Guatemala: Ministerio Público pide 75 años contra militares retirados

El Ministerio Público solicitó este jueves ante el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo una pena de 75 años de prisión a los militares retirados José Mauricio Rodríguez Sánchez y José Efraín Ríos Montt, procesados por delitos de genocidio contra el pueblo ixil durante el conflicto armado interno.

La Fiscalía también pidió que se inhabilite el ejercicio de los derechos políticos y que se revoque el arresto domiciliario de Ríos Montt y se confirme el arresto preventivo contra Rodríguez Sánchez por existir peligro de fuga.

Los militares retirados fueron acusados por la Fiscalía de ser los responsables intelectuales de la muerte de 1 mil 771 indígenas ixiles en varias matanzas perpetradas a comienzos de la década de 1980 por el Ejército en el departamento noroccidental de Quiché.

La solicitud del MP fue al término de las conclusiones vertidas esta tarde ante el Tribunal, que continuó hoy el juicio y en medio de una maraña de recursos legales y resoluciones de cortes judiciales.

Según la fiscalía, Ríos Montt ejecutó acciones de continuidad a la política contrainsurgente; ordenó, autorizó e implementó planes de campaña y operativos militares, dotó de recursos necesarios para que operaciones militares se desarrollaran, dio charlas motivadoras exigiendo resultados de los planes de campaña, ejerció control y supervisó acciones que se ejecutaron en el área Ixil, con el propósito la destrucción del grupo étnico.

A Rodríguez Sánchez se le acusó de dar continuidad de las acciones de la política contrainsurgente, elaborar conexos de Inteligencia militar, dotar de información y dar recomendaciones relacionadas con el enemigo interno, que incluyó población civil, controló y supervisó órdenes dadas por el jefe del Estado Mayor -Héctor Mario López Fuentes, también procesado pero ahora su caso está suspendido por enfermedad-, acciones que tenían el propósito de destruir al grupo étnico maya ixil.

El Ministerio Público señaló que durante el Gobierno de Ríos Montt (1982-1983) se mantuvo estado de Sitio por nueve meses, lo cual limitaba las garantías individuales y dio facultades al Ejército para actuar en franca violación a los derechos humanos.

Testimonios

Durante este proceso declararon 98 testigos ixiles, no obstante, cuatro de los testimonios no se tomaron en cuenta. 83 testigos hicieron referencia a que el Ejército quemó sus casas, 54 declararon sobre robo y muerte de animales o bien que el Ejército se comía los animales, 94 indicaron que por lo menos un familiar murió en manos del Ejército, 16 testigos dijeron ser víctimas de violencia contra las mujeres, ocho indicaron que fueron obligados a formar parte de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC, a las que el Gobierno adeuda una indemnización), siete declararon que fueron víctimas de torturas, 75 dijeron que fueron desplazados y 53 denunciaron persecución.

Decesos

La Fiscalía presentó 606 certificaciones de muerte correspondientes al período de mando de los militares, dos de ellas no especifican la causa de muerte, 143 indican en la causa que fue por asesinato en el conflicto armado interno, 5 por acción militar en el conflicto armado, un ahorcado, 360 conflicto armado interno, 85 por desaparición en el conflicto armado interno, 2 por ejecución en el conflicto armado interno, cinco por falta de alimentación, cinco por arma de fuego, uno por muerte presunta, nueve por secuestro, dos por secuestro y/o asesinato en el conflicto armado interno, uno debido a estallido de un proyectil, uno por tiempo de la violencia.

Este jueves continuará el debate con las conclusiones de la defensa de los militares, previo a la sentencia, que podría ser el viernes.

Abogados se reintegraron a juicio

El abogado César Calderón retomó la defensa del militar retirado José Mauricio Rodríguez Sánchez, quien junto al ex jefe de Estado Efraín Ríos Montt.

El pasado 18 de abril los defensores Calderón, Francisco Palomo, Moisés Galindo, Marco Antonio Cornejo, Danilo Rodríguez y Luis Rosales abandonaron la sala, luego de reclamar que el juicio era "ilegal", pese a que la jueza Jazmín Barrios pidió a la seguridad del Organismo Judicial (OJ), que los hiciera retornar y el intento de Ríos Montt por ir a buscarlos.

El pasado martes se suspendió la audiencia, ya que el abogado de Ríos Montt, Francisco García Gudiel, se declaró enfermo.

Este miércoles García Gudiel indicó que se debía suspender el desarrollo del debate y aseguró: "Yo estoy en esta sala, sigo sangrando, pero vine porque existe una grave amenaza de declararme en rebeldía".

El Ministerio Público presentó un video grabado el martes por el sistema de seguridad de la Fiscalía en la cual aparece García Gudiel; el fiscal Orlando López explicó que el abogado mintió al decir que estaba enfermo.

El Tribunal de Mayor Riesgo rechazó la recusación planteada por defensa de Ríos Montt y ordenó continuar con debate por genocidio, lo cual generó que García Gudiel tachara a los jueces de cometer delitos.

“Ustedes no son superiores a la ley. No voy a descansar hasta verlos tras las rejas", dijo el defensor.

Ante las recusaciones, el tribunal respondió: “No aceptamos amenazas de ningún tipo porque creemos firmemente en la independencia judicial”.

A las 12.20 horas el abogado Palomo se reintegró oficialmente a la defensa de los militares.

*Con información de Jerson Ramos y Byron Vásquez

CC ordena emitir nueva resolución en caso Ríos Montt

Paralelo al caso por genocidio, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvieron esta tarde que Carol Patricia Flores Polanco, jueza primera A de Mayor Riesgo, debe emitir una nueva resolución para que modifique su fallo en la cual anuló el juicio contra José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez.

Los magistrados titulares le otorgaron un amparo provisional al Ministerio Público, después que la juzgadora rechazara el recurso de reposición que ella denegó en la cual se oponían a que el juicio quedara anulado.

El fondo de la resolución busca que Flores Polanco modifique su resolución, que regresaba el proceso al 23 de noviembre del 2011, cuando los militares retirados no estaban sindicados de genocidio y deberes contra la humanidad, por el caso de la muerte de 1 mil 771 indígenas en el área ixil en 1982.

Con este amparo provisional la juzgadora tiene la facultad de decidir en qué fase debe retomarse el proceso judicial, contra los militares retirados.

Esa resolución puede modificar el avance del juicio por genocidio, que hoy llegó a la etapa de conclusiones en las que la Fiscalía pidió 75 años de prisión contra los militares procesados

(Publicado por Prensa Libre – Guatemala, 9 mayo 2013)