Perú: TC dice que no actúa en función de lo que le gusta a Ollanta Humala

El Tribunal Constitucional de Perú se mostró el miércoles en desacuerdo con el pedido del presidente Ollanta Humala para postergar una resolución sobre el pago de una multimillonaria deuda por bonos emitidos hace cuatro décadas como parte de una reforma agraria, en un nuevo choque entre poderes del Estado.

El presidente de la máxima instancia judicial peruana, Oscar Urviola, dijo que sus decisiones son autónomas y que la resolución buscará honrar una vieja deuda con un mecanismo que no perjudique las cuentas nacionales y que refuerce la confianza de los inversionistas.

Cálculos conservadores apuntan a una deuda en bonos entre 1.000 millones y 3.000 millones de dólares. Otros arrojan una cifra mayor, de entre 4.600 millones y 8.000 millones de dólares, o alrededor del 4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), en papeles que están en manos de acreedores locales y extranjeros.

"Debemos expresar nuestra disconformidad en la opinión que él (presidente Humala) ha vertido respecto a que el Tribunal Constitucional debe evitar pronunciarse sobre determinadas causas que considera sensibles", dijo Urviola en una conferencia de prensa convocada para el tema.

"Nosotros no actuamos en función a lo que le pueda gustar o no al señor presidente sino en función a lo que es nuestra responsabilidad", agregó el magistrado.

El mandatario Humala pidió el martes a los magistrados de la corte, en una entrevista con la radioemisora local RPP, que se abstengan de emitir fallos que se consideran "sensibles", como el de los bonos agrarios, porque la mayoría de los miembros están a punto de ser renovados.

Los llamados "bonos agrarios" fueron emitidos como compensación en la década de 1970 dentro de un programa de redistribución de tierras iniciado por el Gobierno izquierdista el general Juan Velasco, quien trató de tomar las haciendas de los ricos y entregarlas a los campesinos.

El Tribunal Constitucional ordenó al Ejecutivo pagar los bonos en una sentencia en el 2001. Pero desde entonces una serie de presidentes lo han postergado, preocupados por la falta de dinero para cancelarlos.

"Lo único que está pendiente de resolución, no de sentencia, es un pedido de ejecución de esa sentencia dictada hace 12 años por el Tribunal Constitucional", dijo Urviola.

Según el magistrado, la resolución no se ha dado hasta el momento debido a que "lamentablemente no hay consenso dentro del tribunal (...) para que se pueda producir una resolución".

Choque de poderes

Tras los dichos de Urviola, el ministro de Justicia Daniel Figallo criticó a la corte supuestamente por no haber comunicado formalmente al Gobierno sobre la solicitud de ejecución de la anterior sentencia, que dispuso el pago de los bonos.

"Se está haciendo un llamado a la reflexión, a la prudencia, al analizarlo profundamente y escuchando a todos, al Parlamento y al ministerio de Economía y Finanzas", afirmó Figallo.

Sin embargo Urviola rechazó los comentarios del ministro de Justicia y lo acusó de "desinformar" a la opinión pública con declaraciones "alejadas de la realidad".

"Todavía no hay resolución, está en discusión, en debate, de tal manera que no tiene por qué preocuparse, lo haremos con absoluta responsabilidad", precisó.

A la polémica se sumó el Congreso, que solicitó a la corte la improcedencia de una acción de ejecución de sentencia en el caso, mientras el presidente del Legislativo, Víctor Isla, dijo que Urviola debe inhibirse a dictaminar el fallo debido a que el magistrado trabajó en el Banco de Crédito, que a su vez es uno de los acreedores de los bonos agrarios.

"Se está mancillando mi honor (...) y le advierto al presidente del Congreso que se haga asesorar de mejor forma porque el Congreso no puede acudir a armas de este tipo para anular la intervención del Tribunal", afirmó Urviola.

"Que se avoquen al nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional que vengan a reemplazar a los que ya tienen el período vencido", agregó.

