El Pleno del Senado ha aprobado la reforma del proyecto de ley del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que, entre otras medidas, crea una vicepresidencia en el Tribunal Supremo, resta poder a las asociaciones en la proposición de candidatos y limita la dedicación exclusiva de los vocales al presidente y a los otros cinco miembros de la Comisión Permanente.

El texto, al que se han presentado seis propuestas de veto del PSOE, Izquierda Unida, ERC, PNV y la Entesa, ha sido aprobado con los votos del PP y de UPN y debe aún volver al Congreso de los Diputados para su aprobación definitiva. En la votación han faltado 46 de los 266 senadores, ausentes.

Durante su tramitación en la Cámara Alta, el PP echó para atrás su propuesta de crear una vicepresidencia común del Consejo y del Tribunal Supremo y estableció que el 'número dos' del alto tribunal fuera ocupado por cualquier magistrado de este órgano con al menos tres años de antigüedad que auxiliará a su presidencia y facilitará "el mejor y más correcto funcionamiento de aquel en su quehacer diario".

La oposición ha sido unánime en su crítica de que el articulado, al que se han presentado 332 enmiendas, "reduce" la independencia del órgano de gobierno de los jueces, "subordina y supedita" el Poder Judicial al Poder Ejecutivo y "atenta" contra el "núcleo" de la democracia y la separación de poderes en un momento en el que la obra de Montesquieu, precursor de este principio, cumple 265 años.

Desde el PP, el portavoz de Justicia Manuel Altava ha asegurado que la voluntad de los 'populares' es "dejar libertad autónoma" al Consejo para que gobierne a un colectivo formado por cerca de 5.000 togados y ha defendido que la norma conforma una institución "más plural, transparente, operativa y con menor coste económico".

A partir de su entrada en vigor, el Consejo del Poder Judicial funcionará con una mayoría de vocales que compatibilizará su cargo con su función jurisdiccional o su profesión, su actividad internacional estará coordinada con el Ministerio de Exteriores tras el 'caso Dívar', y funcionará únicamente con las Comisiones Permanente, de Asuntos Económicos y de Igualdad.

De este modo, se suprime la Comisión de Calificación cuyas funciones de preparación de los nombramientos discrecionales por el Pleno corresponderán a la Permanente. Para evitar bloqueos en la renovación, bastará la sola presencia de los vocales designados por una Cámara para que el nuevo Consejo pueda constituirse con los miembros designados en su momento por la Cámara que incumple el mandato.

"Solo si ambas Cámaras no proceden a designar a los vocales que les corresponde, el Consejo continuará actuando en funciones hasta el momento en el que una de ellas cumpla con el mandato legal", reza el cuerpo normativo.

En la elección de los 12 consejeros del turno judicial, las Cámaras "tomarán en consideración" el número existente en la Carrera Judicial de jueces no afiliados y de afiliados. Como mínimo, deberá haber tres magistrados del Supremo, otros tres con más de 25 años de antigüedad en la Carrera y seis jueces sin sujeción de antigüedad.

Entre otros cambios, cualquier juez podrá presentar su candidatura con 25 avales o el aval de una asociación y se elimina el límite de 36 candidatos entre la terna para su estudio por las Cortes. Contra el deseo de la oposición, el presidente del CGPJ solo tendrá el deber de comparecer ante el Parlamento por razón de sus funciones para presentar la Memoria anual de los tribunales.

"Golpe" a la independencia judicial

Durante el debate, los socialistas Antonio Julián Rodríguez y Arcadio Díaz-Tejera han tildado de "involución" esta reforma "ultraconservadora" que supone un "golpe" a la independencia judicial por parte del ministro Gallardón y del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. "Es indecente", han zanjado.

Han advertido de que esta "imposición" se produce en un momento en el que el partido del Gobierno no deja de "entrar y salir" de los juzgados y en el que los propios jueces declaran "injustos" sus recortes. "Lo primero que hará el PSOE cuando vuelva al Gobierno será cambiar esta regulación", han agregado.

La senadora de ERC Ester Capella i Farré ha calificado la propuesta del Gobierno como un "atentado a la estructura democrática y al sistema de pesos y contrapesos entre poderes del Estado". Ha advertido de que un abogado que sea a la vez vocal del CGPJ puede "condicionar" al juez sin necesidad de "ostentar" esta condición y ha lamentado la oportunidad perdida de no crear Consejos de Justicia autonómicos.

El senador de IU Jesús Iglesias se ha mostrado sorprendido por que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, se enorgullezca del "mérito" de contar con la confrontación de todos los profesionales del Derecho. "Nuestro veto parte de algo consustancial al sistema democrático, de esa división de poderes que arranca en su formulación del Espíritu de las Leyes de Montesquieu cuando se cumplen 265 años de la publicación de su obra", ha dicho.

Desde la Entesa, Joan Saura i Laporta ha coincidido en que el Poder Judicial dejará de ser independiente para estar "controlado" por las decisiones del Ejecutivo en un "momento de procesos judiciales importantes y cuando la sociedad reclama más transparencia y no mayor opacidad".

La parlamentaria de CiU Eva Parera ha justificado el apoyo de su grupo a los vetos propuestos por ser "un mal proyecto de ley que hace un flaco favor a la Justicia y al mismo Gobierno". Ha reprochado la falta de diálogo del PP que les ha tratado como "meros espectadores".

El senador del PNV Jokin Bildarratz ha avisado también de que "seis vocales con dedicación exclusiva son más fáciles de manejar" que los 20 actuales y ha hecho hincapié en que la igualdad entre hombres y mujeres sea una exigencia "efectiva" del nuevo Consejo.

Por último, la parlamentaria de UPN Amelia Salanueva ha basado su oposición a las propuestas de veto en su convicción de que el órgano de gobierno del Poder Judicial será más eficaz, abierto en su funcionamiento y su independencia está garantizada.

(Publicado por Dpto Prensa - CGSPJ - EFE, 20 junio 2013)
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