Arbitraje
Corte internacional ordena a Argentina pagar US$ 172 mlls. a la empresa Sempra Energy
La Argentina cosechó un nuevo revés en los juicios que llevan ante en el CIADI los inversores extranjeros de las privatizadas. Esta vez el tribunal que depende del Banco Mundial condenó al país a pagar una indemnización de US$ 172 millones a la empresa norteamericana Sempra Energy por las pérdidas sufridas por la pesificación y el congelamiento tarifario que sobrevinieron tras la crisis económica de 2001.
No bien se conoció el fallo adverso, el Gobierno -por medio de la Procuración del Tesoro y la UNIREN- salió a advertir que la sentencia no será afrontada por el Estado sino por las empresas distribuidoras de gas Pampeana y Del Sur que controla el grupo italiano Camuzzi.
Según la explicación oficial, en las renegociaciones suscriptas con las gasíferas se acordó "mantener indemne al Estado y a los usuarios" de cualquier pago derivado de juicios del CIADI.
Más allá de lo que sostiene el Gobierno, la situación planteada por el fallo a favor de Sempra no parece estar totalmente definida.
Por un lado, los nuevos contratos que dejan a salvo al Estado
no están plenamente vigentes. Pese a que fueron suscriptos a principios de año, aún no fueron remitidos al Congreso para su tratamiento. Una vez que se expidan los legisladores, el PEN deberán aprobarlos por decreto para que rijan todas las cláusulas.
Por otro lado, si bien por esos acuerdos el Estado quedará al margen de pagar las indemnizaciones, las que tendrán que hacerse cargo son las propias firmas concesionarias que operan el servicio y que tienen como único ingreso las tarifas cobradas a los usuarios. A diferencia de la renegociación cerrada con Gas Natural BAN donde la responsabilidad de pago fue asumida por el principal accionista (Gas Natural de España), en los casos de Pampeana y Gas del Sur la "claúsula de indemnidad" quedó en cabeza de las distribuidoras y no en sus socios mayoritarios.
Gas Pampeana presta servicios a casi 4 millones de habitantes de 82 partidos bonaerenses y de la provincia de La Pampa. En tanto, Gas del Sur tiene cerca de 500.000 clientes en Río Negro, Neuquen, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego
Un condimento especial: Sempra sigue siendo accionista minoritaria de las gasíferas que controla Camuzzi. La norteamericana posee el 43,09% de las sociedades controlantes que manejan el 86,09% de Pampeana y el 90% de Gas del Sur.
Gobierno
Tras el segundo fallo adverso que cosechó en el CIADI en la causa que lleva adelante la norteamericana CMS, el Gobierno decidió encarar una nueva ofensiva jurídica y diplomática que apunta a evitar el pago de los US$ 133 millones de indemnización que fijó el tribunal internacional.
La estrategia de la Procuración del Tesoro y la Cancillería tiene como objetivo hacer caer la sentencia favorable que obtuvo CMS como accionista de TGN y sentar un precedente para las restantes demandas que promovieron accionistas extranjeros de las privatizadas ante el CIADI por los supuestos daños que sufrieron por las medidas tomadas en el marco de la emergencia económica.
Para no desembolsar la millonaria compensación a CMS, la administración kirchnerista reclamará la nulidad de la sentencia por dos vías. Por un lado, efectuará un planteo diplomático ante los EE.UU. - donde está radicada CMS-para reafirmar la cláusula del Tratado Bilateral de Inversiones que establece que las "emergencias económicas y sociales no son judiciables".
Según señalaron los letrados de la Procuración, EE.UU. ya sostuvo en varios documentos que comparte la interpretación argentina sobre ese punto. Lo que se busca ahora es una reafirmación de la cláusula 11 del tratado bilateral que considera que las situaciones de emergencia económica son "autojuzgables". Una vez que EE. UU. ratifique su postura, Argentina se presentará ante el Banco Mundial para solicitar la nulidad de las sentencias del CIADI amparadas en el tratado de protección de inversiones.
Por otro lado, el Gobierno saldrá a desconocer el fallo con el argumento de que los daños y la indemnización se basaron en una participación accionaria de CMS en TGN que ya no existe.
En 2005, cuando el CIADI reconoció el reclamo de CMS, ésta tenía el 30% de TGN. Pero ahora, tras la reestructuración de la deuda de la gasífera, la tenencia accionaria de CMS se redujo al 24%. Según el planteo oficial, esa modificación torna inviable la aplicación de la sentencia porque se vieron alterados los parámetros originales de la demanda.
La pulseada entre CMS y el Gobierno había arrancado a principios de 2002, cuando la accionista minoritaria de TGN demandó al Estado por los supuestos daños que afrontó por la pesificación y el congelamiento tarifario.
En mayo de 2005, el tribunal internacional condenó a la Argentina a desembolsar una indemnización US$ 133 millones. Además le dio al Estado la posibilidad de recuperar las acciones de CMS a cambio de una suma adicional de US$ 2,1 millones.
La reacción del Gobierno fue la presentación de un pedido de anulación del fallo por diversos errores procesales. Ese planteo fue desestimado la semana pasada por un segundo tribunal del CIADI que pese a reconocer la existencia de "errores de derechos y omisiones" igual ratificó los alcances del primer fallo.
(Publicado por El Clarín – Argentina, 04octubre 2007)
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