Un paraíso fiscal es, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), un "instrumento de competencia fiscal prejudicial". El secreto bancario y la baja o nula tributación sobre los capitales y las transacciones financieras son los principales atractivos con que estos territorios buscan atraer residentes y capital extranjero. Los expertos sitúan el inicio del proceso de aparición de estos paraísos en los años 60, pero no fue hasta los 80 cuando se consolidaron como destinos relevantes del flujo internacional de capitales.

En Panamá, como en otros países con legislaciones fiscales flexibles, la norma es operar con sociedades offshore, que son aquellas constituidas y registradas en un país diferente de aquél en que efectuarán sus operaciones. "En una economía global, esta práctica resulta esperable, sobre todo considerando la existencia de legislaciones fiscales flexibles", dijo a La Tercera el abogado Esteban García Nadal, socio del estudio García Magliona.

"Uno tiene derecho a constituir sociedades en el exterior, de acuerdo a las necesidades de sus negocios y sus inversiones lo requieran", comentó Rodrigo Benítez, socio Tax & Legal de la auditora BDO y presidente del Instituto Chileno de Derecho Tributario. De hecho, es la forma que algunas multinacionales han encontrado para operar en estados más inestables o donde el tráfico mercantil se rige por normas menos seguras. "El problema es cuando se utiliza de manera ilícita", explicó a este medio Claudio Bustos, abogado de Bustos y Cía.

Y ese es el problema. Algunos de los usos más habituales que se dan a estas sociedades offshore es para ocultar patrimonio, dinero procedente de actividades ilícitas o para esconder dinero al Fisco o a las autoridades públicas de los países. Es lo que, en el caso de Panamá, revelan los documentos a los que tuvo acceso el diario alemán Süddeutsche Zeitung. Estos habrían dejado al descubierto que bancos, firmas de abogados y otros actores del sector con frecuencia habrían dejado de cumplir con los requerimientos legales creados para confirmar que sus clientes no están involucrados en empresas criminales, evasión de impuestos o corrupción política. Los documentos, incluso, revelan que ciertos intermediarios habrían ocultado transacciones sospechosas y manipulado los registros oficiales para protegerse a sí mismos y a sus clientes.

“Hacer negocios legítimos en jurisdicciones secretas no es ilegal, pero la investigación de los Papeles de Panamá es, a pesar de todo, otro ejemplo de cómo los individuos y empresas están sistemáticamente abusando del secreto que les proporcionan”, dijo Liz Confalone, consejera Global Financial Integrity, una organización con sede en Washington dedicada a propiciar políticas más severas contra el lavado internacional de dinero.

"Estos hallazgos muestran cuán profundamente arraigada están las prácticas nocivas y la criminalidad en el mundo offshore", aseguró Gabriel Zucman, economista de la Universidad de California en Berkeley y autor de "Las riquezas escondidas de las naciones: flagelo de los paraísos fiscales”. Para Zucman estas publicaciones deben impulsar a los gobiernos a buscar “sanciones concretas" contra las jurisdicciones que avivan el secreto offshore.

Sin embargo, el secretario general de la Ocde, Angel Gurría, consideró que los documentos, más allá de poner en evidencia el comportamiento de Panamá, también muestran que hay un declive en el uso de los mecanismos de ocultamiento en paraísos fiscales por parte de empresas y de sociedades de acciones. A su juicio, es la ilustración de la "increíble transformación" desde que en 2009 la Ocde a través del Foro Global, y a petición del G-20, viene liderando la “mano dura” contra esas prácticas. Se estima que en el mundo operan más de 70 paraísos fiscales, entre los que se cuentan Bahamas, Luxemburgo, Islas Vírgenes y Seychelles.

