Tribunal internacional: El chileno que siempre vota contra la Argentina

Dinochetista, embajador de su país en Londres durante la guerra de Malvinas, maldispuesto con la Argentina: esas son algunas de las tachas que funcionarios del Gobierno le ponen al chileno Francisco Orrego Vicuña. Nada casual. Vicuña presidió dos tribunales que fallaron contra el país, en otros tantos juicios iniciados a causa de la devaluación y la pesificación y congelamiento de las tarifas.

Ambos fueron dictados en el CIADI, el foro internacional de arbitrajes que depende del Banco Mundial. Uno es de la semana pasada, y condenó a la Argentina a pagarle 172 millones de dólares a Sempra Energy, una compañía estadounidense accionista minoritaria, aquí, de la distribuidora de gas Camuzzi.

El otro fallo que tuvo a Vicuña como actor viene de 2005. La novedad es que un tribunal especial, constituido ante un pedido de anulación planteado por el Gobierno, acaba de convalidar la sustancia de lo que entonces había votado el chileno. Esto es, que el país deberá indemnizar con 133,2 millones de dólares a la también norteamericana CMS, accionista de la Transportadora de Gas del Norte y de la Central Térmica de Mendoza.

Vicuña preside otros dos paneles, en los que también se dirimen causas contra el país. Uno, de Camuzzi, en suspenso por un acuerdo entre las partes. El otro, de Enron, sigue adelante. En ambos existe, ya, un precedente con la firma de Vicuña: desestimó los planteos argentinos sobre que el CIADI no tenía competencia para tratar ciertas decisiones cruciales de los Estados.

Según se sabe, el Gobierno ensayará otras vías con los casos de CMS y Sempra. Entre ellas, una gestión diplomática ante Estados Unidos para que considere el estado de emergencia en el que se encontraba el país, cuando se devaluó y se pesificaron y congelaron las tarifas públicas. El argumento: que las situaciones de emergencia están resguardadas en el tratado mutuo de protección de las inversiones.

El punto es que de ese convenio se toman las empresas estadounidenses que demandan a la Argentina. Y, también, donde se sostienen los fallos del CIADI, como los que apoyó Vicuña. El tratado es de comienzos de los 90, cuando Menem privatizó todo y a todo vapor y cuando, además, era sello y garantía para los inversores extranjeros. Está ratificado por ley, igual que la adhesión al CIADI.

Según el acuerdo, "cada una de las partes expresa su voluntad de someter la solución de cualquier controversia, en materia de inversión, al arbitraje obligatorio" del tribunal que el supuesto damnificado elija. Y también, que "todo laudo arbitral será (de cumplimiento) obligatorio y definitivo para las partes en controversia".

De aquellos tiempos existen pactos similares con Alemania, Gran Bretaña, Japón, Francia, Canadá e Italia (junto a EE.UU., el poderoso grupo de los 7). Y en base a ellos, compañías de esos países también demandan a la Argentina. En total, existen 38. Es a esta altura una anécdota que los haya, además, con Vietnam, Lituania, El Salvador y Croacia.

Todos los que iniciaron juicios han acudido al CIADI, que es como decir Banco Mundial y a la vez FMI. Se sabe, en uno y otros, la voz cantante la lleva el G7. Y no es muy común que, allí, las potencias defiendan los intereses de otros en contra de sus propias compañías.

La Argentina tiene abiertas unas 30 causas: las dos últimas, de bonistas italianos. Un lote más chico está en suspenso, por acuerdos entre el Gobierno y los litigantes: en general, a raíz de concesiones tarifarias, promesas de ajustes u otras contraprestaciones.

Entre las que tienen sentencia, sólo en una se aceptó el argumento de que las decisiones cuestionadas fueron consecuencia de la crisis y la emergencia. Eso sí, parcialmente: el tribunal admitió el estado de necesidad, pero lo circunscribió al período comprendido entre el 31 de diciembre de 2001 y el 26 de abril de 2003. En otras palabras, sostuvo que después de que Néstor Kirchner fue electo Presidente se debieron corregir las tarifas.

Hasta ahora, los fallos en contra representan 1.113 millones de dólares. El total en juego ya es difícil de cuantificar, pero pasa largos los 10.000 millones

Aun cuando se dice que quedan las vías de la Constitución Nacional y la Corte para bloquear las decisiones en el Ciadi, puede ser un precedente aceptar la continuidad de las causas, y bajo las normas del organismo. Y denunciar los tratados parece vano: todos están vencidos, pero contemplan extensiones que llegan hasta 15 años.

(Publicado por El Clarín – Argentina, 09 octubre 2007)
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