los jueces. Detrás del vidrio de seguridad se ubicaron tres de sus cuatro hijos y varios parlamentarios de su partido, que logró 13 escaños en las elecciones generales de 2006. Uno de ellos era su primogénita, Keiko Sofía, la congresista más votada en dichos comicios.

Es la primera vez que se presenta públicamente desde que fue extraditado de Chile, el 22 de septiembre de 2007. Portaba un maletín, un bolígrafo y un cuaderno de apuntes. No dejó de tomar notas. Su mostró impasible hasta que el tribunal le dio la oportunidad de hablar, después de que el fiscal José Peláez ratificara su acusación y pidiera 30 años de cárcel para él.

Protesta

Entonces, Fujimori alzó la voz y se mostró colérico como pocas veces se lo había visto. Alabó su etapa de gobierno y rechazó los cargos. "Si hubo hechos execrables, los condeno, pero no fueron por orden de quien habla", declaró. Después, sufrió una crisis de hipertensión que obligó a suspender la sesión.

A su lado se sentaron familiares de las víctimas de las matanzas cometidas por el Grupo Colina, un destacamento paramilitar del Ejército peruano formado en los noventa para una "guerra sucia" contra presuntos miembros de los grupos terroristas Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru.

Varios ex militares, miembros de dicho destacamento, forman parte del contingente de testigos que desfilará por la sala. También altos mandos militares de la época y Vladimiro Montesinos Torres, el ex asesor presidencial que manejó los hilos de la siniestra red de espionaje fujimorista, recluido desde 2001 en la prisión de la Base Naval del Callao. Durante años, Fujimori ha dicho que no tenía conocimiento de la existencia del Grupo Colina ni de sus actos criminales.

Tampoco ha asumido responsabilidad alguna por los secuestros del empresario Samuel Dyer y del periodista Gustavo Gorriti, comprendidos en el caso sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejército, por el lugar donde fueron recluidos durante días. Sin embargo, varios miembros del Grupo Colina han declarado en procesos e investigaciones periodísticas que sus órdenes llegaban directamente del alto mando del Ejército y del presidente.

También se cita como prueba de que Fujimori sabía de la existencia del Grupo Colina una distinción que dio a sus miembros y la amnistía que les otorgó después de que se descubrieran sus crímenes y fueran sentenciados, en 1995. "Se va a demostrar que lo que hubo durante el gobierno de Fujimori fue una sistemática política de violación de derechos humanos", comentó Ronald Gamarra, abogado de los familiares de algunas víctimas.

El proceso que arrancó ayer se calcula que durará por lo menos hasta julio del próximo año. Es un proceso polémico porque Fujimori sigue siendo teniendo simpatizantes en Perú. Algunos cientos se apostaron ayer en las inmediaciones de la puerta de ingreso de la DIROES para pedir la liberación de su líder. Frente a los fujimoristas, las organizaciones de defensa de los derechos humanos se han movilizado para exigir que todo el peso de la ley caiga sobre el ex presidente.

El ex presidente de Perú Alberto Fujimori (1990-2000) rechazó ayer las acusaciones de haber violado los derechos humanos durante su Gobierno y afirmó que, al contrario, los recuperó “para 25 millones de peruanos”.