Perú: Un fiscal solo dispondrá de 120 días para decidir si investiga a un corrupto

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que preside el juez supremo Javier Villa Stein, definió que los fiscales dispondrán de un plazo máximo de 120 días para realizar las diligencias preliminares en cualquier caso de corrupción o de otro delito grave.

Además, la resolución establece que transcurridos 20 días de diligencias preliminares, el investigado podrá solicitar un control judicial del trámite y el fiscal deberá sustentar la necesidad de mayores diligencias, que no podrán superar los 120 días.

La fiscalía reclama un mayor tiempo para esta etapa primaria de la indagatoria de un crimen, en especial de los casos de corrupción, lavado de activos o tráfico ilícito de drogas, dado lo complejo que puede ser obtener los indicios más simples.

Sin embargo, la Corte Suprema sostiene que un plazo mayor es innecesario. Al concluir los 120 días, el fiscal deberá archivar el caso o iniciar una investigación preparatoria, ante el Poder Judicial.

La Corte Suprema argumenta que la etapa de diligencia preliminar no debe durar más tiempo, primero, porque solo tiene como objetivo realizar actos urgentes para determinar si los hechos denunciados son reales y si, además, configuran uno o varios ilícitos penales; en segundo lugar, asegurar la escena del crimen, la evidencia sensible y evitar, en lo posible, mayores consecuencias del delito; y por último, individualizar al presunto imputado y al agraviado.

El tribunal supremo subraya que cualquier otra diligencia excede la etapa preparatoria y se debe realizar en la "investigación preparatoria", cuyo plazo máximo es de hasta 18 meses.

La decisión de la Corte afectará el tiempo que tendrán los fiscales para investigar el caso de los "narcoindultos", el "Global-CST", o del alcalde de San Juan de Lurigancho, entre otros.

Claves

La Corte Suprema se pronunció sobre el plazo de las diligencias preliminares ante un recurso presentado por José Luis Castañeda Neyra, ex funcionario aprista y colaborador del ex premier Jorge del Castillo, investigado por presuntos delitos contra la administración pública.

(Publicado por La República – Perú, 2 mayo 2013)
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