Uruguay: "Por año la cantidad de presos aumenta entre 600 y 700"

Entrevista al Comisionado Parlamentario Penitenciario, Alvaro Garcé

-¿A qué se debe que Uruguay tenga 10.000 personas presas, en un sistema para 7.650?

-En realidad son más, porque hay que sumar a los menores y los pacientes psiquiátricos. En total son 10.800. Creo que existen cuatro cosas que generan esto. Para empezar hay un aumento en la criminalidad. Las investigaciones realizadas coinciden en remarcar un aumento en los delitos contra la propiedad, sexuales, contra la persona y con tráfico de estupefacientes. A esto se le suma una mayor eficacia policial. En tercer lugar, incide la reincidencia, que es cercana al 60%. Y, por último, la política criminal; es decir, la manera en que se resuelven los conflictos penales. Aquí se advierte una tendencia al uso de la prisión preventiva. No me corresponde a mí calificar si es excesiva o abusiva, pero en la práctica ésta excede la finalidad cautelar que tiene la medida.

-De todos los reclusos, ¿cuántos están sin condena?

-Dos tercios. En algunos departamentos del Interior hemos constatado porcentajes mayores de más del 85%.

-¿A qué se debe esto?

-A la estructura del proceso penal, que es anticuado, obsoleto y trabado. Eso está incidiendo muy fuertemente en la cantidad de personas procesadas a la espera de la sentencia.

-¿Cree que el sistema judicial tiene en cuenta esto a la hora de enviar a alguien a la cárcel?

-A mí me gustaría que los jueces y los fiscales fueran más a menudo a las cárceles. Es necesario que los fiscales y los jueces estén al tanto de las condiciones de cómo son las condiciones de la prisión preventiva. Por lo que he hablado con los ministros de la Suprema Corte, en ellos hay un conocimiento muy preciso de la realidad penitenciaria.

-¿Cuánto aumenta cada año la población carcelaria?

-Entre 600 y 700 personas. Es la diferencia entre los que salen y los que entran. Con las obras en el Comcar, más las que se está haciendo en algunas cárceles del interior, parece vislumbrarse una solución para 2015. A su vez, el próximo gobierno va a tener el respaldo de un complejo muy grande que va a ser el de Punta de Rieles. Pero este es un análisis parcial, porque al mismo tiempo no cesa el número de nuevos presos.

-¿Quiénes reinciden más?

-En general los autores de delitos contra la propiedad (41% del total de los que reincidieron en 2012). Le siguen delitos contra las personas (26%), por tráfico de estupefacientes (12%) y los delitos sexuales (5%).

-¿Y qué edades suelen tener?

-El tramo que comprende de los 18 a los 25 años.

-¿Qué pasaría con el sistema si se llega a aprobar la baja de la edad de imputabilidad?

-Desde el punto de vista técnico me parece indispensable prever el impacto. Si se eligiera este camino habría que prever con tiempo, y muy bien, las medidas de respuesta para que esto no genere una crisis mayor. No deberíamos reproducir en la franja de los 16 a 18 años los errores que en su momento se cometieron con la de los 18 a 25. Esto sería peligroso, teniendo en cuenta el problema de la juventud y la reincidencia.

-Si la baja se aprobara, ¿el plan que se lleva adelante hasta ahora para combatir el hacinamiento sería efectivo?

-Con los niveles actuales de la población reclusa, si luego de ampliar el Comcar y llevarlo a 5.000 plazas, y de construir un complejo en Punta de Rieles con casi 3.000, siguiéramos agrandando las cárceles, si no se disminuyeran los números de reincidencia a largo plazo se estaría generando una nueva crisis. Sería necesario, si no se modifica la política criminal, construir más prisiones. El problema a la larga se agravaría, aunque por un momento, quizá, vayamos a estar mejor.

-¿Cómo es posible controlar, con un número tan grande de reclusos, los "peajes"?

-Para controlar esta práctica, que se ha convertido en algo corriente, de todos los días, es necesario cortar con la comunicación ilícita. El uso de celulares ha servido a la instrumentación de esa industria gigantesca de la extorsión. Por otro lado, si existen nuevos sistemas de control para el ingreso de drogas u otros bienes que se compran y se venden en la cárcel, la oportunidad de luego reclamar el dinero a los familiares también disminuye. A esto hay que sumarle un tercer factor, que estamos reclamando, que es la protección de denunciantes y testigos. Denunciar estos hechos implica poner en riesgo la vida.

-Semanas atrás jueces y abogados señalaban a El País la existencia de pagos de "peajes" a través de redes de cobranza...

-Por razones elementales no puedo decir las medidas que prevén las autoridades policiales para este asunto. Pero es claro que cuando hay un depósito en una red se va dejando un rastro que permite identificar a personas que cobran estos peajes. Hay gente que no trabaja desde hace años porque vive de esta industria. Llegó el momento de tomar medidas fuertes.

-¿Qué montos se manejan?

-Sabemos que hay familias que han llegado a pagar 15.000 dólares por año.

-¿Cuáles son las razones del pago de estos "peajes"?