En 2013, el primer ministro británico, David Cameron, urgió a los territorios de su país en el extranjero -incluyendo Islas Vírgenes Británicas- unir esfuerzos y así "poner la casa en orden", e incorporarse a la lucha contra la evasión de impuestos y el secreto offshore. Sin embargo, la información obtenida por Süddeutsche Zeitung y compartida con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) muestra que su propia familia podría haber tomado ventaja de este sistema. Ian Cameron, multimillonario corredor de bolsa y difunto padre del premier, fue cliente de Mossack Fonseca, y habría utilizado a la firma para ocultar su fondo de inversión y evadir el pago impuestos en su país.

Según Global Financial Integrity, la opacidad en el sistema financiero global, gracias al secreto de los paraísos fiscales, las compañías anónimas, el lavado de dinero basado en el comercio, drenan al menos US$ 1,1 billón por año a las economías en desarrollo y emergentes, más de lo que estos países reciben por concepto de inversión extranjera directa o ayuda externa combinada.

Servicio ‘offshore’ y la empresa criminal conjunta

El abogado Rodrigo Noriega en un artículo publicado en la prensa panameña nos habla sobre el "modelo Panamá" y el caso de las sociedades offshore.

Panamá tiene un régimen tributario de naturaleza territorial. Esto quiere decir que las personas naturales o jurídicas no pagan impuestos por los ingresos provenientes de sus actividades internacionales. Desde principios del siglo pasado, el país intentó aprovechar la territorialidad fiscal para promover el abanderamiento de naves y la creación de sociedades anónimas como una forma de atraer capitales.

En Suiza, con la Ley de Secreto Bancario de 1934, se garantizó la reserva de la identidad y la protección de activos de aquellas personas que eran perseguidas políticas por las dictaduras europeas. Esto demuestra la existencia de razones legítimas para los vehículos offshore. La principal es la protección de activos por razones políticas, por la identidad de sus dueños o, incluso, como una estrategia empresarial para limitar la responsabilidad civil frente a jurisdicciones que usan criterios exorbitantes de responsabilidad contractual y extracontractual. Además, las sociedades anónimas y otros vehículos similares, como los fideicomisos y las fundaciones de interés privado, permiten la innovación empresarial, ya que facilitan la formación de negocios internacionales en situaciones de alto riesgo o constante cambio.

La protección de activos y de identidades también tiene un elemento de afectación de la carga tributaria. No es lo mismo una corporación irlandesa que una sueca. La mayoría de los países miembro de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) tiene un sistema tributario de carácter universal, es decir, que se paga impuestos por los ingresos nacionales e internacionales que tenga una empresa.

En el ámbito del derecho penal internacional, es donde los productos offshore presentan su mayor problemática. Si de forma sistemática estos productos son utilizados para la comisión de delitos transnacionales o para ocultar los bienes o caudales resultantes de otras actividades ilegales, se establece un nuevo criterio de responsabilidad. A esa nueva categoría de responsabilidad colectiva se le denomina como la Empresa Criminal Conjunta (ECC). Desde 1999, los distintos tribunales penales internacionales han establecido por vía jurisprudencial que si las partes de una conducta conocían que el resultado probable de su actividad facilitaba la comisión de un delito, su encubrimiento o el aprovechamiento del producto de ese delito, se estaba presente ante una ECC.

Otros autores de corte anglosajón complementan la teoría de la ECC con el concepto de "ignorancia conveniente", que es cuando una parte activa o beneficiaria de una conducta prefiere desconocer si la actividad de la que forma parte o se beneficia es ilegal, a pesar de que razonablemente exista una alta probabilidad de que así lo sea.

Las sociedades anónimas panameñas son parte de la economía global y, como tales, tendrán que establecer los mecanismos para evitar que sean utilizadas para fines ilícitos. El que un jugador de fútbol disminuya sus impuestos no es una amenaza a la humanidad, como sí lo es que el presidente o jefe de Estado de un país con armas nucleares acepte coimas y esconda fondos públicos robados descaradamente.

(Publicado por La Tercera - Chile y La Prensa - Panamá, 5 abril 2016)
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