Uruguay: Corte aceptará pedido de abstención de su presidente en casos relativos a DD.HH.

Con la recusación de cuatro de cinco de sus ministros y el pedido de abstención planteado por su presidente, la Suprema Corte de Justicia (SCJ), vive un momento muy particular el cual es definido como inédito por la mayoría de los operadores del sistema judicial.

A principios de abril, al referirse a los pronunciamientos de inconstitucionalidad dictados contra la ley que amplió los plazos de prescripción de los delitos de la dictadura (1973-1985) a los que su vez definió como de lesa humanidad, el presidente de la SCJ, Jorge Ruibal Pino, dijo que los jueces y fiscales pueden seguir investigando, pero en la Corporación encontrarían "una muralla".

Esa expresión motivó que cinco fiscales (Ana Tellechea, María de los Ángeles Camiño, Carlos Negro, Gilberto Rodríguez y Ariel Cancela) en 11 expedientes que investigan violaciones a los derechos humanos durante la dictadura recusaran a Ruibal Pino y a los otros cuatro ministros que votaron la declaración de inconstitucionalidad de la ley (Jorge Chediak, Jorge Larrieux y Julio César Chalar), ya que a su juicio, por los comentarios del presidente de la Corporación, existió prejuzgamiento.

Ruibal Pino hizo pública la semana pasada su decisión de rechazar la recusación por cuanto entiende que no prejuzgó, pero pidió el derecho de abstención en esos expedientes por sentirse "sospechado" por los fiscales. Los otros tres ministros de la SCJ ya analizaron las recusaciones planteadas y, según pudo saber El País, también las rechazarán.

Según el Código General del Proceso, Ruibal Pino pidió la abstención pero deberá ser la SCJ la encargada de decidir si la concede o no.

Consultado ayer por El País, Chediak se excusó de adelantar su opinión sobre el pedido de abstención de Ruibal Pino, pero indicó que por los antecedentes que existen al respecto "hay más posibilidades de que se acepte de que no".

"Las abstenciones se plantean normalmente por razones de delicadeza, que se basan en una naturaleza íntima de cada juez. Existe una larga tradición de que existiendo esas razones (que muchas veces ni siquiera se explicitan en el expediente) en gran parte de los casos se hace lugar a la abstención", explicó Chediak.

Agregó que todos los magistrados "en principio" tienen la obligación de resolver en las causas que tienen a su conocimiento, y por eso destacó que los jueces utilizan el mecanismo de la abstención "con mucha ponderación".

Antes de decidir sobre el pedido de abstención de Ruibal Pino, se debe resolver la recusación planteada contra los ministros. Para eso, se formará un tribunal especial integrado por el magistrado Ricardo Pérez Manrique (único miembro de la SCJ que no fue recusado) y otros dos ministros de tribunales de apelaciones.

Chediak dijo que puede existir "la duda" de si el pedido de abstención lo debe resolver la Corporación con su integración original o la que resulte una vez que el tribunal especial se pronuncie.

Larrieux, por su parte, dijo a El País que la abstención de Ruibal Pino "opera en un segundo momento" ya que primero se deben resolver las recusaciones y luego recién "se verá quién decide sobre la abstención" de su colega.

Informe

Por otra parte, el senador nacionalista y expresidente Luis Alberto Lacalle, cursó un pedido de informes a los ministros de Educación, Ricardo Ehrlich y de Relaciones Exteriores, Luis Almagro, por la visita que realizaron a mediados de mayo a la SCJ.

Lacalle dijo a El País que su intención es que los secretarios de Estado informen "concretamente" qué le plantearon a los miembros del máximo órgano del Poder Judicial y si esa gestión la hicieron por orden del presidente José Mujica.

Dijo que el relacionamiento con el Poder Judicial, de parte del Poder Ejecutivo, debe quedar en manos del presidente o del vicepresidente, por lo que "dos ministros no son interlocutores válidos salvo que el presidente los haya mandado".

El lunes, tanto desde el Partido Nacional como desde el Partido Colorado, se alertó sobre las "presiones" políticas hacia el Poder Judicial.

Desde el gobierno se indicó que la visita a los ministros de la SCJ fue para transmitirles la preocupación internacional por sus fallos en los casos de derechos humanos.

Fiscales sin razón

El presidente del Partido Independiente, Pablo Mieres, dijo a El País que los fiscales que recusaron a los cuatro ministros de la Suprema Corte lo hicieron "sin fundamento alguno", y criticó que esa medida, sumada a los cuestionamientos lanzados desde el gobierno y organismos internacionales hacia la Corporación, representan un paquete de acciones que buscan ejercer una presión sobre la Justicia".

(Publicado por El País – Uruguay, 5 junio 2013)
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