-El peaje típico es el cobro por seudo-protección. Cuando entra alguien lo estudian y si perciben por la vestimenta o por determinadas características físicas que detrás de esa persona hay una familia con capacidad contributiva, rápidamente se lo capta y le dicen "nosotros te vamos a proteger, si querés hacer una llamada te prestamos el celular". Y ese es el mecanismo para tener luego el enlace para ejercer la presión. Esto es lo más común. Pero también existen los pagos por deudas. Las drogas que se consumen dentro de la cárcel se pagan afuera.

-Un abogado penalista nos contaba el caso de la hermana de un recluso que mantenía relaciones con otro preso para pagar sus deudas…

-Esta es una de las modalidades de pago más encubiertas, pero que todavía existe.

-¿La presencia de drogas y armas en cárceles van de la mano de la corrupción policial?

-Implica corrupción o una falla en el control. De otra manera no se explica. Sobre las armas de fuego tengo la sensación de que en algunos establecimientos, como Comcar y Libertad, la mejora del control en la entrada ha funcionado. Creo que se tomó consciencia a partir del atentado que le costó la vida a un agente en abril de 2012.

-Su informe señala que en algunos establecimientos entre 80% y 90% de los reclusos consume drogas…

-Este es un problema de seguridad y también de salud. Entonces este problema no se resuelve decretando cero gramo. Eso lo único que generaría sería una crisis colectiva de abstinencia con consecuencias imprevisibles. Hay que pensarlo desde el punto de vista del tratamiento. He sabido de la posibilidad de construir un sector de tratamiento para unas 180 personas en el Comcar. Esto es indispensable si se quiere que estas personas cuando salgan puedan reinsertarse en la sociedad.

-¿Qué drogas se consumen?

-Básicamente pasta base. No es el consumo exclusivo, pero sí el mayoritario. Durante mucho tiempo, y hasta la aparición de la pasta base en 2002, la droga que más se consumía era la marihuana. La imposición de la pasta base, que ha modificado la vida en los barrios, también ha modificado la vida carcelaria. Las cárceles hoy son más violentas que hace 10 años.

-¿Cómo es la situación en lo que respecta a la salud de los reclusos más allá de las drogas?

-Los problemas más comunes son los trastornos digestivos por mala alimentación, hipertensión, contusiones provocadas por golpes con objetos contundentes, cortes, tuberculosis y VIH. De las 15 muertes naturales que hubo el año pasado en las cárceles, nueve se debieron a estas dos últimas razones. En el caso del VIH hay unas 100 personas que están diagnosticadas y reciben su tratamiento. Con respecto a la tuberculosis, la incidencia de esta enfermedad es 33% más alta que en el resto de la población, según la Comisión Honoraria de Lucha Contra la Tuberculosis.

-¿El VIH puede considerarse un arma dentro de las cárceles?

-Lo que hemos visto son casos en que el VIH se invoca como un mecanismo de defensa.

-¿Se saben los porcentajes de abusos sexuales?

-Es difícil determinarlo. La violencia sexual ha existido toda la vida en las cárceles, pero siempre con características definidas. Violencia por desahogo o ejercida como "ley del Talión" contra violadores. Hoy por hoy la violencia sexual excede estos esquemas tradicionales y se utiliza como un mecanismo de imposición del terror. La persona que es amenazada con un posible abuso queda expuesta y quienes ejercen la presión pasan a tener control de los pocos bienes que esa persona pueda tener en la cárcel. También, en otros casos, es un mecanismo para lograr el cobro de dinero.

-En 2012 aumentó un 44% la cantidad de hombres que fueron a prisión y 77% las mujeres. ¿A qué se debe este crecimiento en la población femenina?

-Tiene que ver con las redes de tráfico de drogas. Son utilizadas como vehículo de transporte o de distribución.

-¿Cómo están las cárceles en lo que respecta a las habilitaciones de Bomberos?

-En su amplísima mayoría carecen de ésta. Con la llegada de cada invierno la preocupación crece, porque basta una chispa para generar un incendio.

-Usted ha dicho alguna vez que se ha metido del otro lado de las rejas para ver cómo vive un preso. ¿Cómo vive hoy un recluso uruguayo?

-Depende dónde le toque. Hace algunos años no tenía chance y fuera donde fuera la iba a pasar muy mal. Hoy le puede tocar una cárcel buena, una chacra o una cárcel que esté en la misma situación de antes.

-¿A qué se enfrenta un recluso cuando está en libertad y quiere reinsertarse en la sociedad?

-Hay muchos casos de presos que salen, encuentran trabajo y cuando el empleador se entera que estuvo en prisión lo echa. Aquellos que quieren reinsertarse en la vida social comúnmente cuentan con el apoyo de su familia y/o de comunidades religiosas. Y el otro punto importante es el autoempleo, y el trabajo de las chacras es en esto muy importante, porque ellos terminan muchas veces haciendo las tareas que hacían en prisión. Si no, el obtener puestos de trabajo es prácticamente imposible.

(Publicado por El País - Uruguay, 9 junio 2013)
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