Uruguay: Justicia investiga estafa de grupo de "ahorristas" del ex Comercial

El expediente judicial cuenta con más de 80 testimonios recabados en Argentina mediante exhorto judicial y refiere a unos US$ 115 millones que los bancos denunciantes consideran corresponden a créditos artificiales creados por personas que se presentaron ante la Justicia como damnificados de la liquidada Compañía General de Negocios (CGN).

El trámite del expediente comenzó en 2005 y fue engorroso, ya que la mayor parte debió realizarse mediante exhortos a Argentina, donde jueces de ese país reunieron información y testimonios que les fueron solicitados por el Juzgado Penal de 8° Turno. A pedido de la fiscalía, el expediente fue archivado en 2012, pero fue reabierto en 2013 y mañana viernes hay prevista una audiencia.

Fuentes del caso dijeron a El País que en 2005 los representantes legales de los bancos Chemical Overseas Holdings, Credit Suisse y Dresdner Lateinamerika se convencieron que más de US$ 100 millones que se reclamaban eran créditos artificiales que de manera irregular se intentaban cobrar.

Dichos bancos presentaron una denuncia penal por fraude procesal contra los dueños de esos créditos, más de 100 personas que residen en Argentina.

"Las personas denunciadas aprovecharon la incertidumbre derivada de reclamos contra entidades off shore, con absolutas carencias contables, y controladas exclusivamente por la organización criminal liderada por Carlos Rohm, para fraguar créditos inexistentes por más de US$ 113 millones", expresa la denuncia original, posteriormente ampliada.

Unos 80 de los denunciados fueron interrogadas en Argentina; la mayoría optó por no responder pero algunos reconocieron que los créditos son falsos, dijeron las fuentes.

Según los denunciantes, la mayor parte del fraude consiste en el intento de cobrar nuevamente y mediante una engañosa presentación de la prueba, siete de un total de ocho cuotas de amortización de capital de una serie de bonos que ya habían sido pagadas por el Estado argentino y que cotizaban con un importante descuento debido a que ese país los había pesificado y se había declarado en cesación de pagos.

Varios de los denunciados siguen con causas judiciales en curso en sedes de Concursos reclamando el cobro de dinero que los denunciantes consideran no corresponde

Fallecida. Previo a presentar esta denuncia penal, los representantes de los bancos intentaron confirmar la información que tenían respecto a cuentas artificiales.

Uno de los casos que más les impresionó fue el de una mujer que vivía en Chile y que presentó una demanda por US$ 24 millones. Según las investigaciones que hicieron, esta persona era una anciana que no cobraba jubilación, que vivió modestamente sus últimos días del dinero que le enviaba una hija desde el exterior, y que ya había fallecido cuando se presentó la demanda.

La estafa procesal se considera generalmente una modalidad del delito de estafa, con la característica que se pretende inducir a error a un magistrado en un proceso judicial.

"El que con estratagemas o engaños artificiosos, indujere en error a alguna persona, para procurarse a sí mismo o a un tercero, un provecho injusto, en daño de otro, será castigado con seis meses de prisión a cuatro años de penitenciaría", expresa el delito de estafa.

Los denunciantes indicaron que la maniobra tiene el objetivo de enriquecimiento ilegítimo no solo en perjuicio de los bancos sino también de los derechos en la liquidación de cientos de acreedores legítimos de CGN, que cobrarían menos dinero.

Embargo. Muchos de los denunciados por cuentas artificiales están entre los afectados por la quiebra del ex Banco Comercial y la CGN que 2003 consiguieron un embargo preventivo sobre los derechos emergentes del acuerdo de capitalización del ex Banco Comercial S.A. hasta cubrir la suma de US$ 115 millones.

Dicho embargo fue levantado en 2011 por un tribunal de apelaciones civil, el que sostuvo que existió fraude procesal colectivo de parte de algunos acreedores de la CGN para obtener el embargo, el que consistió en abultar créditos o reclamar créditos inexistentes.

El levantamiento del embargo de los fondos que el Estado uruguayo debía pagar a los exaccionistas del ex Banco Comercial -Chemical Overseas Holdings Inc., Credit Suisse y Dresdner Lateinamerika-, habilitó que se concretara dicho pago.

Como parte del acuerdo entre el Estado y los tres bancos extranjeros, se creó un fondo para pagar las transacciones de los juicios iniciados en Uruguay por acreedores privados luego de la liquidación del Banco Comercial y de otras instituciones.

Los pagos a los acreedores reclamantes de Banco Comercial que firmaron acuerdos transaccionales alcanzó a casi el 100% del total.

El fondo también está disponible para efectuar pagos a acreedores reclamantes de la Compañía General de Negocios (Uruguay SAIFE), Compañía General de Negocios SA y San Luis Financial and Investment Co. Ltd. Inc., "que cumplan las condiciones, acepten la oferta de acuerdo respectiva y firmen un acuerdo transaccional", señaló un comunicado conjunto que emitieron el Estado y los tres bancos extranjeros en agosto de 2012.

Sin embargo no hubo mucho avance en este punto, dijeron las fuentes.

Las cifras

115

millones de dólares es el monto de dinero que los denunciantes sostienen son en realidad créditos artificiales

24

millones de dólares reclamaba una anciana humilde que vivía en Chile. Cuando se presentó la demanda ya había fallecido.

(Publicado por El País - Uruguay, 23 mayo 2013)
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