Panamá: Peligroso proyecto de ley

El proyecto de ley que se discute en las sesiones extraordinarias en la Asamblea Nacional, que propone restringir los servicios marítimos auxiliares a empresas que tengan un mínimo de 75% de acciones en manos de panameños, fue duramente cuestionado por funcionarios del Ministerio de Comercio e Industrias (Mici).

El equipo técnico del Mici se suma a las inquietudes que desde hace una semana vienen expresando empresarios, abogados y trabajadores del sector marítimo panameño, que están en alerta ante la intención del Gobierno de modificar el Decreto Ley 8, de 26 de febrero de 1998, que reglamenta el trabajo en el mar y las vías navegables.

De aprobarse el proyecto de ley que presentó el diputado del opositor Partido Revolucionario Democrático Yassir Purcait, y que fue acogido por el Gobierno, se aumentan las barreras de entrada a nuevos competidores y se restringe por completo la participación de empresas extranjeras con experiencia en el negocio.

También se violarían convenios de promoción y protección de inversiones, y acuerdos comerciales firmados por Panamá.

Miembros del equipo técnico de la Oficina de Negociaciones Comerciales Internacionales del Mici, advirtieron que Panamá podría ser objeto de demandas internacionales precisamente por parte de países con los que ha firmado tratados de libre comercio, de aprobarse el proyecto.

El aviso fue hecho ayer a los diputados de la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional en el inicio del proceso de consultas al proyecto de ley.

Ivelin Herrera, de la Oficina de Negociaciones Comerciales Internacionales del Mici, acompañada de Samuel Moreno, director de Asuntos Jurídicos de Negociaciones, sustentó ante la Comisión de Comercio la posición técnica de esta oficina.

Incluso, informó que habían recibido una comunicación de la embajada de Estados Unidos de América “muy preocupados por este tema”.

Explicó que una propuesta de esta naturaleza puede no ser cónsona con los compromisos establecidos en los tratados de libre comercio.

Detalló que cuando se pactan tratados de libre comercio, en el formato en que negocia Panamá, se entiende que si no existe una medida restrictiva al sector “esa industria está abierta” y no tiene limitaciones, tal como ocurre actualmente con la actividad de servicios marítimos auxiliares.

En todo caso, se permiten cambios en las leyes siempre y cuando sea para liberalizar o hacer menos restrictiva una medida.

No obstante, “si el cambio es más restrictivo, no se le puede aplicar al socio comercial con el que se firmó un acuerdo”.

Teniendo de base la explicación de Herrera, de aprobarse el proyecto de ley, el mismo no se le podría aplicar a por lo menos 44 países con los que Panamá tiene tratados comerciales.

Herrera manifestó que el proyecto no es compatible con la visión de apertura en temas marítimos.

Para Carlos Ernesto González De La Lastra, exsecretario de la Autoridad Marítima de Panamá, detrás del proyecto hay intenciones de allegados al Gobierno de controlar la industria marítima auxiliar, que actualmente integran unas 200 empresas.

Aseguró que con esta propuesta se regresaría a una época oscura del desarrollo marítimo de Panamá, “cuando los militares estadounidenses no dejaban entrar a la Zona del Canal. “Suspendamos esta discusión, pensemos en un debate nacional, esto es demasiado serio”.

Mientras José Digerónimo, de la Cámara Marítima de Panamá, advirtió que su organización se opone a la mayoría de las normas que establece el proyecto de ley. “Estamos en contra de que se establezcan restricciones a la inversión extranjera”.

Se estaría creando una ley opuesta a la atracción de inversiones y en contra de la estabilidad jurídica.

UN SECTOR CLAVE

200

cantidad de empresas que prestan servicios marítimos auxiliares. Se incluyen desde las que despachan combustible a los barcos hasta las que brindan servicios de reparación.

14 mil

La estrategia marítima de Panamá se enfoca en captar los buques que pasan por el Canal para ofrecerles servicios y productos.

Purcait defiende a empresas locales

El diputado proponente del proyecto de ley, Yassir Purcait, dijo ayer que analiza algunas de las recomendaciones que recibió durante el proceso de discusión y análisis del documento en la Comisión de Comercio.

No obstante, el diputado nunca sugirió que se eliminara la disposición de obligar a que todas las empresas auxiliares del sector marítimo estén mayoritariamente en manos de panameños.

“Aquí no hay ningún apuro. Hay que hacer las cosas bien, y si se aprueban los cambios que se beneficie a los panameños no a las empresas multinacionales”.

Tras escuchar las diferentes posturas y las críticas por parte de los empresarios, el presidente de la Comisión de Comercio, el diputado Raúl Hernández, suspendió el periodo de consultas y no informó cuándo se reanudará la discusión de este proyecto.

En otra tribuna, el exadministrador del Canal de Panamá Alberto Alemán Zubieta reconoció lo sensitivo que puede ser una modificación de este tipo para la industria marítima.

“Debe ser un tema mucho más abierto, mucho más discutido, y no debe ser presentado de esa manera”, dijo Alemán Zubieta, refiriéndose al nulo consenso que ha tenido la propuesta presentada en la Asamblea Nacional.

“Tenemos que entender que este es un país de servicio y que no podemos regresar a prácticas como esas. Entiendo que eso se está revisando, y me alegra mucho de que se revise y analice bajo el punto de vista de Panamá como un centro de trasbordo y logística para las Américas y el mundo”, mencionó Alemán Zubieta a su salida del foro 'Invertir en Panamá', efectuado ayer en la capital del país.

(Publicado por La Prensa – Panamá, 11 junio 2013)