Bolivia: Enfrentamientos entre el Poder Ejecutivo y Judicial paralizaron 1.400 procesos legales

Desde mayo, el trabajo del Tribunal Constitucional es irregular, y desde que renunciaron dos de sus cinco magistrados (26 de octubre) 1.400 expedientes están en la congeladora. Cuatro abogados consultados por este medio aseguran que los litigantes que acuden a este órgano del Estado ya no encuentran justicia.

A diario llegan al Tribunal Constitucional (en Sucre, Chuquisaca) entre 15 y 18 expedientes nuevos, según la magistrada Silvia Salame. “Hasta el miércoles teníamos 1.337 causas y a eso hay que sumar los casos que dejaron las doctoras que renunciaron, es decir que hay 1.400 expedientes en el congelador”.

El Tribunal enfrenta su peor crisis institucional debido a la renuncia de las magistradas Elizabeth Íñiguez y Martha Rojas por, según ellas, hostigamiento político, agresiones a su dignidad y falta de independencia en la administración del ente.

A principios de año, las dos magistradas, junto a Artemio Arias y Wálter Raña, fueron acusadas por el presidente Evo Morales de prevaricato. Entre la aprobación de su procesamiento, sus declaraciones ante las Cámaras de Senadores y Diputados y el rechazo del mismo, el Tribunal funcionó irregularmente.

El Tribunal cuenta hoy con tres de 10 magistrados que por ley debe tener: Arias, Raña y Salame, quienes, para resolver algún caso, deben llegar a un acuerdo unánime. Pero, uno tiene vacación, por problemas de salud, hasta fin de mes.

De los 1.400 expedientes que esperan que el Congreso elija a siete nuevos magistrados, 100 son casos de hábeas corpus; la mitad fueron declarados improcedentes en el distrito donde se realizó la audiencia.

“Significa que el ciudadano sigue detenido (en una cárcel) y teniendo en cuenta que se acerca la Navidad, para nosotros será una prioridad hacer que esa gente pueda pasar esa fiesta en su casa, siempre que sus recursos estén a derecho”, dice Salame.

La ausencia del control constitucional, opina ella, “si bien no es atribuible a nosotros”, afecta más al ciudadano de a pie, “que realmente sabe que es el último lugar donde puede recurrir”. Considera que tomará un año que el Tribunal Constitucional se normalice, siempre y cuando trabajen los 10 magistrados.

Los abogados Guntheromar Morales, Mary Carrasco, Iván Lima y Audalia Zurita coinciden en que el daño a los litigantes ya se produjo y que en este momento no se puede hablar de que exista justicia en el país.

“Esta paralización está generando una suerte de decisiones de los tribunales ordinarios, que como saben que el Tribunal Constitucional está colapsado, resuelven como sea, es decir, se genera un sentimiento de impunidad”, señala Zurita.

Lima comenta que “ya era bastante grave que el Tribunal se tome un año en resolver un caso, pero ahora, con esta suspensión, tenemos una inseguridad jurídica muy grande”.

Carrasco asegura que el sistema está ya colapsado. Hay 3% de sentencias ejecutoriadas en el sistema procesal desde 1999 hasta el 2007, de 100 causas se resuelven tres. “El tema judicial es una mentira en el país, o se extingue o se equivoca el fiscal, o también ocurre que tienes que perseguir a alguien”.

Agrega que “el fallo de primera instancia se debe cumplir independientemente de que vaya en consulta al Tribunal Constitucional, pero si esta respuesta podría tardar hasta tres años, ¿de qué justicia se habla?; ¿de qué sirve un fallo del Tribunal que se dicte después de tres años?”.

La mayoría de los casos que llegan al Tribunal son los de amparo constitucional y de hábeas corpus, según Salame. Lima explica que ese órgano da la posibilidad de que una parte agraviada plantee uno de esos recursos para revisar la decisión de un juez considerada arbitraria o que violó el debido proceso.

“Tengo tres casos en el Tribunal y desde marzo que se encuentran en la comisión de admisión y si no hay tribunos, ¿quién los va despachar? Perjudican al mundo litigante y a todas las personas”, dice Morales.

Desde el 4 de octubre, el Tribunal suspendió los plazos procesales para las resoluciones y los plazos establecidos para el pronunciamiento de las mismas.

Según Salame, en Santa Cruz y La Paz se generan el 50% de las causas que ingresan al Tribunal.

El 0,5% de los expedientes corresponden a los poderes Ejecutivo y Legislativo que “no llegan ni a 50”. Hay procesos como los municipales que tienen un porcentaje bastante alto, pero su problemática es muy diferente a la de los poderes mencionados “que son de orden político”.

“Tengo tres casos... y desde marzo están en la comisión de admisión y si no hay tribunos, ¿quién los va a despachar?”, Guntheromar

Morales, abogado

La elección

La Constitución Política del Estado dice cómo elegir magistrados.

El Tribunal Constitucional

Está integrado por cinco magistrados (titulares) que conforman una sola sala y son designados por el Congreso Nacional por dos tercios de votos de los miembros presentes. (Art. 119)

La Presidencia

El presidente del Tribunal Constitucional es elegido por dos tercios de votos del total de sus miembros. Ejerce sus funciones de acuerdo a la ley. (Artículo 119)

Tiempo en el cargo

Desempeñan sus funciones por un período de 10 años improrrogables y pueden ser reelectos pasado un tiempo igual al que hubiesen ejercido su mandato. (Art. 119)

Los tres tribunos

Silvia Salame Fajart

Cargo - El 3 de octubre del 2003 fue designada magistrada suplente. Actualmente es titular.

Profesión • Abogada, magister en Ciencias del Desarrollo.

Artemio Arías Romano

Cargo - El 3 octubre del 2003 fue designado magistrado suplente, pero actualmente es titular.

Profesión - Abogado, diplomado en Derecho Procesal Penal.

Wálter Raña Arana

Cargo - El Congreso lo designó como magistrado suplente, pero ahora ocupa la titularidad.

Profesión - Abogado, diplomado en Ciencias Penales.

(Publicado por La Razón - Bolivia, 19 noviembre 2007)
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