Los magistrados Gerardo Rodríguez y Vida Benavente, junto a Perla Arróliga, dieron trámite de inmediato (en 63 minutos) al recurso de amparo introducido por varios miembros de los CPC y además ordenaron al presidente del Parlamento, René Núñez Téllez, abstenerse de publicar la ley que los deroga, bajo la advertencia de cometer desacato si lo hiciese.

De este modo la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) es el nuevo escenario donde se discutirá la legalidad o no de los CPC creados por el presidente Daniel Ortega.

El caso, sin embargo, podría estancarse dado que la Sala Constitucional está conformada por tres magistrados liberales y tres sandinistas.

Los sandinistas que integran la Sala Constitucional son: Rafael Solís, Francisco Rosales y Ligia Molina. En tanto, los magistrados liberales constitucionalistas son Guillermo Selva, Iván Escobar Fornos y Dámisis Sirias. Todos incondicionales de Arnoldo Alemán.

Sin embargo, la Sala Constitucional no tiene que hacer en realidad nada, pues los CPC han quedado legales y funcionando, según el TAM, y la decisión de la Sala Constitucional podría quedar congelada por los siglos de los siglos.

El presidente de la Sala, Gerardo Rodríguez, se adelantó a explicar por que era necesario mandar a suspender la publicación de la ley.

Según él, la orden se da para evitar que los efectos del recurso quedaran “estériles”.

Ley

Los diputados liberales en el Parlamento acusaron a los CPC y al TAM de violar la Ley de Amparo, al tramitar ese recurso antes de que se publicara la reforma a la Ley 290, de organización y competencias del Poder Ejecutivo.

El artículo 51 de la Ley de Amparo, en su inciso dos, dice que no procederá “contra el proceso de formación de la ley, su promulgación o su publicación o cualquier otro acto o resolución legislativa”.

“Hay un principio básico: no puede haber recursos de amparo en contra del proceso de formación de la ley, porque esto supeditaría al Poder Legislativo al control del Judicial”, dijo el diputado liberal Wilfredo Navarro.

“O sea, cualquiera recurre y te suspenden la ley y no estaríamos aprobando leyes. Aceptar esta barbaridad, este atropello jurídico por parte de gente que se dice funcionario del Poder Judicial, sería aceptar la muerte del Parlamento”, añadió Navarro.

ALEGA JURISPRUDENCIA

A esto, el magistrado Rodríguez respondió que existen varias sentencias de la Corte Suprema de Justicia en la cual se declara inconstitucional ese artículo de la Ley de Amparo.

El artículo fue creado precisamente mediante una reforma en la Asamblea Nacional para evitar que el entonces Ministro de la Presidencia, Antonio Lacayo, recurriera de amparo contra un proyecto de ley que le prohibía postularse como candidato a la presidencia del país.

La “movida” de los magistrados de Apelaciones se “esconde” en la jurisprudencia o los precedentes sentados por la Corte en sus sentencias relacionadas al tema, como es el caso de la de la Ley de Carrera Judicial, que fue declarada inconstitucional cuando estaba en pleno proceso de formación.

Sandinistas

La movida legal permitirá al Gobierno instalar sin ningún inconveniente, al Gabinete Nacional el próximo treinta de noviembre, con una masiva presencia de los CPC.

Pero el costo que el Poder Ejecutivo podría pagar es una parálisis en el Parlamento, debido a que una mayoría de diputados exige la aplicación de una reforma a la Ley 290 que prohíbe al Presidente de la República crear por decreto los CPC.

"Vamos a presionar y si el Presidente (Núñez) se niega, hay una voluntad de las bancadas mayoritarias de no continuar la sesión y habrá que ver cómo hace el Gobierno de Ortega con su presupuesto", dijo Wilfredo Navarro, primer secretario de la junta directiva.

De los siete miembros de la directiva legislativa, cinco exigen la publicación de la ley que rechaza a los CPC, incluyendo a Juan Ramón Jiménez, quien es aliado al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

Javier Vallejo, tercer secretario de la directiva, añadió que de negarse Núñez a publicar la ley, podrían llamar a sesión, para que sea el Primer Vicepresidente, Luis Callejas, quien efectúe la acción.

El coordinador de la bancada del FSLN, Edwin Castro, llamó “cabezas calientes” a los liberales y manifestó que sólo Núñez tiene la facultad de mandar a publicar una ley.

“Esas son partes de las normas de los juegos democráticos. Los liberales no quieren acatar porque simplemente no les gusta, es decir que ellos acatan el sistema democrático, el Estado de Derecho, cuando les gusta, y cuando no, hacen rabietas y se van”, criticó Castro.

El FSLN está en franca minoría ante los liberales en este caso. El FSLN tiene a 38 diputados, pero el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Alianza Liberal Nicaragüense–Partido Conservador (ALN-PC), Movimiento Renovador Sandinista (MRS), y diputados que se llaman independientes, reúnen 53 votos.

Conflicto de poderes

El Primer Secretario de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, el liberal Wilfredo Navarro dijo esta mañana que si el presidente del parlamento, René Núñez Téllez, no manda a publicar la ley que derogó la existencia de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) como estructuras del Poder Ejecutivo, este poder del Estado no continuará sesionando.

Navarro reaccionó de esta manera en respuesta a Núñez, quien igualmente esta mañana dijo que no mandará a publicar la ley aprobada ayer por 52 diputados.

Mientras tanto, el Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) amparó la tarde de ayer a la directiva de los Consejos del Poder Ciudadano de Managua (CPC) y ordenó suspender la publicación de una ley que los deroga.

(Publicado por La Prensa – Nicarágua, 22 de noviembre 2007)
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