Tribunal Constitucional
Ecuador: El fin de la prisión preventiva está en manos de los jueces
Hoy caduca el plazo de la prisión en firme dictada por el Tribunal Constitucional (TC), el 23 de octubre del 2006. Pero nada hace prever que ocurra una salida masiva de los reos, que no han sido sentenciados por más de seis meses y un año, en delitos de prisión y reclusión, respectivamente.
En lo concreto, 850 reos aspiraban a ser excarcelados, al acogerse al artículo 24 de la Constitución. La Carta Magna señala que “la prisión preventiva no podrá exceder de seis meses, en las causas por delitos sancionados con prisión, ni de un año, en delitos sancionados con reclusión. Si se excedieren esos plazos, la prisión quedará sin efecto...”.
No obstante, con la aprobación en el Congreso de las modificaciones al artículo 169 del Código de Procedimiento Penal y de una Ley Interpretativa a ese artículo los plazos que se señalan en la Constitución hoy son relativos.
El tiempo legal de prisión no se medirá de acuerdo al calendario, sino con los plazos que determinen los documentos legales.
Según el Congreso, si se comprueba que el reo no fue sentenciado por inasistencia de los imputados, testigos, peritos, intérpretes o abogados defensores, se suspenderá la fijación de los plazos determinados para la caducidad de la prisión preventiva, hasta que haya otra audiencia.
“Si el reo sale o no ya no lo sabemos, eso lo decidirá cada juez”, dijo ayer a este Diario Máximo Pazmiño, director nacional de Rehabilitación Social, quien desde la semana pasada afronta la protesta de los internos de los centros de reclusión por considerar inconstitucionales las medidas adoptadas por el Congreso.
“No permitiremos que menoscaben nuestros derechos humanos”, advirtió Gean Carlos Aragundi, presidente de los internos del penal García Moreno.
Aragundi anunció que esta semana presentarán una carta de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional por intermedio de la Defensoría del Pueblo. “Haremos misas campales, encuentros musicales y embanderaremos el penal como señal de protesta”.
Gustavo Donoso, director del Consejo Nacional de la Judicatura, cree que dados los vicios que se evidencian en las audiencias de juzgamiento la resolución que tomó el Congreso la semana pasada debió dictarse antes.
“Ahora se juega con tiempos y con números. La ley interpretativa debió publicarse cuando el Tribunal Constitucional tomó la decisión de caducar la prisión en firme”, aseguró Donoso.
Según Primo Díaz, presidente de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil, desde hoy la revisión de los casos debe hacerse minuciosamente, pues hay que diferenciar las causas por las cuales los juicios no han avanzado. “Si la demora en el juzgamiento no es responsabilidad de la administración de justicia, ese tiempo no se cuenta para efecto de la caducidad de la prisión ”, dijo Díaz.
Para los casos en que los responsables de las demoras sí sean los administradores de justicia, el Congreso fijó sanciones con penas y multas. Además, la inasistencia de fiscales y jueces puede ser causal de su destitución.
Para la presidenta del Tribunal Primero de lo Penal de Manabí, Gina Vélez, la disposición del Congreso no es un trabajo adicional para los jueces. “Todas las audiencias están bien documentadas. No se trata de hacer un inventario ahora. Estamos al día y sabemos, por ejemplo, que aquí no hay casos de reos que se puedan acoger a la libertad”.
Pero Demetrio Allo, jefe de guías de la Penitenciaría, es testigo de suspensiones diarias de juzgamientos. “Si no es por falta de reclusos es por falta de defensores, fiscales o testigos”. Ayer, 22 internos acudieron al Palacio de Justicia para sus audiencias, pero solo siete de ellos fueron juzgados.
Defensores aún no intervienen
Los 200 defensores públicos contratados por el Gobierno para agilitar los procesos judiciales de los presos sin sentencia todavía no tramitan ningún juicio.
Los profesionales de 10 estudios jurídicos fueron contratados para trabajar en Guayaquil el 21 de septiembre pasado, pero hasta ahora no se ven resultados.
Walter Jaramillo, del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, explicó que en este tiempo solo se han hecho reuniones de coordinación con los responsables de la contratación, más no con los internos. “Conversamos con Ernesto Pazmiño (director de la Unidad Transitoria de Gestión de la Defensoría Pública) para finiquitar los mecanismos de cómo va a ser el proyecto y todas esas cosas”.
Pazmiño asegura que sí se ha trabajado: “Los abogados están recolectando la información. Recordemos que son más de
6 000 casos y se priorizarán a los internos con enfermedades terminales, ancianos, extranjeros...”.
El lunes de la próxima semana se sortearán los juicios; el lunes, para los presos de Quito y el martes, para los de Guayaquil.
(Publicado por El comercio – Ecuador, 23 octubre 2007)
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