Nicaragua: Golpe orteguista en CSJ

La maquinaria sandinista de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) trabajó anoche a todo vapor, convocando a una sesión inesperada entre magistrados sandinistas que no son parte de la Sala Constitucional, y en horas no acostumbradas.

La noche culminó con una sentencia que declaró legales a los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) y resalta el derecho constitucional de los ciudadanos a organizarse y participar directamente en los asuntos públicos.

Los magistrados dieron a conocer la sentencia a las 9:00 p.m., en una conferencia de prensa, luego de cerciorarse de que la Asamblea Nacional había mandado a publicar la ley que deroga los CPC.

De ese modo, los magistrados admitieron un recurso de amparo introducido por los representantes de los CPC, contra la Asamblea Nacional por haber derogado antes estos Consejos como parte del andamiaje del Poder Ejecutivo. El vicepresidente de la CSJ, Rafael Solís, se apresuró a decir que la sentencia invalida la ley publicada hoy.

La resolución tiene las firmas de los magistrados Francisco Rosales, Rafael Solís, Yadira Centeno, Armengol Cuadra y Juana Méndez Pérez, las caras más visibles del sandinismo en el supremo tribunal.

Esperaron la noche

La "jugada" de los magistrados ocurrió a las 6:00 p.m., cuando sus homólogos liberales ya no se encontraban en el edificio de la CSJ. El presidente de la Sala Constitucional, Francisco Rosales, convocó a una sesión a los magistrados Cuadra, Méndez y Centeno, que no son parte de la Sala y sin más dejaron por fuera a los tres miembros propietarios Dámisis Sirias, Iván Escobar Fornos y Guillermo Selva, de tendencia liberal.

"(Se) deja incólume el derecho de los ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses de participar directamente en los asuntos públicos y la gestión estatal económica, política y social de la nación, restableciendo en consecuencia a los agraviados en el pleno goce de sus derechos transgredidos y volviendo las cosas al estado que tenían antes de la transgresión que es objeto y teleología del amparo", dice textualmente la sentencia.

"Se declara la inconstitucionalidad en el caso concreto del contenido de toda la Ley número 630, Ley de Reformas y Adiciones al artículo 11 de la Ley 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, por violar con sus artículos 1 y 2 las facultades del Presidente de la República de emitir decretos ejecutivos y crear los Consejos que considera necesarios (...)", añade la resolución.

Golpe

En tanto, el magistrado liberal Manuel Martínez, presidente de la CSJ, declaró anoche que la convocatoria hecha por los magistrados sandinistas, es "ilegal "y revela el ánimo de estos de darle golpe de Estado y acabar con la institucionalidad.

"Estoy alarmado por ese golpe de Estado que están queriendo darle al Poder Judicial. A las 7:45 de la noche yo, Manuel Martínez, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, debidamente electo, afirmo que no existe convocatoria para la Sala Constitucional.

Los magistrados que están ahí no están en la Sala en calidad de propietarios. Eso es una conspiración para darle golpe de Estado a otro poder del Estado, así como ya lo hicieron con el Poder Legislativo”, dijo Martínez.

El magistrado Martínez enfatizó que los sandinistas “están asaltando la Corte Suprema de Justicia, la están irrespetando tomando resoluciones anómalas”.

Martínez había anunciado que tenía un acuerdo con Solís de emitir un fallo que sacara a los CPC del andamiaje del Ejecutivo y dejando a salvo la potestad del Presidente de crearlos como órganos consultivos, pero según fuentes sandinistas Ortega nunca aceptó esa solución.

Sandinistas

Antes de conocerse la maniobra de última hora de los sandinistas, el partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) apostó todo a la resolución de la Corte.

El anuncio del FSLN surgió después de verse forzado a respaldar ayer a cinco directivos de la Asamblea Nacional que exigían la publicación de la Ley 630.

La directiva legislativa acordó ayer, por unanimidad de siete votos, publicar hoy la Ley 630, que deroga a los CPC como órganos paraestatales, con lo cual se esperaba que llegara a su fin una crisis de dos semanas, que en total suspendió cuatro sesiones en el parlamento, pero que pareciese extenderse por tiempo indefinido.

Aunque los dos directivos del FSLN insistieron, durante una reunión de directiva, que la CSJ es la que debía poner punto final a la disputa, al final debieron aprobar junto a los otros cinco directivos la publicación de la Ley 630.

Pero la segunda secretaria de la junta directiva, la sandinista Alba Palacios, reiteró que Ortega únicamente reconocería una resolución de la CSJ.

"Estamos conscientes que lo que vale es lo que decida la Corte, se hizo la argumentación. Si la mayoría decide (publicar la Ley 630), está bien, no nos vamos a ir contra la mayoría, pero lo que decida la Corte es lo que va a ser la ley, porque la Constitución establece que lo que decida la Corte todos tenemos que cumplirlo", precisó Palacios.

Ortega ya instaló a los CPC dentro del Consejo de Planificación Económica y Social (Conpes), pese a un rechazo mayoritario de 52 diputados, a quienes el mandatario llamó “neosomocistas”.

Instituciones al margen

Por su parte, el diputado de la Alianza Liberal, Eduardo Montealegre, dijo anoche que "no deja de causar asombro la capacidad de Daniel Ortega de destruir la institucionalidad del país, ese fallo crea dos Cortes Supremas de Justicia: la ortegista y la no ortegista. Es urgente despolitizar los poderes del Estado, y esperamos que los diputados del PLC entiendan que esta es la consecuencia de la distribución prebendaria de cargos de Estado", dijo Montealegre.

(Publicado por La Prensa – Nicaragua, 6 diciembre 2007)
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