Negociado

Pero lo que plantea Reynaldo Trinidad, experto en temas del agro y director de Agronoticias, es que el Estado sí pague, pero únicamente a los propietarios originales o a sus herederos. A nadie más.

Refiere que cuando ocurrió la expropiación, el Estado se comprometió en pagar las indemnizaciones derivadas de las confiscaciones en un plazo de 30 años, y con el transcurrir del tiempo, al no saber qué hacer, algunos remataron sus bonos. Pero es allí cuando el Estado asume el pago íntegro de la deuda, y que aparecen los especuladores y estos pagaron como máximo el 20% del valor de los bonos. "Hubo una colusión de especuladores extranjeros y nacionales, con funcionarios del Ministerio de Economía de diferentes gobiernos. Por eso hoy el grueso de los bonos está en manos de los especuladores que compraron a precios viles y hoy quieren cobrar con moras, intereses y penalidades", asegura Trinidad y reitera que un trato "inteligente y justo" es que el Estado convoque a los ex hacendados o a sus herederos.

De no ser así, los grandes beneficiarios –dijo– serán los tres grupos de especuladores (tres grandes empresas) que hoy poseen el 80% de los bonos de la Reforma Agraria.

"Todo este proceso se tiene que revisar porque hubo una manipulación hecha contra los tenedores y eso se puede demostrar revisando los contratos que se suscribieron a fin de establecer cuánto costaban los bonos, cuánto se pagó y que en realidad se pagó apenas el 10 o 20 % del valor", señala.

Solo así, dice, se evitaría que la Caja Fiscal resulte afectada con semejante pago.

Improcedencia

Tal vez para evitar que ocurra lo contrario, el Congreso de la República solicitó al TC, a través de un escrito, la improcedencia del pedido del Colegio de Ingenieros del Perú, "cuya intención –señalan– es que se modifique la sentencia emitida en el 2001, con la finalidad de que se determine un método para la actualización y pago de la deuda". Asimismo, demanda la inhibición por causal de decoro de aquellos magistrados que se hayan desempeñado como funcionarios o apoderados de alguna entidad financiera tenedora de bonos de la reforma agraria.

Según señalaron en un comunicado, les resulta preocupante que la máxima instancia constitucional, pese al tiempo transcurrido, no haya corrido traslado de la indicada solicitud al Parlamento, a pesar de ser parte en el proceso, "por lo que se está vulnerando principios elementales a la defensa y debido proceso consagrados en nuestro ordenamiento jurídico".

Por ello, exhortaron a los miembros del TC a mantener el respeto irrestricto a los principios y normas consagradas en la Constitución y demás disposiciones legales.

Pero quien también salió y dijo que la sentencia del TC sí se ha cumplido fue el ministro de Justicia, Daniel Figallo, y mencionó lo dicho por Noblecilla, en el sentido de que algunos tenedores habían acudido al Poder Judicial para cobrar sus bonos. "A través de una serie de demandas y sentencias del Poder Judicial, el Ejecutivo por orden del PJ está pagando los bonos al valor actualizado. Entonces, la sentencia del TC ya se ejecutó", aseveró.

Sin embargo, indicó que el pedido del CIP quiere que se pague en bloque o a partir de un criterio determinado sobre una valorización actualizada.

"Esta situación que presenta algún demandante al TC no la conocemos. No es conocida ni por el Congreso ni por el Ejecutivo. Nunca ha sido informada", acotó tras explicar que lo dicho por el jefe del Estado fue un llamado a la prudencia, pues todos los involucrados deben ser escuchados sobre este tema de gran trascendencia.

En cifras

10 % del valor de los bonos es lo que los especuladores pagaron en algunos casos a los tenedores de los bonos.

A 9 mil millones de dólares podría ascender el total a pagar por el gobierno a los actuales tenedores de bonos.

(Publicado por Reuters y La República - Perú, 10 julio 2013)
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